RESOLUCIÓN N° PJ007-2014-000059. Se declara CON LUGAR la solicitud de examen y revisión de medida, solicitada por la defensora pública penal abogada YUDITH HERNANDEZ LUNA favor de los acusados JOSE JAVIER CASTILLO MARCANO y CARLOS REYES PICO y por cuanto a la presente fecha, no han variado las circunstancias que motivaron la medida privativa judicial preventiva de libertad, se NIEGA la sustitución de la medida de coerción personal, al ser esta necesaria para garantizar las resultas del juicio, en consecuencia se acuerda mantener vigente la medida de coerción personal dictada por el Tribunal de Control; todo de conformidad con lo pautado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones anteriormente expuestas este ente Jurisdiccional, actuando en nombre de LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por Autoridad de la ley, DECLARA SU INCOMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA Y CUANTIA para conocer de la presente causa y señala expresamente como Tribunal competente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Se acuerda dejar transcurrir el lapso establecido para la regulación de la competencia y una vez vencido deberá remitirse el expediente al Tribunal señalado como Competente, librándose el Oficio correspondiente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.- Dado, firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.- Maturín, veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce. AÑOS: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.- .....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SU COMPETENCIA para conocer, sustanciar y decidir el presente recurso. SEGUNDO: ADMISIBLE, el Recurso de Abstención o Carencia, a tenor de lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, en Maturín, a los veintinueve (29) días del mes de abril del Dos Mil Catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

Este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE JUICIO CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER en aras de garantizar el Derecho Constitucional a la Salud previsto en el articulo 83 de nuestra Carta Magna ACUERDA el traslado del acusado ciudadano JESUS AREVALO CASTRO, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.280.267, hasta el Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar", a los fines de que se le practique Evaluación Medica Integral al prenombrado acusado; asimismo oficiar al Médico o Médica de Guardia del Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar, y una vez practicado dicho examen Medico remita las resultas a la brevedad posible a este Tribunal. Hágase lo Conducente.-

Este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE JUICIO CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER en aras de garantizar el Derecho Constitucional a la Salud previsto en el articulo 83 de nuestra Carta Magna, Acuerda: el traslado del acusado LUÍS EDUARDO ZABALA SIMOSA, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.655.201, hasta el Centro de Diagnostico Integral " Che Guevara", ubicado en el sector Los Bloques Parroquia San Simón, del Municipio Maturín a los fines que se le practique resonancia magnética u otra evaluación con imágenes que requiera el prenombrado ciudadano. Hágase lo Conducente.-

Este Tribunal en garantía del tramite judicial acuerda remitir inmediatamente el presente asunto penal a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, a los fines de que sea ingresado y registrado con nomenclatura interna de este Circuito Especializado, en razón de que el presente Asunto Penal se encuentra en fase terminada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.-

Mediante Auto este Tribunal Especializado acuerda lo solicitado por la Defensa Privada por no ser contaria a derecho.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INCOMPETENTE por el territorio para conocer, sustanciar y decidir la presente demanda por Nulidad de Acto Administrativo, interpuesta por la ciudadana MARITZA COLUCCI, titular de la cédula de identidad Nº V-5.547.866, actuando en su condición de representante legal de la Sociedad de Comercio GRANJA AVICOLA CHICHI, C.A., asistida por la abogada Rosa Roa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.444, contra el acto administrativo de efectos particulares identificado con el Nº PRI-CJ-082790-2013, de fecha 09 de septiembre de 2013, emanado de la Presidencia de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). SEGUNDO: ORDENA la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y.....

Sin Lugar el Recurso de Apelación. Confirma la sentencia recurrida

RESOLUCIÓN N° PJ007-2014-000061 Se declara CON LUGAR la solicitud de examen y revisión de medida, solicitada por el profesional del derecho abogada Josefina Mucura, en su carácter de defensora Pública Decima Octava Penal encargada del ciudadano acusado RONALD JOSE SANCHEZ, titulares de la cédula de identidad Nº 18.173.777 y por cuanto a la presente fecha, no han variado las circunstancias que motivaron la medida privativa judicial preventiva de libertad, se NIEGA la sustitución de la medida de coerción personal, al ser esta necesaria para garantizar las resultas del juicio, en consecuencia se acuerda mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada en la persona del acusado; todo de conformidad con lo pautado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.