este Despacho Judicial considera IMPROCEDENTE, el escrito presentado por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, VIGGY INELLY MORENO ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro- V-11.281.283, inscrita en el IPSA con el Nro. 65.045, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, de fecha 23 de Octubre de 2013, ratificando de esta manera la competencia de este Tribunal, esto de conformidad con los artículos 196 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y ASÍ SE DECIDE.

este Despacho Judicial considera IMPROCEDENTE, el escrito presentado por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, VIGGY INELLY MORENO ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro- V-11.281.283, inscrita en el IPSA con el Nro. 65.045, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, de fecha 23 de Octubre de 2013, ratificando de esta manera la competencia de este Tribunal, esto de conformidad con los artículos 196 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y ASÍ SE DECIDE.

este Despacho Judicial considera IMPROCEDENTE, el escrito presentado por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, VIGGY INELLY MORENO ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro- V-11.281.283, inscrita en el IPSA con el Nro. 65.045, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, de fecha 23 de Octubre de 2013, ratificando de esta manera la competencia de este Tribunal, esto de conformidad con los artículos 196 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y ASÍ SE DECIDE.

este Despacho Judicial considera IMPROCEDENTE, el escrito presentado por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, VIGGY INELLY MORENO ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro- V-11.281.283, inscrita en el IPSA con el Nro. 65.045, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, de fecha 23 de Octubre de 2013, ratificando de esta manera la competencia de este Tribunal, esto de conformidad con los artículos 196 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y ASÍ SE DECIDE.

este Despacho Judicial considera IMPROCEDENTE, el escrito presentado por la apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, VIGGY INELLY MORENO ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro- V-11.281.283, inscrita en el IPSA con el Nro. 65.045, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, de fecha 23 de Octubre de 2013, ratificando de esta manera la competencia de este Tribunal, esto de conformidad con los artículos 196 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y ASÍ SE DECIDE.

DECLARA: • Consumado el Acto Procesal del Convenimiento sobre Régimen de Convivencia Familiar, de fecha 28 de Agosto de 2.013, celebrado por el ciudadano JULIO CESAR MOLERO MANZANILLA y la adolescente ESTEFANY CAROLINA VILLALOBOS LEON, en beneficio del niño JACKSON ENMANUEL MOLERO VILLALOBOS, y pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, y en consecuencia QUEDA APROBADO Y HOMOLOGADO el referido convenimiento transcrito en la parte narrativa de esta decisión. • Se ordenan expedir las copias certificadas solicitadas.

DECLARA: • Consumado el Acto Procesal del Convenimiento sobre Régimen de Convivencia Familiar, de fecha 10 de Octubre de 2.013, celebrado por los ciudadanos WILMER VICENTE FERRER RODRIGUEZ y WILMARY ANDREINA POLO BOSCAN, en beneficio de los niños WILCARI OLIVIA, WILDER VICENTE y WILMERY ANDREINA FERRER POLO, y pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, y en consecuencia QUEDA APROBADO Y HOMOLOGADO el referido convenimiento transcrito en la parte narrativa de esta decisión. • Se ordenan expedir las copias certificadas solicitadas.

DECISIÓN Por los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Se declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el Recurso de Nulidad del Acto Administrativo, interpuesto por los Profesionales del derecho MARISELA CRIOLLO y NELSON MOLERO, en sus condición de apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y SUMINISTRATOS ZULIANOS C.A., contra el Acto Administrativo dictado por el Inspector del Trabajo del Municipio Maracaibo Providencia Administrativa N° 365/11, en fecha 16 de diciembre de 2011, mediante al cual se declaro con lugar el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos, de las ciudadanas DORIS DIAZ, CARMEN SOTO y LISETTE GONZÁLEZ SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remi.....

este Tribunal considerando que lo transado por los intervinientes en la causa no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional ni ley especifica alguna, procede a impartir la aprobación que se le requiere y en consecuencia homologa la transacción, antes mencionada en los términos y condiciones expuestas, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, y se pasa en autoridad de cosa juzgada, dejándose a salvo los derechos de terceros.- Se ordena expedir por secretaría las copias certificadas solicitadas, con la inserción de la diligencia y del auto que las provee.- Así se resuelve.-

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: • SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal noveno (9°) del artículo 346 del vigente Código de Procedimiento Civil, referida a la cosa juzgada promovida por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS, parte demandada en el presente Juicio de DAÑO MORAL incoado por la ciudadana DORIS ROCANCIO SALCEDO, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- • SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, por haber sido vencida en la incidencia de cuestiones previas, de conformidad con el artículo 357 en concordancia con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.