Ahora bien, de las normas anteriormente citadas, se evidencia que toda solicitud de jurisdicción voluntaria debe cumplir con las formalidades de ley establecidas en el artículo 340, a los fines de su admisibilidad, y siendo que este órgano jurisdiccional, dicto despacho saneador en fecha11 de abril de 2025, instando a realizar aclaratoria al escrito libelar, sin que el solicitante diera cumplimento a lo requerido ya que si bien es cierto, que en fecha 19 de junio de 2025, el apoderado judicial del solicitante consigno escrito aclaratorio al escrito libelar, no es menos cierto que el mismo no dio cumplimiento a lo requerido ya que omitió el capítulo de la notificación, en consecuencia, este tribunal observa que la presente solicitud, no cumple con los extremos de ley, razón por la cual se declara: INADMISIBLE en derecho la pretensión que por DIVORCIO, incoara el ciudadano GUZMAN MOYA JOSE ASUNCION supra identificado.

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por Alfredo Daniel Izquiel Casares, actuando como apoderado judicial del ciudadano Félix Enrique Carrasquel Pérez, contra la decisión dictada en fecha 21 de mayo de 2025, por el TRIBUNAL UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró INADMISIBLE la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por el ciudadano FELIX ENRIQUE CARRASQUEL PEREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.013.336, contra la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA OBELISCO C.A., representada por su Presidente ciudadano ALESSANDRO CESTARI, titular de la cédula de identidad No. E-81.244.090 y la ciudadana YELITZE CORTEZ, titular de la cédula de identidad No. V-6.341.633, en su carácter de apoderada judicial, conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUN.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INCOMPETENTE por la materia para conocer de la presente solicitud de jurisdicción voluntaria de justificativo de testigos, interpuesta por la ciudadana IRMA RAMONA YANTIL PEREZ. SEGUNDO: Se ordena la remisión del presente asunto una vez fenecido el lapso a que hace referencia el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TRIBUNALES DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTORES DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los fines de que el Tribunal que resulte sorteado conozca del presente asunto.

´´RIMERO: declararse INCOMPETENTE DE MANERA SOBREVENIDA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA para seguir conociendo de la presente causa, y, en consecuencia, DECLINA su competencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Código Adjetivo Civil. SEGUNDO: Se ORDENA LA REMISIÓN con oficio del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales pertinentes.´´

Por los argumentos anteriormente expuestos, este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: NIEGA la Medida Cautelar de Prohibición de salida del pais solicitada por la parte actora y su representación judicial. Así se decide. Cúmplase y déjese copia de la presente decisión. Años 215° y 166°.- El Juez Abg. Mario Montalvan La Secretaria Abg. Carmen Cordero

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, declara: Primero: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de marzo de 2025, por la abogada EVELIN GAMERO HOUTHON, quien actúa en su propio nombre y representación, y en representación de las codemandantes ciudadanas ZULEIMA DEL VALLE GAMERO HOUTHON y GICEL ELIZABETH HOUTHON DE GAMERO, contra el auto de fecha 28 de febrero de 2025, dictado por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo con sede en la ciudad de Caracas, quien de conformidad con el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, declaró terminada .....

Es por ello, que quien aquí sentencia, considera que la asamblea general de la Asociación Civil COLINAS DE URDANETA, ante los reiterados incumplimientos del actor a los acuerdos que éste asumió frente a todos los asociados, en asamblea, podía tomar medidas de orden interno, en la consecución del objeto para la cual fue creada la misma; pudiendo, entonces, aplicar las sanciones establecidas en sus estatutos a sus asociados, quienes, por su propia condición de asociados, conocen el límite y extensión, de sus actos y las consecuencias que éstos pudieren ocasionarle su inobservancia; por cuanto los estatutos sociales de dicha asociación, resultan ser ley, de orden interno, entre sus asociados, a cuya observancia están obligados; lo cual le facultaba para aplicar las sanciones establecidas en los literales "B" de los artículos 21 y 23 de sus estatutos sociales; esto es, la suspensión de sus asociados; y, en caso de incumplimiento de los acuerdos que hayan asumido, la pérdida de tal condi.....

De las normas jurídicas transcritas el legislador dejo plenamente establecido los requisitos esenciales, que facultan al Juez para decretar o negar medidas preventivas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, del estudio de las actas que conforman este expediente, no se constata prueba alguna que sea capaz de crear la convicción de la existencia del temor o el riesgo manifiesto de que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo, requisito éste contenido en la norma para que opere la figura del "periculum in mora". En cuanto a la presunción grave del derecho que se reclama, es decir, al "fumus bonis iuris", tampoco existe en autos elemento alguno que pruebe fehacientemente dicha presunción; en este sentido, al no cumplirse con los dos (2) requisitos concurrentes bajo los cuales se podría decretar la Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar de Bienes Inmuebles propiedad del Grupo de entidades de trabajo DHL, se le hace forzoso para este Juzgador decretar su.....

PRIMERO: La REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que este Tribunal dicte pronunciamiento sobre la admisibilidad o no, de la demanda. SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de los actos procesales a partir de la fecha en que se dio entrada a la presente litis en fecha 28 de febrero de 2025. TERCERO: Dada la naturaleza de la presente decisión, el Tribunal no hace expresa condenatoria en costas. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.