En virtud de que este decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, viene a regular los desalojos arbitrarios y a saldar una deuda histórica en concordancia con lo establecido en el artículo 82 de la República Bolivariana de Venezuela del derecho que tienen todos los ciudadanos a una vivienda digna; este Tribunal en estricto acatamiento a lo anteriormente señalado ordena suspender la presente causa hasta tanto las partes intervinientes consignen los recaudos expedidos por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat, de haberse agotado el procedimiento establecido en el artículo 4° del decreto presidencial y ASÍ SE ESTABLECE

"A partir de la publicación del presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción ó constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este decreto de ley, sin el cumplimiento previó de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente decreto ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este decreto ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este decreto ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso". En virtud de que este decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, viene a regular los desalojos arbitrarios y a saldar una deuda histórica en concordancia con lo estable.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero De Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Y Ezequiel Zamora De La Circunscripción Judicial Del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por haber transcurrido en el caso de Autos el lapso legal previsto para llevarse a cabo la práctica de la citación de la parte demandada, sin que conste de ello, la ejecución en ese período de tiempo ninguna actuación de la parte demandante.