Por los fundamentos expuestos este Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: ACORDAR MEDIDA DE PROTECCION a favor de LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL II, DR. HUGO PARRA LEÓN, ubicado en la avenida Valmore Rodríguez, Sector Salina del Sur del Municipio Miranda del Estado Zulia, de MANERA INMEDIATA por un lapso DE SEIS (06) MESES y en consecuencia ACUERDA EXPEDIR MANDAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA y por ende Oficiar al Director de la Policía Regional del Estado Zulia, y a la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, haciéndoles del conocimiento de lo aquí resuelto, todo con el fin de garantizar sus derechos fundamentales previstos en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, entre ellos el derecho a la vida e integridad física de la Victima, evitando probables atentados, todo de conform.....

Por los fundamentos expuestos este Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: ACORDAR MEDIDA DE PROTECCION A FAVOR DE LA CIUDADANA HAYDEE DEL CARMEN ZARRAGA DOMÍNGUEZ, plenamente identificada en actas, de MANERA INMEDIATA por un lapso DE SEIS (06) MESES y en consecuencia ACUERDA EXPEDIR MANDAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA y por ende Oficiar al Director de la Policía Regional del Estado Zulia, y a la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, haciéndoles del conocimiento de lo aquí resuelto, todo con el fin de garantizar sus derechos fundamentales previstos en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, entre ellos el derecho a la vida e integridad física de la Victima, evitando probables atentados, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 120, ordinal 3° del Código Orgánico.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud planteada y en consecuencia NIEGA POR IMPROCEDENTE LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA RELACIONADA AL DESTACAMENTO DE TRABAJO, al penado DENIS ALBERTO PANTOJA, al no cumplir con todos los requisitos previstos en el articulo 500 del Código Orgánico Procesal penal. Se ordena oficiar al Director de la Cárcel Nacional de Maracaibo, a los fines de remitirles copia certificada de dicha decisión, así como también al Director de la Cárcel Nacional de Maracaibo, a los fines de que el mencionado penado reciba ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. Regístrese y notifíquese a las partes en el proceso.- JUEZ SEXTO DE EJECUCION. DRA. RUBIS GOMEZ VIVAS. EL SECRETARIO,

Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, Resuelve: PRIMERO: Revocar La Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, dictada en fecha (09) de noviembre de 2009, por este Juzgado Segundo de Control, al Ciudadano JOSE GREGORIO LOPEZ, tal y como lo prevé el artículo 262 ordinales 2° y 3° y conforme a lo establecido el artículo 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: Se decreta la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, al ciudadano imputado JOSE GREGORIO ROJAS, Venezolano, Cabimas, Estado Zulia, portador de la Cédula de Identidad No. V-22.132.023, de 22 años de edad, fecha de nacimiento: 08-12-1985, de profesión u Oficio albañil, residenciado en el Barrio Nueva Rosa, calle la Cumarebo, avenida 41, casa s/n, diagonal .....

En consecuencia, en virtud de lo anteriormente explanado, este Juzgado TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, declara IMPROCEDENTE, la presente solicitud de Únicos y Universales Herederos, realizada por los ciudadanos OLGA DE LAS SALAS PIRELA, RAFAEL, WILKIE y OLGA PIRELA DE LAS SALAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 11.283.759, V.- 14.357.368, V.- 14.357.369, V.- 16.353.863 respectivamente. ASI SE DECIDE.- LA JUEZA: Abog. HELEN NAVA DE URDANETA (MSc) EL SECRETARIO: ABOG. MANUEL OCANDO FINOL. En esta misma fecha, previo el cumplimiento de Ley y siendo las once (11:00) minutos del mañana, se publicó bajo el No.- 781.

En consecuencia, se DECLARA: 1) Resuelto el Contrato de Venta a Crédito con Reserva de Dominio, suscrito por las partes en fecha veintisiete (27) de septiembre de 2001 en el Distrito Capital e inserto en un ejemplar por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda e fecha cinco (05) de octubre de 2001, bajo en No. 7811; 2) Se ordena la entrega del vehículo objeto del Contrato de Venta con Reserva de Dominio, con las siguientes características: Placa: VBG67T; Marca: Chevrolet; Modelo Corsa; AÑO: 2001; Color: Azul; Serial de Carrocería: 8Z1SC51621V343516; Serial Motor: 21V343516; Clase: Automóvil; Tipo: Sedan; Uso: Particular, a la sociedad mercantil BANCO FEDERAL, C.A.; y 3) El pago de la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 2.273,78) equivalente al veinticinco por ciento (25%) de las cantidades de dinero adeudadas, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, por concepto.....

De forma que interpretando el artículo citado, como norma especial reguladora de la situación planteada, resulta evidente que su aplicación debe ceñirse a lo que la misma requiere. Por lo que, el articulo antes trascrito, autoriza el decreto de la medida de secuestro de la cosa vendida, siempre y cuando la demanda tenga apariencias de ser fundada, y el vendedor constituya garantía suficiente, para responder en caso de que su pretensión sea declarada sin lugar. En consecuencia, este Tribunal insta a la parte demandante a constituir garantía hasta cubrir la suma de TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 35.000,oo), a fin de asegurar al demandado el pago de los daños y perjuicios y la devolución de la cosa vendida u otra equivalente al demandado, en caso de no prosperar la acción de resolución de contrato, y deberá ser una de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.-

De forma que interpretando el artículo citado, como norma especial reguladora de la situación planteada, resulta evidente que su aplicación debe ceñirse a lo que la misma requiere. Por lo que, el articulo antes trascrito, autoriza el decreto de la medida de secuestro de la cosa vendida, siempre y cuando la demanda tenga apariencias de ser fundada, y el vendedor constituya garantía suficiente, para responder en caso de que su pretensión sea declarada sin lugar. En consecuencia, este Tribunal insta a la parte demandante a constituir garantía hasta cubrir la suma de CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 40.000,oo), a fin de asegurar al demandado el pago de los daños y perjuicios y la devolución de la cosa vendida u otra equivalente al demandado, en caso de no prosperar la acción de resolución de contrato, y deberá ser una de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.-

De forma que interpretando el artículo citado, como norma especial reguladora de la situación planteada, resulta evidente que su aplicación debe ceñirse a lo que la misma requiere. Por lo que, el articulo antes trascrito, autoriza el decreto de la medida de secuestro de la cosa vendida, siempre y cuando la demanda tenga apariencias de ser fundada, y el vendedor constituya garantía suficiente, para responder en caso de que su pretensión sea declarada sin lugar. En consecuencia, este Tribunal insta a la parte demandante a constituir garantía hasta cubrir la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 129.000,oo), a fin de asegurar al demandado el pago de los daños y perjuicios y la devolución de la cosa vendida u otra equivalente al demandado, en caso de no prosperar la acción de resolución de contrato, y deberá ser una de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.-

De forma que interpretando el artículo citado, como norma especial reguladora de la situación planteada, resulta evidente que su aplicación debe ceñirse a lo que la misma requiere. Por lo que, el articulo antes trascrito, autoriza el decreto de la medida de secuestro de la cosa vendida, siempre y cuando la demanda tenga apariencias de ser fundada, y el vendedor constituya garantía suficiente, para responder en caso de que su pretensión sea declarada sin lugar.