Ahora bien, consta de las actas procesales que en fecha diecinueve (19) de octubre de 2009, se dictó resolución homologando la transacción celebrada por las partes del proceso; luego previa solicitud de la parte actora se declaro en estado de ejecución voluntario según auto de fecha 18 de mayo de 2010, y notificada la parte demandada, ha transcurrido el lapso procesal establecido para dar cumplimiento voluntario, en consecuencia, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la resolución dictada en la presente causa en fecha diecinueve (19) de octubre de 2009.-

Por todo lo expuesto con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: • PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL, incoado por la ciudadana ANGELA ELENA MONTENEGRO DE NAVA, contra el ciudadano FRANKLIN ENRIQUE NAVA LEAL, plenamente identificados en actas. • NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en el caso de autos, el objeto del litigio, lo constituye un casa de habitación, ubicado en la primera etapa con parcelamiento Don Alfredo, de la Urbanización La Victoria, segunda etapa, entre avenidas 78 A y 78 B, calle 78B y 70, distinguida con el No. 31 del lote A, en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, considera que las condiciones fácticas del caso de autos, se ajusta a los presupuestos establecidos en las normas antes citada, por estar destinado a la vivienda, en consecuencia este Tribunal ORDENA SUSPENDER LA EJECUCIÓN FORZOSA ORDENADA EN LA CAUSA, POR UN LAPSO DE CIEN (100) DÍAS HÁBILES, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Así se decide.-