En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de las Cédula de Identidad N° V- 9.895.354, en contra de la entidad de trabajo INVERSIONES INSALCA, C.A. SEGUNDO: se condena a la entidad de trabajo INVERSIONES INSALCA, C.A., a pagar al demandante la cantidad total de NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS. 90.411,39), por concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, por la terminación de la relación de trabajo, indicado en la parte Motiva de la presente decisión. Se condena en costas a la parte demandada por estar totalmente vencida de conformidad con lo previsto en la Ley Adjetiva Laboral. Se advi.....

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA, que HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento planteado por las ciudadanas ADRIANA ALVEREZ, KATIUSKA MARTINEZ y ADRIANA MORENO.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, impartiendo Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la Recusación propuesta por el profesional del derecho JOSE ENRIQUE MARTINEZ, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES THE ROYAL C.A., parte demandada, en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, intentado por ADREINA SABINA SUBERO RODRIGUEZ. Siendo la misma interpuesta en contra del abogado GUSTAVO POSADA, en su carácter de Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En consecuencia, remítase copia certificada de la decisión al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL .....

PRIMERO: COMPETENTE para conocer la presente Acción de Nulidad. SEGUNDO: SIN LUGAR la acción de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES incoado por la Empresa LA CASA DE KING, C.A., en contra de la GERENCIA REGIONAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO (GERESAT) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES.

DISPOSITIVA En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADA en derecho la TRANSACCIÓN, solo en lo que respecta al Cobro de Bolívares (vía Intimación ), celebrada entre el Demandante DIMAS GARCILAZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 3.326.160, debidamente asistido en este acto OSCAR EMILIO ARAGUAYAN MILLAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.372.369, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 30.002, en contra JULIO ALMERIDA SERRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 11.779.754,debidamente asistido UBENIS DEL VALLE DIAZ RODULFO, Abogada en ejercicio, de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 206.014 en razón de que existen en las partes facu.....

DISPOSITIVA Con fundamento en los Artículos 2, 26, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, así como por los razonamientos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: FIRME EL DECRETO DE INTIMACIÓN dictado en este proceso el día veintiocho de mayo de dos mil catorce (28/05/2.014), y como consecuencia de ello se condena al demandado, ciudadano PABLO ANTONIO CONTRERAS RANGEL, a pagar a la parte demandante lo siguiente: 1) La cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 480.000,oo) correspondiente al monto contenido en la letra. 2) La cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES (Bs. 2.784,oo) por concepto de intereses moratorios. 3) Todos los intereses que se sigan venciendo hasta la defini.....

Se decretó el SOBRESEIMIENTO de la presente causa, seguida al ciudadano JAIRO RAFAEL GOITÍA, por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, en agravio de la ciudadana SE OMITE SU IDENTIDAD , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 49 numeral 7 y 300 ordinal 3 ejusdem.-

PRIMERO: La APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, SEGUNDO: PROCEDIMIENTO ESPECIAL,

este Tribunal se declara competente para conocer de la presente querella de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 94 ejusdem; y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva, en atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem.

este Tribunal se declara competente para conocer de la presente querella de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 94 ejusdem; y por cuanto no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de revisar nuevamente dichas causales en la sentencia definitiva, en atención a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ADMITE el referido recurso cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 ejusdem.