Declara CULPABLES a los acusados: ARTHUR STEVAN FERNANDEZ ALVAREZ y ALEXIS JOSE BRAVO GONZALEZ, por haberse comprobado la acusación presentada en su contra por la Fiscalía I del Ministerio Publico de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, como COAUTORES del delito de ROBO agravado, previsto y sancionado en el artículo 458° del Código Penal perjuicio de la ciudadano Ulises José Trompis, y en consecuencia los CONDENA a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, a las accesorias de Ley y al pago de las costas procesales; pena que terminaran de cumplir provisionalmente en fecha 17 de octubre de 2018, en el establecimiento penitenciario que determine el Juez en función de Ejecución correspondiente, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 367° del Código Orgánico Procesal Penal.-

CONDENA, al acusado PAULO FABIAN HOYOS GÒMEZ a cumplir la pena de NUEVE (9) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISION, a las penas accesorias de ley, y en costas, por haberse demostrado su responsabilidad como FACILITADOR del delito de SECUESTRO y AUTOR del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 460 y 322 del Código Penal, respectivamente, en perjuicio de la ciudadana ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA y EL ESTADO VENEZOLANO, pena que provisionalmente terminara de cumplir en fecha 23 de febrero de 2018 en el establecimiento penitenciario que determine el juez en función de ejecución correspondiente, todo de conformidad a lo establecido en el articulo 367° del Código Orgánico Procesal Penal.-

ABSUELVE al ciudadano JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ MELEAN, de la comisión del delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, por aplicación del principio procesal del IN DUBIO PRO REO, toda vez que no quedó demostrada fehacientemente la autoría y consecuente responsabilidad del acusado. Se exonera a las partes del pago de las costas procesales a tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la garantía de la gratuidad de la Justicia por parte del Estado, y se ordena el cese de la medida cautelar, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 366° del Código Orgánico Procesal Penal.-