Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos ABDIEL ALEXANDER TORO ZABALA y MARIELEN DE LOS ÁNGELES CARRIZO URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 13.842.693 y V-18.200.622, respectivamente, contra decisión emanada del JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y JESÚS ENRIQUE LOSSADA.

Ahora bien, para analizar la aplicación de la norma contenida en el artículo 547 al caso en estudio, es preciso determinar si se han cumplido los extremos de la misma, así tenemos que de la revisión efectuada a las actas procesales, se observa que en fecha 20 de abril de 2012, se agregaron las resultas de la medida de embargo ejecutivo dictada en actas, practicada sobre un inmueble propiedad del demandado, y es en fecha 13 de noviembre de 2012, cuando la parte actora realiza un pedimento para dar impulso a la ejecución de la medida ejecutada, lo que denota que efectivamente desde que este Órgano Jurisdiccional tiene conocimiento de la ejecución del embargo, hasta el 13 de noviembre de 2012, fecha en la cual la parte actora solicitó el primer cartel de remate, transcurrieron más de tres meses sin que la actora impulsara la continuación de la ejecución, configurándose lo dispuesto en la norma ya citada, quedando en consecuencia LIBERADO EL BIEN INMUEBLE EMBARGADO. Así se declara.

En consecuencia, observando que la parte demandada en su escrito de contestación, reconoció expresamente la pretensión plasmada por el actor en su libelo, sin hacer objeciones a los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, específicamente reconoce el documento que funge como instrumento de la acción, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, homologa el convenimiento, por cuanto que el mismo no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, y se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se establece.