INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano MARCOS JAVIER BARRERA BOHÓRQUEZ, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano CARLOS BERNARDONI PÉREZ, en contra de la presunta decisión dictada en fecha 20 de diciembre de 2012, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual admitió totalmente la acusación y ordenó el auto de apertura a juicio, alegando la violación de derecho y garantías constitucionales a su representado, con fundamento a los criterios jurisprudenciales ut supra expuesto, en cónsona armonía con lo establecido en el artículo 18 del Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que no es susceptible de ser saneada, por concurrir conjuntamente causales de inadmisiblidad. ASÍ SE DECLARA.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Abogada. BLANCA ISABEL TIGRERA CORTEZ, en su carácter de Fiscal Principal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Zulia y SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión de fecha 23 de mayo de 2013, emanada del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual decretó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, establecida en el artículo 242 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano RAFAEL SEGUNDO CASTILLO GONZÁLEZ, por la presunta comisión de los delitos de ACAPARAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y servicios, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y DAÑOS A LA PROPIEDAD, previstos y sancionados en los artículos 218 y 474 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Y ASÍ SE DECIDE.

IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el accionante DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA, debidamente asistido por el Profesional del Derecho Jesús Rivas, precedentemente identificado, en contra de la ciudadana Vanderlella Andrade, Abogada, Defensora Pública 38 adscrita a la Defensa Pública del estado Zulia, por cuanto debió aceptar el cargo para la audiencia oral, relacionada con el caso de la VIOLACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS y DIFUSOS, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA, en concordancia con lo previsto en los artículos 1, 2, 5, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35,36 y 37 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Todo de conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.