Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: ¿ EXTINGUIDO el presente Juicio de DIVORCIO ORDINARIO intentado por la ciudadana DORIS MARÍA CABARCAS RIPOL, en contra del ciudadano JOSÉ FRANCISCO ARAUJO SUÁREZ, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza de este fallo. ASÍ SE ESTABLECE.-

Ahora bien, con respecto a la solvencia económica alegada, este Juzgador debe señalar que tal condición ¿aunque fuera demostrada en actas-, no es óbice para darle cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma antes señalada, en consecuencia al no cumplir con los extremos establecidos en el Artículo 22 de la Ley de Ventas con Reserva de Dominio, NIEGA la medida de secuestro solicitada. Así se Decide.

En consecuencia y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene de la Letra de Cambio, antes identificada, que corre en las actas procesales, y constituye uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre los derechos que le puedan corresponder a la demandada Lida Portillo Acosta, sobre un inmueble constituido por un terreno propio y la casa de habitación construida sobre ella, ubicada en la calle 76 antes Marvez, con avenida 14 A y 15, signada con el No. 14 A-60 en jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Angel Ferrer Valbuena, por el Sur: su frente, con la calle 76, antes Marvez, por el Este: Con terreno que es o fue de Manuel Portillo, y por Oeste: Con terreno que son o fueron de Justa Loaiza, Rosa Loaiza, Maria Chiquinquirá .....

Planteada así la situación y en observancia que la transacción realizada no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, el Tribunal la encuentra conforme en los términos precedentemente explicitados, impartiendo su aprobación a dicha transacción, declarándola en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.