REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. EXPEDIENTE N° 008-2026. PIEZA DE AMPARO SOBREVENIDO. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.310.612 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 184.906. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Sociedad Mercantil J&J SHIELD ARMORING, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha treinta (30) de Julio del año 2014, bajo el N° 38, Tomo 91-A 485, REPRESENTADA POR EL FUNCIONARIO PÚBLICO Ender David Ojeda Toledo, venezolano, mayor de edad, titular d ela Cédula de Identidad N° 7.800.081. JUICIO: PIEZA DE ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES (ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL SOBREVENIDO).- FECHA DE ENTRADA: 04 de Mayo de 2026 Recibido Amparo Constitucional Sobrevenido el día 04 de Mayo de 2026, interpuesto el abogado CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.310.612 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 184.906, número de teléfono 0412 5671654, correo electrónico  atenciocardenaslegal@gmail.com , contra las actuaciones fraudulentas de la Sociedad Mercantil J&J SHIELD ARMORING, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha treinta (30) de Julio del año 2014, bajo el N° 38, Tomo 91-A 485.- Alega el presunto agraviado abogado CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN que dado el agravio constitucional emanado de solicitud de fraude procesal efectuada por la sociedad mercantil J & J SHIELD ARMONING, C.A., que ha sorprendido la buena fe de este Tribunal al pretender debatir en una incidencia de fraude procesal la materia que es objeto de la actividad probatoria en la incidencia de honorarios profesionales, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia es el Juez Natural facultado y llamado a conocer y corregir la lesión constitucional de forma inmediata. En tal sentido, este órgano jurisdiccional, encontrándose en la oportunidad pertinente para pronunciarse sobre la admisibilidad de la Acción de Amparo intentada, pasa a realizar las siguientes consideraciones: DE LA COMPETENCIA Revisadas como han sido las actas procesales, debe este Órgano Jurisdiccional verificar su competencia para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional. En este sentido, es importante citar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en la Ley.” Por su parte la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2002, expediente 00-0022, caso: Emery Mata Millán, estableció: "….. (Omissis) Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta….. (Omissis)." De lo anteriormente transcrito se desprende que, son competentes para conocer la acción de amparo constitucional los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con el derecho transgredido; así cuando el artículo 7 hace mención a la afinidad, se refiere a la naturaleza de la situación jurídica que se señala violada. En el caso bajo estudio se constata que el presunto agraviado señaló que el presunto agravio constitucional emana de la solicitud de fraude procesal denunciado por la sociedad mercantil J & J SHIELD ARMONING, C.A., en la causa de incidencia de Honorarios Profesionales sustanciada en el expediente signado con la nomenclatura de este Juzgado N° 008, por lo que en atención a lo ello, corresponde a este Tribunal que conoce del asunto, declararse competente para conocer de la presente acción de Amparo Sobrevenido. Así se establece. DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL SOBREVENIDO Del análisis cognoscitivo efectuado por esta administradora de justicia constitucional, a la querella de amparo sub litis, se desprenden las siguientes argumentaciones fácticas: “(Omissis) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia número 7 del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt) proferida por la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, formal pretensión de amparo constitucional sobrevenido en contra de la actuación fraudulenta de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A. AGRAVIANTE: SOCIEDAD MERCANTIL J&J SHIELD ARMONING C.A, identificada en autos, REPRESENTADA POR EL FUNCIONARIO PÚBLICO ENDER DAVID OJEDA TOLEDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad alfanumérica V-7.800.081, cuyo poder y domicilio procesal constan en el expediente. AGRAVIADO: CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad alfanumérica V-18.310.612. (Omissis)  En el presente caso, nos encontramos ante una situación en la que mi persona como parte agraviada agotó la vía ordinaria al haberme opuesto en tiempo procesalmente hábil a la apertura de la incidencia de fraude procesal mediante la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad, la cual fue infructuosa