declara dicha separación en la misma forma, términos y condiciones convenidas por los referidos ciudadanos de conformidad con lo establecido en los artículos 189 y 190 del Código Civil.

PRIMERO: SIN LUGAR las cuestiones previas contenidas en los numerales 6° y 7° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta por el abogado PEDRO ELIAS FERNÁNDEZ LEÓN en su carácter de Defensor Judicial del ciudadano ANTULIO JOSÉ PARRA BARBOZA, relacionadas con el defecto de forma de la demanda y la condición o plazo pendiente, respectivamente. SEGUNDO: se le advierte a la parte demandada que una vez vencido el lapso de diferimiento acordado por auto de fecha 18.3.2009, se iniciará la oportunidad de los cinco días de despacho que prevé el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, para dar contestación a la demanda. TERCERO: De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la presente incidencia.

PRIMERO: SIN LUGAR la oposición formulada en fecha 11.3.2009 por el abogado JUAN PABLO CORTESÍA, con el carácter de Defensor Judicial de los ciudadanos WILLIAMS JOSÉ GONZÁLEZ GUITIERRES y JOHANNA ISABEL QUILARQUEZ HERNÁNDEZ, en contra del decreto de intimación dictado en fecha 9.1.2008 y su complemento de fecha 22.1.2008. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de Ejecución de Hipoteca incoada por la ciudadana MARTINA NICOLASA TROSEL NOGUERA, en contra de los ciudadanos JOHANNA ISABEL QUILARQUEZ HERNÁNDEZ y WILLIAMS JOSÉ GONZÁLEZ GUTIERRES, todos identificados. TERCERO: Se acuerda la continuación de la ejecución constituida sobre el inmueble identificado con el Nro. C-27, ubicado en el segundo piso de la Torre "C", de la RESIDENCIAS MIRAMAR del sector Genovés, final de la calle Narváez, jurisdicción del Municipio Mariño de este Estado, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, limitando la ejecución a cantidad de DOCE MIL BOLÍVARES FUERTES .....

declara las anteriores actuaciones TITULO SUFICIENTE DE PROPIEDAD, a favor de la empresa HOTEL GRAN AVENIDA, S.A, domiciliada en Porlamar, Estado Nueva Esparta, e inscrita en el Registro Mercantil I de este Estado, en fecha 08 de noviembre de 1.977, anotada bajo el Nro. 52, Tomo 5° representada por su Presidente, ciudadano GIUSEPPE GIUSTOLISI EMANUELE.

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de NULIDAD DE DOCUMENTO (AGRARIO) incoada por el ciudadano JOSÉ JESUS RODRIGUEZ ROSAS en contra del ciudadano OSMEL RODRÍGUEZ y la Alcaldía del Municipio Antolin del Campo de este Estado, ya identificados. SEGUNDO: declara la nulidad absoluta o inexistencia de la venta efectuada por ante la Ofician Subalterna de Registro Público del Municipio Arismendi de este Estado en fecha 10 de julio de 1997, anotado bajo el Nro. 36, folios 174 al 176, Protocolo Primero, Tomo segundo, Tercer trimestre de ese año. TERCERO: Improcedente la reclamación de indexación o corrección monetaria. CUARTO: De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total. QUINTO: Sen cumplimiento del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena notificar a la Alcaldía del Municipio Antolin del Campo y al Sindico Procurador Municipal del referido Municipio como representante.....

Por tal motivo, éste Tribunal en aplicación del fallo parcialmente trascrito declara inadmisible la presente demanda por no cumplir la misma con los requisitos indispensables previstos en el artículos 690 y 691 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que no tiene objeto tramitar todo un proceso, para luego en la definitiva llegar a la misma conclusión. Y ASI SE DECIDE.

Bajo tales consideraciones, este Tribunal niega la presente solicitud por dos motivos el primero, en vista que se extrae que la solicitante si bien le atribuye a la Comunidad Indígena Francisco Fajardo la propiedad del terreno donde supuestamente se encuentra construida las bienhechurías que según afirman edificó a sus propias expensas consta que aportó para demostrar esa circunstancia copia de un documento que no está sometido a las formalidades de Registro Público y que por lo tanto carece de valor probatorio en aplicación del artículo 1920 ordinal 1° del Código Civil y el segundo, en vista de que tampoco se aportaron pruebas que permitan verificar que el legítimo propietario del referido terreno haya autorizado a la solicitante para comprobar la titularidad del derecho de la propiedad que le asume a dicha comunidad y para realizar tales construcciones.