este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de desalojo incoada por el ciudadano Juan Carlos Orduz Gutiérrez en su carácter de presidente de la sociedad mercantil EL IMPERIO DE LOS MOTORES C.A., contra el ciudadano ABDALLA FARIS CHANDA KHAWAM, todos anteriormente identificados. En consecuencia, se ordena al ciudadano ABDALLA FARIS CHANDA KHAWAM a entregar el inmueble identificado en autos objeto del contrato de arrendamiento libre de personas y bienes a la parte demandante, y asimismo se condena al pago de la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 42.444,oo).

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por el ciudadano WILMEN ENRIQUE CASTILLO TORRES contra la ciudadana MARIA DE LAS MERCEDES PORTILLO, ambos ya identificados, en consecuencia, se fija el décimo día de despacho siguiente a la notificación de la última de las partes, de la presente resolución, a las once de la mañana (11.00 a.m.), a fin de llevar a efecto el acto de nombramiento de Partidor. Líbrese boletas

Órgano Jurisdiccional el abogado MARLON ROSILLO GIL, suscribiendo acto diligenciatorio, en el cual expuso la decisión de desistir del presente procedimiento, observando que éste se encuentra facultado para ese acto, según poder apud acta conferido en fecha tres (03) de Febrero de 2010, que corre inserto en el folio 137 del expediente, en consecuencia: Este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 ejusdem, le imparte la aprobación al desistimiento del procedimiento, en los términos y condiciones expresados, dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.