por cuanto en vez de resolverse de la forma ajustada a Derecho el Tribunal prefirió abrir la incidencia a pruebas, auto que no es apelable y, por lo tanto, no dispongo de una vía ordinaria de impugnación, toda vez que los actos de la contraparte flagrantemente lesivos de derechos y garantías constitucionales proferidos por este Despacho se han mantenido incólumes dadas las decisiones adoptadas por este Despacho. A todo evento y en el supuesto negado que este órgano jurisdiccional considerase que el auto de admisión de pruebas tiene una vía ordinaria de impugnación consistente en la apelación, el recurso en el presente caso se encuentra afectado por tres factores de dilación que limitan de manera significativa la posibilidad de obtener una tutela efectiva con la inmediatez que le es propia; a saber: (Omissis) DE LAS ACTUACIONES FLAGRANTEMENTE VIOLATORIAS DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (Omissis) La defensa de la intimada incurre en una contradicción lógica y jurídica que desvirtúa por completo su acusación de fraude. Al consignar el recibo de fecha 15 de enero de 2025, que ha sido impugnado por carecer de firma original y tratarse de una copia simple, la contraparte admite dos hechos fundamentales: que los servicios fueron prestados y que existe un saldo pendiente. (Omissis) Resulta técnica y jurídicamente inexplicable que la representación de la intimada haya acudido a la gravosa y excepcional figura del fraude procesal, cuando la naturaleza de su alegato —de ser cierto— encontraba su cauce natural y único en la excepción de pago y en pagar la diferencia que el mismo abogado dice deber su representada. La contraparte sostiene que ya pagó parte de lo adeudado o que el monto está limitado por un recibo. En el derecho procesal civil venezolano, cuando un demandado afirma haber extinguido la obligación que se le reclama, la ley le impone la carga de oponer la excepción de pago y a ejercer la actividad probatoria correspondiente. Al no oponer formalmente la excepción de pago y limitarse a atacar la supuesta "intención" del suscrito mediante una incidencia de fraude, la intimada dejó huérfana su defensa de fondo. El fraude procesal no es un sustituto de las defensas perentorias. Si la intimada consideraba que el pago de MIL QUINIENTOS DÓLARES (1.500,00 USD) tenía efectos liberatorios totales, debió excepcionarlo así y no lo hizo. (Omissis) El derecho no ampara a quien teniendo los mecanismos legales para defenderse (la excepción de pago o la retasa), decide utilizar vías indirectas para cuestionar la moralidad del demandante. Se debe insistir en que el ordenamiento jurídico prevé la retasa como el mecanismo especial y único para cuestionar la cuantía de los honorarios cuando se consideran exagerados. Al intentar un fraude procesal, la contraparte está subvirtiendo las formas procesales, lo cual es, en sí mismo, una falta a la lealtad procesal y este Tribunal permitió semejante desorden procesal. Si no existe un contrato escrito y firmado que limite los honorarios, amén del reconocimiento expreso de la prestación del servicio y la deuda, la estimación del abogado es un acto unilateral legítimo y el fraude procesal no puede usarse para "anular" una estimación profesional basándose en meras expectativas del cliente o recibos parciales sin firma. (Omissis) Ciudadano Juez Constitucional, el relato anterior no es superfluo. La actuación de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A. no sólo me dejó en un estado de indefensión absoluta, sino que, además ha generado un desorden procesal y un estado de incertidumbre tal que, en adelante, no sé cómo continuar la actuación procesal de la incidencia, siendo que, como estableci en párrafos precedentes, se me obliga a probar hechos negativos, pero, además, esta violación vulneró el principio de confianza legitima y expectativa plausible y la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre tutela judicial efectiva y debido proceso.….. (Omissis). La actuación de la sociedad mercantil SHIELD ARMONING C.A., que sorprendió la buena de este Tribunal y de quien suscribe, provocó un giro radical respecto al modo establecido en la ley y la interpretación tradicional sobre el trámite de la incidencia de fraude procesal. En la modificación sustancial de facto de las reglas sobre la tramitación del fraude procesal se sacrificó la seguridad juridica y la confianza legitima, principios que deben prevalecer para evitar que la administración de justicia se torne imprevisible y caótica, como ha sucedido en este caso concreto por  obra de las actuaciones fraudulentas de la sociedad mercantil J&J SHIELDARMONING C.A. (Omissis) Ciudadano Juez, las actuaciones fraudulentas de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A. que