JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO EL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado por celebrado entre la FUNDACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO ZULIA (FUNDAEDUCA), y la sociedad mercantil SEGUROS UNIVERSITAS C.A.

En consecuencia, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley procede a pasar en autoridad de Cosa Juzgada el decreto intimatorio y la ejecución forzosa del demandado, en el presente proceso, que contiene el pago a cargo del intimado de las sumas discriminadas en el Decreto Intimatorio que alcanzan a la suma de: ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs.11.206,60). Se acuerda la indexación o corrección monetaria sobre la obligación principal de SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (BS. 7.365,28), calculados desde el momento en que fue admitida la demandada hasta en la oportunidad en que se realice la experticia complementaria que deberá cumplirse con arreglo a lo establecido en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos deben tomar.....

DISPOSITIVO En fuerza a los argumentos de hecho y de derecho anteriormente fundamentados en la parte motiva de la presente decisión, este JUZGADO DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por Accidente de trabajo incoará el Ciudadano EDERWIN EMIRO PARRA PULGAR con el asesoramiento de sus APODERADAS JUDICIALES Abogadas ROCIO ELENA PEREA Y MARÍA VICTORIA GRANDOS DÍAZ, en contra de las Sociedades Mercantiles OPERADORA LARGO SERVICES, S.A. Y OPERADORA VIPCARS SERVICES, S.A, ambas partes suficientemente identificadas en actas. SEGUNDO: Se condena a las partes demandadas, pagar a la parte demandante, la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES (BsF=. 34.762). .....

PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda por DESALOJO, interpuesta por FLOR DE MARIA CASTELLANO DE URDANETA, en contra de BERTILIO JOSE FERRER, en consecuencia, se ordena la entrega del inmueble al igual que el pago de las pensiones de arrendamiento de los meses de marzo, abril, mayo, junio y primera semana del mes de julio de 2013, adeudando dieciocho (18) semanas de canon de arrendamiento, a razón de SETENTA BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 70, oo), lo cual totaliza la cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 1.200, oo), y aquellas que se sigan venciendo hasta la entrega definitiva del inmueble. SEGUNDO: Se condena en costas al demandado, por haber sido totalmente vencido en la demanda, en virtud de lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, RESUELVE lo siguiente: 1.-) NIEGA la solicitud de Medida de Embargo Preventivo solicitada por la parte actora ciudadano WILMER RAFAEL LOPEZ RIVAS, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JOSE GREGORIO MATHEUS, antes identificados.- 2.-) No hay condenatoria en costas.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda de DIVORCIO intentada por el ciudadano ESTEBAN CIRILO CAMPOS, en contra de la ciudadana BLANCA MAGLENI CARRILLO GUANIPA, ya identificados, y en consecuencia: PRIMERO: Se disuelve el vinculo conyugal contraído por las partes, ante el Registro Civil de la Parroquia La Victoria del Municipio Valmore Rodríguez Cabimas del Estado Zulia, en fecha veintiocho (28) de Julio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1.979).- SEGUNDA: Se condena en costas a la parte demandada por haber sido vencida en esta instancia, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-

resuelve: - Designar Curadora Ad Hoc de la niña (Se omite el nombre del niño, niña o adolescente sujeto a protección, de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA) a la ciudadana AISQUEL BEATRIZ RIVAS, titular de la cédula de identidad No. V.-7.758.551, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Civil. Así se decide. Publíquese y regístrese.

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal No. 3, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Designa Curador Ad Hoc a favor de la niña y/o adolescente (Omitido por Artículo 65 de la LOPNNA) al ciudadano(a): Romelia del Carmen González, titular del pasaporte No. V- 10.034.985, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Civil. Así se decide.- Publíquese y Regístrese.

PRIMERO: CON LUGAR la defensa de LA COSA JUZGADA alegada en la demanda que por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por los ciudadanos JORGE LUIS CAMARGO ROMERO, JIOVANNI DE JESUS GUERRA BRACHO, ANGEL ALBANIZ HUERTA, LUIJI JOSÉ SOTO GOTERA, JOSE LEONARDO SOTO SOTO, HUMBERTO ENRIQUE TORRES SOTO, KENNY HUMBERTO TORRES SOTO, DELWIS PIRELA, ESMELIO ENRIQUE SOTO MELEAN, FRENLLY KATERIN CAMACHO GUERRA, ENYIBEL GUERRA SOTO, ALEXANDER CAMAÑO RIVERA, JEAN CARLOS BERMUDEZ SOTO, JOVANY VILLASMIL BARBOZA, en contra de las sociedades mercantiles ALIANZA ZONA I y DRAGASUR, C.A., todos plenamente identificadas en las actas procésales. SEGUNDO: No se condena en costas del accionante de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

EL TRIBUNAL DICTÓ Y PUBLICÓ EL FALLO DEFINITIVO PROFERIDO EN LA CAUSA, DECLARANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE LA DEMANDA POR RECLAMO DE PRESTACIONES SOCIALES, INCOADA POR EL CIUDADANO JAIME MONTILLA.