Por las razones y fundamentos expuestos, este Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RECTIFICA EL COMPUTO CON REDENCIÓN, a favor del penado ADAEL GONZALEZ BERMÚDEZ , plenamente identificado en actas, el lapso CINCO (05) AÑOS, DIEZ (10) MESES, VEINTINUEVE DIAS Y DOCE HORAS, los cuales deberán ser descontados de la Pena Principal impuesta, todo de conformidad con lo establecido los artículo 3° de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio en concordancia con el artículo 479, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y notifíquese de presente decisión, Y remítase copia a la fiscal 27 del Ministerio Público, solicítese el traslado del penado a la Cárcel Nacional de Maracaibo, para el día 26-05-04 en horas de la mañana y remítase copia certificada de la misma, Notifíquese a la defensora.

Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONDENA al acusado, MANUEL ANTONIO RUBIO SOCORRO de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo del Estado Zulia, nacido el 14-03-0974, de 29 años de edad, de profesión u oficio Comerciante, Estado Civil Soltero, Cédula de Identidad V-12.443.632, conforme al PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS previsto en el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, al hallarlo Culpable de la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA previsto y sancionado en el artículo 278 del codigo penal. La pena a imponer al acusado, conforme a lo previsto en el Artículo 37 del Código Penal Venezolano, es el termino medio de la señalada por la ley, en este caso cuatro años de Prisión; sin embargo por cuanto este Juzgador de acuerdo a su prudente arbitrio, considera que en el presente caso, la buena conducta predelictual constituye una atenuante, acreditada con los recuaudos que el Tribunal ha admitido, resulta procedente r.....

Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Juicio de la Sección de Adolescente del Circuito Judicial Pernal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: Primero: Con base en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del Artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, DECLARA SIN LUGAR la solicitud contentiva de Revisión de medida de Prisión Preventiva de que es objeto la adolescente (se omite el nombre de la adolescente en virtud del Principio de la Confidencialidad de conformidad con el artículo 545 de la L.O.P.N.A.), peticionada por su Defensora Privada, y en consecuencia ACUERDA mantener detenida a la indicada adolescente en el Centro de Atención Socioeducativa La Guajira.- Segundo: Se ORDENA notificar de la decisión adoptada a la Defensora Privada, ABOG. NANCY RUIZ, para lo cual se dispone remitir la boleta de notificac.....

DECISION Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Tribunal Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDNETE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA correspondiente al Penado ALADINO ANTONIO GONZÁLEZ, venezolano, natural de Campo Mará, titular de la cédula de identidad No 10.917.932, fecha de nacimiento: 29/01/68, de 36 años de edad, casado, inspector de seguridad industrial, hijo de Aladino Bermúdez y Ángela Albina González, con residencia en vía Campo Mará Sector 4 Bocas Casa s/n Municipio Mará Estado Zulia. Se ordena oficiar al Director de la Cárcel Nacional de Maracaibo, de la presente decisión.-

Se acuerda CON LUGAR la REVISIÓN Y MODIFICACIÓN de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a favor del imputado RICARDO JOSÉ ORTIGOZA MORÁN, por lo que se le decreta Medida Cautelar Sustitutiva prevista en el numeral 4º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todo lo antes expuesto este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY , DECLARA SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA, incoada por FELIPE SEBASTIAN WEEKES DOMINGUEZ, UNICIO JOSE WEEKES DOMINGUEZ Y DAVID SEGUNDO WEEKES DOMINGUEZ contra JESUS ENRIQUE QUIVA SERRANO, todos identificados plenamente en actas con motivo del juicio de DESOCUPACION nacido del Contrato de Arrendamiento verbal alegado. Se condena en costas a la parte perdidosa por haber sido vencido totalmente en esta instancia de conformidad con el artículo 274 del Código.-

Se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, relacionada con la solicitud interpuesta por el ciudadano RIXIO ALBERTO DIAZ VASQUEZ; en consecuencia, DECLINA la misma a un Tribunal de Control con sede en Cabimas, por razón del territorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 en su Primer Aparte, en concordancia con el artículo 61 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, le imparte su aprobación homologándolo, le da el carácter de cosa juzgada y se abstiene de archivar el expediente hasta tanto conste en actas el total cumplimiento de la obligación.- En consecuencia, se ordena oficiar al Departamento de Nominas de la Universidad del Zulia, a fin de notificarle los términos que rigen el convenimiento celebrado

Por todos los fundamentos expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara Sin Lugar la demanda de Cobro de Bolívares Por Intimación, incoada por el abogado José Rodolfo Bohórquez Leal, actuando con el carácter de endosatario en procuración del ciudadano Argenis Alfonso Gotera Martínez, en contra del ciudadano Asneiro Martínez.

Por todos los fundamentos expuestos, este Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, da por terminado el presente proceso, se homologa la transacción y se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, absteniéndose de archivar el mismo hasta tanto no se cumplan definitivamente con lo transado.