son objeto de impugnación han violado groseramente el cúmulo de derechos de rango constitucional y principios constitucionales antes delatados y, además, como se puede ver, ha acarreado una violación grotesca al principio de seguridad juridica que debe reinar en los procedimientos judiciales y que se hace meridianamente palpable con la sola lectura de la sentencia y su vinculación con los hechos esgrimidos en el presente escrito. (Omissis) Basta con el análisis de las delaciones aquí planteadas para colegir que, cuando menos, las actuaciones la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A.. además de inconstitucionales por haberlas efectuado en franca contradicción al debido proceso y demás principios y derechos constitucionales mencionados, son contrarias al orden público. Observará este Órgano Superior de la Administración de Justicia que la noción de orden público se relaciona intimamente con las alegaciones formuladas en el presente escrito, y ha sido recogido en, inter alia, por la propia Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, número 192 de 31 de mayo de 2010, en la cual se abordó lo siguiente: (Omissis) Ciudadano Juez, la presente incidencia de fraude procesal interpuesta por la contraparte no es más que un ejercicio de dolo procesal en su estado más puro: un "fraude sobre el fraude". Constituye una máxima del derecho que las formas procesales son instrumentos para alcanzar la justicia, no armas para impedirla. En este caso, la denuncia de fraude carece de sustrato fáctico y base legal, lo que revela que su interposición no busca la verdad real, sino la fabricación de un obstáculo artificial para paralizar la jurisdicción. Por lo tanto, he de advertir que no estamos ante un error de interpretación o una defensa técnica apasionada. Existe aquí un dolo específico y deliberado: la contraparte ha seleccionado una institución de orden público (el fraude procesal) para instrumentalizarla con el fin único de sustraerse de los efectos de una sentencia inminente. Como ha señalado la doctrina civilista y constitucional, el fraude procesal se configura cuando una de las partes utiliza el proceso para obtener un beneficio indebido o un fin ilícito; en este supuesto, el fin ilícito es el secuestro del itinerario procesal, pretendiendo que el tribunal se convierta en un instrumento involuntario de su temeridad. (Omissis)  Bajo este lineamiento, la incidencia que hoy nos ocupa encaja perfectamente en dicha definición, pues utiliza una facultad procesal para engañar a este Tribunal, simulando una infracción inexistente para lograr en esta incidencia lo que no pudo probar en la incidencia de honorarios, para sustraerse de la obligación de pago reconocida y para forzar una paralización que la ley no le concede. Es, en esencia un fraude a la ley, pues se ampara en una norma de procedimiento para alcanzar un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico. (Omissis) No puede el tribunal permitir que el proceso sea utilizado como un fin en si mismo para destruir el derecho sustantivo. Permitir la tramitación de una incidencia de fraude que es, en esencia, fraudulenta, desnaturaliza la función jurisdiccional. El amparo sobrevenido debe proceder para restaurar el imperio de la Constitución y evitar que la astucia procesal y la temeridad prevalezcan sobre la justicia ciudadana. En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos. resulta palmaria la existencia de una lesión constitucional directa, inmediata y flagrante ejecutada por la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING, C.A. No estamos ante un simple disenso interpretativo o una irregularidad adjetiva, sino ante una subversión absoluta de las formas sustanciales del proceso que ha mutado la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil en un escenario de emboscada procesal e incertidumbre jurídica. (Omissis) Se concluye de manera categórica que la incidencia de fraude procesal interpuesta por la contraparte no es más que una maniobra de distorsión jurídica que pretende subvertir el orden público procesal y asaltar la buena fe de este tribunal. Es imperativo que el Juzgador advierta que nos encontramos ante un "fraude sobre ell fraude", donde se instrumentaliza una figura de auxilio constitucional para destruir el procedimiento de retasa establecido de forma técnica, exclusiva y excluyente en la Ley de Abogados. La legislación venezolana no ha dejado al arbitrio de incidencias genéricas la determinación del quantum de los honorarios, sino que ha instituido un fuero especial y forzoso para tales fines; por lo tanto, cuando la contraparte intenta mutar una disconformidad con el monto estimado -la cual ya está será debatida en la retasa a la que