De lo anterior se infiere, que mediante esta acción la parte actora pretende la partición de una comunidad concubinaria que aun no ha sido calificada como tal por Juez alguno; resulta evidente la inadmisibilidad de la presente acción, basada en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; por consiguiente la misma no puede ser admitida, ya que mal podría partirse los bienes de una relación de hecho estable, como lo es el alegado concubinato, que aún no ha sido reconocida judicialmente. Y así se decide. Por los razonamientos antes expuestos este juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley, declara INADMISIBLE la presente demanda por no llenar los requisitos tipificados en los artículos antes señalados.- PÚBLIQUESE, REGÍSTRESE y DÉJE.....

DECLARA: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por el ciudadano WUILFREDO RAFAEL MORENO VELASQUEZ, representado por el abogado ARGENIS VILLANUEVA, ambos identificado.

CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.-

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, pero se abstiene de ordenar el archivo del expediente hasta tanto conste en autos el cumplimiento de lo aquí acordado.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

Es por ello, que lo ajustado en el presente caso, en relación a los ciudadanos RONALD ANIBAL GUEVARA PINTO y ROBERT ALEXANDER PINTO, y evidenciado como fue a través de la Audiencia Preliminar y la respectiva orden de abrir el Juicio Oral y Público en contra de otros ciudadanos identificados en autos, por unos hechos dados por probado por la Representación Fiscal, que presuntamente sucedieron en fecha 12 de Julio de 2006, es DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de la CAUSA, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente porque los hechos demostrados no pueden atribuírseles a los ciudadanos RONALD ANIBAL GUEVARA PINTO y ROBERT ALEXANDER PINTO.- En consecuencia, una vez quede definitivamente firme, se ACUERDA previa compulsa de la misma remitir la causa al Archivo Fiscal, la cual será remitida en su estado original y conforme a la decisión dictada en el auto de apertura a juicio de esta misma fecha a la Fiscalía Duodéci.....

Mediante decisión se decretó EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA a favor del ciudadano CESAR DAVID RAMOS QUIJADA, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.713.997, de conformidad a lo establecido en el artículo 318 Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

Mediante decisión se decretó EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, de conformidad a lo establecido en el artículo 318 Ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, y una vez firme generará los efectos previstos en el artículo 319 eiusdem.

Mediante decisión se declaró EXTINGUIDA LA ACCION PENAL y consecuencialmente se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA en el presente asunto seguido al ciudadano JESUS ANTONIO LEON HERNANDEZ titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.516.852 conforme a lo previsto en los artículos 48 ordinal 7° y 318 ordinal 3 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Mediamte decisión este Tribunal DECRETÓ: EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL, de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 Ordinal 5° del Código Penal en concordancia con los Artículos 318 Ordinal 3° y 48 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal.