El abogado GONZALO VELASQUEZ, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la empresa demandante de autos, expuso: Solicito al Tribunal se sirva remitir la presente comisión al Tribunal de origen. En este estado, el Tribunal vista la anterior exposición provee de conformidad con lo solicitado y ordena remitir la presente comisión al Tribunal de origen sin cumplir por solicitud de la parte actora.

El abogado GONZALO VELASQUEZ, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la empresa demandante de autos, expuso: Solicito al Tribunal se sirva remitir la presente comisión al Tribunal de origen. En este estado, el Tribunal vista la anterior exposición provee de conformidad con lo solicitado y ordena remitir la presente comisión al Tribunal de origen sin cumplir por solicitud de la parte actora.

este JUZGADO SEGUNDO ESPECIAL EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, ALMIRANTE PADILLA Y PAEZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Actuando en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara formalmente SECUESTRADO(S), el (los) bien(es) antes descrito(s), y lo(s) pone en posesión de la parte actora-secuestrataria judicial C.A. LA CASA ELECTRICA, quien por intermedio de su apoderado judicial lo(s) recibe y retira del lugar para su guarda y conservación.-

, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la resolución dictada en la presente causa, en consecuencia vista la cantidad condenada a pagar, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la parte demandada, los cuales deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de CIENTO CATORCE MIL SETESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 114.700,oo), suma prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero la misma versará hasta por la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 76.470,oo) que constituye la suma demandada más una cantidad por concepto de costos del proceso.

éste Tribunal sin que ello constituya negativa al Mandato Ejecutorio ordenado, pues de hecho se ejecutó el traslado para ello, y sin menoscabo del Derecho a la Propiedad, considera menester cumplir con la citada Resolución y Suspende el Acto Ejecutorio, y conmina a las partes a una conciliación justa dentro del marco de los Principios Constitucionales y de las directrices sociales surgidas actualmente. Por lo antes descrito éste honorable Tribunal Suspende la Ejecución in comento y envía al Tribunal de la Causa para que éste tome las consideraciones Legales de fondo que ha bien tenga por considerar como lo podría hacer una incidencia para constatar en Derecho y según los nuevos paradigmas estipulados dentro del Tribunal Supremo de Justicia la futura posible consecución de la misma. Asimismo se deja constancia de que no fue recibida la notificación en este acto a la Procuraduría General de la República.-

En consecuencia, al quinto (5°) día hábil siguiente al de hoy, este Tribunal fijará por auto expreso la oportunidad para celebrar la audiencia pública y contradictoria prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

este Tribunal Superior acuerda agregarlo a las actas que conforman el presente asunto, a los fines legales pertinentes.-

Ahora bien, con base a los mencionados documentos y dejando a salvo los derechos de terceros, conforme lo prevé el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara suficientes los derechos que tienen los ciudadanos GIOANA ELVIRA KATHERINA AREVALO PAPIRI y FRANCISCO RAFAEL TERCERO AREVALO PAPIRI, como Únicos y Universales Herederos de la causante ANA ELVIRA PAPIRI BELEÑO

se le da entrada y se tramitará conforme a lo previsto en el Art. 72 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, para resolver dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de día de hoy, exclusive.-

Por las razones y los fundamentos antes expuestos, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Declara con lugar la Aprehensión en Flagrancia de conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se Decreta el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 ejusdem. SEGUNDO: SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los ordinales 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en favor del ciudadano JAIRO SANCHEZ POLO, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y AMENAZAS previsto y sancionado en el Artículo 41 Y 42° de la Ley.....