ella misma se acogió en una denuncia de fraude procesal, incurre en una flagrante violación a los principios venire contra factum proprium non valet y nemo auditur propriam turpitudinem allegans y en un abuso de las formas que desnaturaliza la tutela judicial efectiva….. (Omissis) En consecuencia, solicita que, en ejercicio de su deber de dirección y saneamiento del proceso, este Tribunal desestime e inadmita de plano dicha incidencia por carecer de objeto y base legal, declarando la temeridad de quien la propone por intentar criminalizar el ejercicio profesional y obstruir de manera contumaz la administración de justicia, ordenando en su lugar la continuación inmediata del procedimiento técnico de retasa como única vía idónea y constitucional para resolver la controversia. (Omissis) Ciudadano Juez Constitucional, la retasa, a la que se acogió la intimada, no constituye una simple opción procedimental, sino que se erige como la Garantía Institucional del Juez Natural Exclusivo, cuya inobservancia acarrea la nulidad absoluta por subversión del orden público procesal, toda vez que la Ley de Abogados instituye una jurisdicción especial y técnica para la determinación del quantum de los honorarios profesionales….. (Omissis) por lo tanto, pretender que una incidencia de fraude procesal suplante esta competencia técnica constituye un fraude a la ley y una violación directa al articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Juez de la causa carece de competencia material para decidir sobre la justeza de una estimación mediante un procedimiento de fraude que colida con la usurpación de funciones y hace que el juez actúe fuera de su ámbito de competencia conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Este desvío procesal vulnera flagrantemente el derecho a la Tutela Judicial Efectiva consagrado en el artículo 26 constitucional, el cual garantiza que todo ciudadano sea juzgado por los procedimientos legalmente preestablecidos, siendo la Retasa el cauce único y natural que impide convertir el proceso en una emboscada o en un escenario de "terrorismo judicial" destinado a criminalizar el cobro legitimo de honorarios. Al haberse acogido la contraparte a la Retasa, ha operado la aceptación del cauce legal bajo el principio de confianza legitima, por lo que intentar mutar dicha discusión técnica en una incidencia de fraude procesal es una conducta de mala fe que rompe la estructura del iter procesal y genera una indefensión absoluta, obligando al Juez, como director del proceso a declarar la inadmisibilidad de plano de cualquier pretensión que pretenda evadir la jurisdicción especial de los retasadores para salvaguardar la seguridad jurídica y la majestad de la Ley de Abogados. Por otro lado, como quiera que la finalidad del amparo sobrevenido es la suspensión cautelar de los efectos de las actuaciones lesivas hasta que se resuelva el fondo del asunto principal (incidencia de honorarios), debemos observar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257. erige el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia y garantiza la tutela judicial efectiva. Esta garantía no se agota con el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que comprende el derecho a obtener una protección anticipada que asegure que el resultado del fallo no sea ilusorio por el transcurso del tiempo. En este sentido, las medidas cautelares constituyen el pilar de la tutela judicial efectiva, pues su fin es enervar la eficacia de conductas que puedan causar un daño irreparable al solicitante como en el presente caso. En la especie, el auto admisión del fraude y de apertura a pruebas dictado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo del estado Zulia, sorprendido en su buena fe, ha convalidado la actuación lesiva e inconstitucional del agraviante, inter alia, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el principio de seguridad jurídica, confianza legitima y expectativa plausible, todos de rango constitucional al haber subvertido los procedimientos legalmente establecidos, siendo que lo que la contraparte pretende como fraude, precisamente, es objeto de la actividad probatoria en la incidencia de honorarios y, paradójicamente, es la propia parte solicitante de la incidencia quien ha actuado fraudulentamente al solicitarla.