Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ IMPROCEDENTE la solicitud de SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN FORZOSA de la decisión proferida por este Juzgado en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil (2000), efectuada por la ciudadana YOLANDA MARÍA VENENCIA DE BOYUET, parte codemandada en el presente Juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoado en su contra y del ciudadano JUAN ENRIQUE BONYUET VALERO, por el ciudadano STANISLAO LUBERTINO FEOLA, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ IMPROCEDENTE la solicitud de REPOSICIÓN DE LA CAUSA, efectuada por la ciudadana YOLANDA MARÍA VENENCIA DE BOYUET, parte codemandada en el presente Juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoado en su contra y .....

Estando contraído este Juzgador a aceptar que por el principio de que conoce el derecho "Iura Novit Curia" y que debe aplicarlo a los hechos que le son denunciados por las partes, y para el caso en concreto ejerciendo incluso la misión de dar concreción a la máxima de oír a la parte, no puede dejar de pasar por alto que no puede con base a todo ello, subrogarse en la obligación del tachante de expresar la causal exacta por la cual pretende tachar los instrumentos indicados, por lo que observando la omisión elemental de la cual adolece el anuncio de la tacha, este Sustanciador encuentra que la misma es inadmisible y no puede ser sustanciarla conforme lo acuerda la norma adjetiva. Así se decide.-

Encontrándose en la etapa procesal dicha las partes debidamente facultadas y representadas, en la fecha señalada al inicio de esta resolución celebran la transacción antes determinada, bajo las condiciones y términos señalados en la misma, ante lo cual el Tribunal en virtud que la misma, no es contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, la encuentra conforme, impartiendo en consecuencia su aprobación declarándola en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo posibles derechos de terceros. Así se declara.