De allí que con base a lo anterior, resulta evidente en este caso particular de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil ante la prolongada inactividad imputable a la parte actora, quien desde el momento en que presentó la demanda aún - se reitera - no ha comparecido a consignar los recaudos o documentos necesarios con el objeto de que el Tribunal se pronuncie sobre su admisión, existe un evidente abandono del trámite o pérdida de interés que configura una modalidad de la perención de la instancia y conlleva inevitablemente a que este Juzgado declare la extinción del presente proceso y como consecuencia de ello, ordene el archivo de las presentes actuaciones.

este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la pretensión intentada, condenándose a la parte demandada al pago de los conceptos y montos reclamados por la demandante. Publíquese y regístrese déjese copia de la presente decisión.

En tal sentido, con base a lo anterior este Tribunal imparte su homologación en todas y cada una de sus partes a la transacción presentado en fecha 22.09.03 y en consecuencia, téngase dicha homologación con autoridad de cosa juzgada y en su oportunidad archívese el expediente.

declara las anteriores actuaciones Título Suficiente para asegurar su condición como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del de cujus, ciudadano CÉSAR MODESMO MARTÍNEZ MARVAL, a los ciudadanos LUISA ISABEL MARTÍNEZ SALAZAR, CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ SALAZAR, CARLOS LUIS MARTÍNEZ SALAZAR, JULIO CÉSAR MARTÍNEZ SALAZAR, LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SALAZAR, CARMEN MERCEDES MARTÍNEZ SALAZAR y ALBINA JOSÉ MARTÍNEZ SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.834.142, V-3.489.590, V- 3.425.120, V-5.480.466, V-4.647.232, V-4.047.645 y V-5.475.457, respectivamente, todos en su condición de hijos.

PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se suspende la medida cautelar innominada en donde acordó la suspensión preventiva de los efectos jurídicos del acta celebrada en fecha 26.01.02, impugnada de la FUNDACION DE PROTECCION ANIMAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. CUARTO: Agréguese el cuaderno de medidas al principal. QUINTO: Notifíquese a las partes, en virtud de que la presente decisión fue dictada fuera del lapso de ley, conforme a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN Por todas y cada una de las Razones y consideraciones antes expuestas este Juzgado Cuarto de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Expresa Autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Con lugar la demanda de partición intentada por la Ciudadana CARMEN ARMINDA VILLARROEL DE GARCÍA contra CARMEN CECILIA GARCÍA, ISABEL DARÍA GARCÍA, ANA VICTORIA GARCÍA Y OTROS, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezamiento de esta sentencia. SEGUNDO: Subsanadas las impugnaciones formuladas por los abogados en ejercicio Nidia Gómez, Cruz Yasmina Salazar, Gregorio Vásquez y por el ciudadano Edmundo Vásquez, antes identificados. TERCERO: Expedir y enviar Copia Certificada del Informe presentado por el Partidor, del Levantamiento Topográfico, del Escrito de Correcciones y de la presente decisión, a la Oficina Suba.....

Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.

Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.

Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.

Seguidamente el Tribunal declara embargado ejecutivamente el bien inmueble anteriormente descrito y señalado por el Apoderado Judicial de la parte actora, poniéndolo en posesión de la Depositaria Judicial del Nueva Esparta C.A., en su Representante Francisco Antonio Cañas, antes identificado, quien lo recibe conforme para su guarda y custodia