En consecuencia en el caso que nos ocupa, que el delito por el cual es procesado el imputado, es uno de los establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no siendo competente para el conocimiento de los mismos este Tribunal de Control Penal Ordinario, ya que existen Tribunales competentes por la materia para conocer sobre delitos de violencia contra la mujer, se DECLINA LA COMPETENCIA, a los Tribunales de Control en materia de Violencia contra la Mujer a los fines de que conozca el presente proceso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese el correspondiente oficio de remisión.

En fuerza de las consideraciones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Sin lugar el recurso de regulación de competencia ejercido por la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 17 de septiembre de 2013 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, y se establece que dicho tribunal debe seguir conociendo el juicio de cobro de bolívares instaurado por la sociedad mercantil Insularservi, C.A, contra la empresa Venezuela Terminales Marítimos y Navíos, C.A. Segundo: Se revoca parcialmente el fallo recurrido, sólo en lo que respecta a la condenatoria en costas impuesta a la parte demandada, la cual resulta improcedente en las incidencias de cuestiones previas a que se refiere el ordi.....

PRIMERO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano LUFREDO ZABALA HERNANDEZ, en contra de la Sociedad Mercantil TORNO SAN JUAN, C.A, ya identificados. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas por no haber temeridad en el accionar del presunto agraviado.

III. DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos BETTY RUTH PACHECO RODRIGUEZ y JOSE JESUS GUILARTE ROJAS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº 11.146.447 y Nº 10.200.159, respectivamente. SEGUNDO: DISUELTO, el vinculo matrimonial que los unía contraído por ellos en fecha 03 de Mayo de 1.990, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio García del Estado Nueva Esparta, según consta del acta inserta bajo el bajo el Nº 15, Libro I de 1.990, del libro de Matrimonios correspondientes, en un todo conforme con lo previsto en el articulo 185 – A del Código Civil. PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA y PARTICIPESE, lo conducente a los funciona.....

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 196, 197, y 198 del Código Orgánico Procesal Penal, previamente solicitada. En consecuencia líbrese la respectiva Orden de allanamiento para ser practicada en la siguiente dirección: INMUEBLE DE DOS NIVELES CON FACHADA DE PORCELANA GRIS Y VENTANALES DE MADERA DE COLOR MARRON, UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR PLAYA MORENO, MUNICIPIO MANEIRO DE ESTE ESTADO, donde reside un ciudadano conocido como "ELOY". "Esta autorización tiene una duración de Siete (07) días contados a partir de la presente fecha. Provéase lo conducente. Publíquese, Regístrese, déjese copia. Así se Decide. Cúmplase lo ordenado

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que la demanda fue estimada en la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y SIETE UNIDADES TRIBUTARIAS (3.850,47 U.T); es decir, CUATROCIENTOS DOCE MILLONES BOLÍVARES FUERTES SIN CENTÍMOS (Bs. 412.000,00), calculada la Unidad Tributaria a CIENTO SIETE (107,00), monto que excede el límite de competencia por la Cuantía asignada a este Despacho, se DECLINA LA COMPETENCIA, en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, cuyo conocimiento corresponda de la presente causa., se remita el Expediente, a tal efecto, al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de está Circunscripción Judicial.- Cúmplase.-

Esta Jueza Primera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el PROCEDIMIENTO incoado por el ciudadano JOSE DEL VALLE BELMONTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 14.105.553, padre de los hermanos (IDENTIDAD OMITIDA), asistido de la Defensora Pública Segunda de Protección, Doctora Maria Celeste de Castro, dada su no comparecencia a la audiencia y TERMINADO éste mediante Sentencia Oral proferida y publicada en esta misma fecha, a tenor de lo establecido en el articulo 514 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

CON LUGAR la medida de protección de COLOCACIÓN FAMILIAR, incoada por la Defensa Publica Tercera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, por requerimiento de la ciudadana MARYOLY JUDITH SALAZAR GONZALEZ, venezolana, de este domicilio, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.418.561, en consecuencia se le otorga a la referida ciudadana LA COLOCACIÓN FAMILIAR de la adolescente "Cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la LOPNNA"

En mérito de las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando en SEDE CONSTITUCIONAL por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, interpuesta por el Abg. Juan Alberto Ruby, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 118.631, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana GISELLE REYES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.992.648, en contra de decisión de fecha 06/06/2013 dictada por la Abg. Katty Solórzano Becerra, en ejercicio de sus funciones como Jueza Accidental del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

POR LAS RAZONES QUE ANTECEDEN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ES POR LO QUE ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N°03, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HACE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: DECRETA ORDEN DE APREHENSION N° 01-14, al ciudadano JOSE ANGEL MARIN MARIN, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-24.231.732, apodado "PINGO; por estar incurso en la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 Numeral 1 del Código Penal vigente para este momento procesal, de conformidad con los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal y ordinal 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Devuélvase la presente solicitud con sus resultas al Ministerio Público y déjese copia para el archivo del Tribunal. Se Ordena Proveer.....