Bajo estas premisas y visto la Transacción celebrada entre las partes, y por cuanto la misma no es contraria a derecho, y no vulnera derechos irrenunciables del Trabajador, ni normas de orden público; dándole estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo y del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo respectivamente, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, IMPARTE SU APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN en los mismos términos convenidos por las partes y ordena tenerlo como Sentencia pasada en Autoridad de Cosa Juzgada; en consecuencia, se da por terminado el proceso y se ordena el archivo del expediente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA PARA SU ARCHIVO. Dada, firmada y sellada en la Sa.....

HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada

éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REPONE LA CAUSA al estado de EVACUAR las pruebas testimoniales promovidas por ambas partes, específicamente las de los testigos residenciados en los Municipios Caripe y Cedeño, se dejan sin efecto las comisiones libradas en fecha nueve de abril de los corrientes y remitidas al Juzgado del Municipio Caripe mediante oficio No. 0840-3218 y al Juzgado del Municipio Cedeño, a través de oficio No. 0840-3219, quedando vigente la comisión y resultas de las testificales evacuadas por el Juzgado del Municipio Maturín, cursantes a los folios 116 al 139 del expedientes cuya constancia en autos es anterior a las comisiones anuladas.- Líbrese nuevos despacho de pruebas a los referidos Juzgados con las correcciones correspondientes.-

En consecuencia, se deduce de la respectiva consignación y de la norma expresada la extinción de la causa, por consiguiente este tribunal, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA la obligación en la presente causa y como consecuencia de ello se ordena lo siguiente: 1. Depositada la cantidad de dinero referida en la Cuenta de Ahorro N° 0007-0069-07-0010015325, de la entidad BANFOANDES, se acuerda oficiar a la misma para que proceda entregar la suma de SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 70.000.000,00), a la parte demandante, ciudadanos RENE JOSE ITURREY y TERESITA INES DE TURREY, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 80.089.149 y 80.089.150. 2. Asimismo, se suspende la medida de Prohibición de Enajenar y gravar decretada en fecha 09/03/2005, oficiándose lo conducente al Registrador Subalterno del Primer circuito de Registro Público del Estado Monagas. El Juez, Abg. Gustavo Posada .....

Esta Sala de Juicio del Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con base a los artículos 7 de la Convención de los Derechos del Niño, 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 16 y 25 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda intentada por la Abg. LERIDA RODRIGUEZ, FISCAL OCTAVA (encargada) DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN PROTECCION, quien procede en nombre y representación de la adolescente y el niño (CUYA IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), contra el ciudadano ANDRES ELOY CASTILLO AZOCAR, ya identificados, quedando establecida la filiación legal de la antes identificada adolescente y niño con relación a su padre biológico demandado en la presente causa. De con.....

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGADO DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. Maturín, 28 de mayo del Dos Mil Siete 197° y 148° Vista la solicitud de AUTORIZACION PARA TRAMITAR RIF presentada por la ciudadana VIOLETA EMPERATRIZ INFANTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.934.214, de este domicilio, quien actúa a favor de su hijo (CUYA IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de dieciséis (16) años de edad, debidamente asistida por el Abogado YANITZA SANCHEZ YTANARE, abogado en ejercicio, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 56.481, admítase, anótese, numérese y fórmese expediente. En consecuencia, este Tribunal acuerda de conformidad con lo establecido en el Artículo 22, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, AUTORIZAR a la solicitante arriba identificada, para que realice ant.....

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA. JUZGADO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL EDO MONAGAS. Maturín, 28 de MAYO del año dos mil siete.- 197° y 148° Vista la anterior solicitud presentada por la ciudadana MILAGROS CONCEPCIÓN TILLERO GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro V- 4.034.379, y de este domicilio, en representación de sus hijos (CUYA IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de 17 y 16 años de edad, respectivamente, asistida por la Abogado CRISEIDA VALLENILLA JARAMILLO, abogado en ejercicio, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 14.832, admítase, désele entrada, por no ser contraria a derecho, se acuerda de conformidad. En consecuencia este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, actuando en interés de los Niños y/o Adolescentes, administrando Justicia EN NO.....

este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara CON LUGAR la demanda incoada por BANCO UNIVERSAL contra los ciudadanos GIUSEPPE CONSTANTINO SALVIA Y CATERINA DE CONSTANTINO, en su condición de Avalistas solidarios y principales pagadores de INVERSORA SCP. C.A en el juicio de Cobro de Bolívares (vía intimación), en consecuencia, las partes perdidosas deberán cancelar las siguientes cantidades a la parte gananciosa: PRIMERO: La Cantidad de Bs. 35.000.000,oo, por concepto de la suma adeudada. SEGUNDO: B) La cantidad de Bs.8.750.000,oo, por concepto de costas y costos procesales calculados prudencialmente por el Tribunal al 25% del monto total adeudado. TERCERO: Se ordena una experticia complementaria del fallo a los fines de determinar la Indexación del monto adeudado.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Sexto en función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa a favor de JOSW LEONARDE CERRADA BALZA de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. cuanto el hecho objeto del proceso no se realizo Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes. La Juez Sexto de Control ABG. YANIRA BRICEÑO TORREALBA La secretaria ABG. ROSALBA VALDIVIA

DISPOSITIVA. En conclusión y por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA SOLICITUD DE PERMISO DE SUPERVISIÓN ESPECIAL, al Penado FERNANDO JOSE SANTIL JIMENEZ, plenamente identificado UT supra. De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el Artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal. Dejando constancia que una vez cumplido con lo acordado se procederá dentro del contexto legal a conceder los permisos conforme a lo establecido en el Reglamento de los Centro de Tratamiento Comunitario, dándole prioridad a la problemática planteada; que tiene como dimensión cumplir con previsto en el Artículo 272 de la Citada Carta Magna. Así.....