JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la abogada Maha Yabroudi, con el carácter de apoderada judicial del FONDO PARA EL DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO ZULIA (FONDESEZ); y, en consecuencia, SE DECRETA EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles de la ciudadana Damelis Coromoto Moreno Elvis, titula de la cédula de identidad No. 7.969.230, por la cantidad de doscientos ochenta y seis mil novecientos setenta y tres bolívares con cinco céntimos (Bs. 286.973,05). SEGUNDO: SE ORDENA COMISIONAR al correspondiente Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas a fin de que practique el embargo decretado, remitiéndole a tales efectos copia certificada de la presente decisión. TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR a la ciudadana Pro.....

II DECISIÓN: Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara que se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y, en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en la presente causa.

En virtud de las precedentes consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO EL ACUERDO TRANSACCIONAL suscrito entre el ESTADO ZULIA, ENTIDAD FEDERAL y la empresa INVERSIONES CADI, C.A. (INCADICA). SEGUNDO: SE LEVANTA la medida cautelar de embargo preventivo decretada por este Superior Órgano Jurisdiccional mediante sentencia registrada con el No. 65, de fecha 22 de abril de 2013, por lo que SE ORDENA agregar copia certificada de la presente decisión a la pieza de medida. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.