Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad de la Ley, declara: 1. CON LUGAR, la defensa de fondo opuesta por la parte demandada sociedad mercantil HACIENDA SANTA APOLONIA C.A, constituida ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 2 de Abril de 1.975, bajo el No. 79, Tomo: 3 A, y con domicilio en la población de San Carlos del Estado Zulia, en la persona del ciudadano ORLANDO ENRIQUE GONZÁLEZ CARROZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.157.657 y domiciliado en San Carlos del Zulia, en el Municipio Colón del Estado Zulia, en su carácter de gerente y personalmente y a la ciudadana MILAGROS VIRGINIA GONZÁLEZ SAYAGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.902.037 y con domicilio.....

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ANA GICELA SANDREA LEAL y JAIRO CANDELARIO RODRIGUEZ MEDINA, el día doce (12) de abril del año mil novecientos setenta y cinco (1.975), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio Santa Bárbara, hoy Parroquia Bolívar, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 72.

Planteada así la situación y en observancia que la intención de las partes, es dar por finalizado el presente proceso a través del acuerdo celebrado, en observancia que los apoderados judiciales, actuantes en forma inicial en dicho acuerdo, tienen las facultades para realizar dicho convenio, ratificado posteriormente tal como se dejó asentado con antelación por el demandante y por cuanto el mismo, no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Articulo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa, impartiéndole la aprobación al mismo. Así se declara. Archívese el expediente.

Aplicando la norma antes transcrita al caso bajo estudio y en observancia que el proceso se encuentra en estadio procesal de citación, no es necesario el consentimiento de la contraparte para efectuar el referido desistimiento, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando conforme el mismo, este Tribunal, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara. Asimismo, conforme lo solicitado se ordena devolver los instrumentos originales consignados al expediente, previa su certificación en actas. Archívese el expediente.

Aplicando la norma al caso bajo estudio y ante la renuncia de la demandante para continuar el juicio y en observancia que el desistimiento no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, lo encuentra conforme y por disposición del Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara. Archívese el expediente.

De igual manera, debe este juzgador aclarar que la presente resolución no constituye una revocatoria de la decisión dictada por este Juzgado en fecha, 11 de Agosto de 2008, la cual quedó definitivamente firme, contrariamente, constituye parte de la facultad revisoria que tiene el Juzgado en este tipo de juicios, en virtud, de no causar los mismos cosa juzgada material, por lo que evidenciándose que han cambiado las circunstancias fácticas planteadas para el momento de la instauración de la demanda, y del pronunciamiento de la sentencia de fondo en esta causa, en virtud que media una sentencia de divorcio ejecutoriada en fecha 19 de Septiembre de 2008, que consecuencialmente acarrea la extinción del vínculo que dio origen a la obligación de prestación de alimentos, como fue el matrimonio, es por lo que se declara la EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Así se decide.

En relación a la suspensión de las medidas cautelares, de la revisión efectuada a las actas procesales, especialmente al cuaderno de medidas, se observa que en fecha veintidós (22) de octubre del año en curso, este Tribunal decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por apartamento signado con el N° 8-02 del Bloque 2 de la Urbanización Pomona en Jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, plenamente identificado en autos, por lo que en observancia que es la misma parte actora quien solicita la suspensión de la misma, se suspende la referida medida y se ordena realizar la participación correspondiente. Archívese el expediente.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos MARIA CHIQUINQUIRA GALBAN MAPARI y LEVIS DE JESUS ARAPE SILVA, el día cuatro (04) de agosto del año mil novecientos setenta y nueve (1.979), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio Jesús Enrique Lossada del Distrito Maracaibo, hoy Parroquia La Concepción, Municipio Autónomo Jesús Enrique Lossada, del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 123.

Así las cosas, y cumplidos los extremos exigidos en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO hasta cubrir la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 20.000,oo), suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal, sobre los derechos que le puedan corresponder a los demandados, en bienes muebles e inmuebles de su propiedad que deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor de Medidas. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero las misma versará hasta la suma de TRECE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 13.500,oo), que constituye la suma demandada, más una cantidad estimada prudencialmente por concepto de costos y costas del proceso, que deberán ser remitidas mediante cheques de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto.