Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: 1. IMPROCEDENTE la denuncia de fraude procesal planteada por el ciudadano ALBERTO COLMENARES, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 47.720 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA C. VILORIA VARGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 11.281.707 y domiciliada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia.| 2. SE ORDENA, oficiar a la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los fines que emita la certificación de gravamen sobre el inmueble objeto del presente juicio cuyo documento de propiedad fue .....

En el caso bajo estudio, observa este Sentenciador que la causa aún se encontraba en la fase de admisión y al no haber pronunciamiento al respecto por este Tribunal, el procedimiento en si jurídicamente no se había iniciado, puesto que este es efectivo una vez el Tribunal haga pronunciamiento expreso sobre la admisión; sin embargo, por cuanto se evidencia que la voluntad de la parte solicitante es no continuar con la tramitación del juicio en esta Instancia, bajo la figura del retiro de la demanda, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando conforme el mismo, este Tribunal, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Asimismo, previa notificación de las partes, se declaró en estado de ejecución dicha sentencia por auto de fecha treinta (30) de septiembre de 2008, y por cuanto ha transcurrido el lapso procesal establecido para dar cumplimiento voluntario, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN FORZOSA la sentencia dictada en actas, en consecuencia ORDENA LA ENTREGA del inmueble objeto del presente litigio, antes identificado, a la parte actora, salvo los derechos de terceros.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del Articulo 588 en concordancia con el ordinal 5º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO sobre los siguientes bienes: 1) Una parcela de terreno y la vivienda unifamiliar sobre ella construida distinguida con el No. 15 del sub lote No. 18 del Lote F del desarrollo habitacional El Bosque, ubicado en la avenida Guajira entre las Urbanizaciones El Naranjal y San Jacinto en jurisdicción de la parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela posee una superficie aproximada de Ciento diez metros cuadrados con veinticinco decím.....

Revisadas como han sido los instrumentos consignados que demuestran tanto la disolución del matrimonio, como la propiedad de los bienes mencionados y en observancia que los ciudadanos NELSON JOSE GOTERA BRAVO y ELIANA EMPERATRIZ PEREIRA SANCHEZ, ya identificados, en la presente solicitud acuerdan liquidar los bienes adquiridos de la manera y forma allí establecido, por lo que al no haber objeción por dichos ciudadanos a la misma, no siendo contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, dejando a salvo un eventual derecho de tercero, este Tribunal la encuentra conforme y según lo previsto en el Artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

En relación al Periculum In Damni, el mismo debe ser un temor de daño inminente, que debe ser serio, posible y fundamentalmente que tenga vinculación con la materia debatida en el juicio, ahora bien, siendo que la demandada se limita a indicar que su cónyuge mantiene una conducta grosera, no acompañando documentos probatorios para demostrar su afirmación, para así demostrar el peligro inminente que atente con su permanencia en el inmueble antes identificado; y al no cumplir con el extremo del peligro in damni o fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, y siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida innominada de permanencia solicitada.- Así se decide.