(Omissis) Dado que los actos proferidos por el Tribunal en virtud de las actuaciones de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A., son de ejecución inmediata en el curso de la incidencia, es necesaria, con base al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que los efectos de tales actuaciones sean suspendidos cautelarmente hasta que se resuelva el fondo del asunto, siento esta tutela cautelar una manifestación propia del amparo sobrevenido. Esto no solo beneficia al suscrito como abogado intimante, sino que es necesario para evitar que se convalide un proceder en el que ha sido vilmente pisoteada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La presunción de buen derecho en esta solicitud emana de la evidente colisión entre la actuación impugnada de J&J SHIELD ARMONING C.A., y la doctrina vinculante sobre el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, confianza legítima, expectativa plausible e igualdad entre las partes, presunción de inocencia y la doctrina de la Sala Constitucional sobre fraude procesal. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, y vista la necesidad de preservar la integridad de la Constitución, solicito respetuosamente a este Tribunal DECRETE la SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS de las actuaciones impugnadas, hasta que se resuelva el fondo del asunto principal relacionado (incidencia de honorarios). PETITORIO Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, con el debido respeto y acatamiento, se solicita a este honorable Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, actuando en sede constitucional, lo siguiente: PRIMERO: Que asuma su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional. SEGUNDO: Que efectúe positivamente el juicio de admisibilidad de la presente pretensión de amparo constitucional y, en consecuencia, admita a trámite la solicitud en cuestión por no ser contraria a la ley, al orden público y a las buenas costumbres y cumplir con los requisitos de admisibilidad contenidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la doctrina invocada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. TERCERO: Que DECRETE la MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS de los autos de admisión y de apertura a pruebas en la incidencia de fraude procesal proferidos por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y ORDENE la paralización de cualquier trámite de ejecución producto de las actuaciones lesivas de derechos y garantías constitucionales hasta que se resuelva el fondo del asunto principal. CUARTO: Que tramite como de mero derecho la presente solicitud y, en la sentencia definitiva, ejerza positivamente el juicio de procedencia de la pretensión de amparo propuesta y, en consecuencia, declare la NULIDAD absoluta de todas las actuaciones acaecidas en el procedimiento de fraude procesal efectuado por el funcionario público Ender David Ojeda Toledo, ya identificado, en representación de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por consiguiente, declare INADMISIBLE la solicitud de fraude procesail. QUINTO Que ordene la notificación del ciudadano FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO con competencia en materia de derechos y garantías constitucionales a los efectos de que tome conocimiento de los hechos denunciados en el presente escrito e intervenga como parte de buena fe. (Omissis)” DE LA ADMISIBILIDAD DEL AMPARO Determinados como los fueron los argumentos en que la parte presuntamente agraviada fundamenta la presente acción de amparo constitucional sobrevenido, es deber entonces de este Juzgado pronunciarse con respecto a su admisibilidad, para lo cual se estima necesario observar lo siguiente: Ahora bien, en lo que concierne al amparo sobrevenido interpuesto, es preciso señalar que tal figura, como ha sido definida por la doctrina y jurisprudencia patria, es una vía muy especial que permite ventilar en un mismo juicio una denuncia de lesión constitucional que surge en el curso de este, cuando, con posterioridad a su inicio, surgen actos cometidos por las partes, terceros, auxiliares de justicia o funcionarios judiciales diferentes a los jueces, que violan o amenazan violar derechos y garantías fundamentales de las partes, siendo su objetivo evitar, mientras se decide el fondo del asunto, la materialización o continuidad de los efectos lesivos de esos actos. De allí que se diga que tal figura tiene un carácter meramente cautelar, por cuanto es lo que le diferencia del amparo autónomo, el cual busca producir efectos restitutorios plenos. Además, esta figura especial tiene la característica de ser provisional o temporal, por cuanto dejará de existir una vez el juicio principal finalice. Es importante señalar que el amparo sobrevenido no se encuentra consagrado en una forma precisa y categórica por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que el legislador dejó abierta la posibilidad de hacer cesar temporalmente los efectos de un acto que acaece durante del desarrollo de un proceso, cuando el mismo lesione o amenace violar derechos o garantías constitucionales de alguna de las partes, ello con la finalidad de no dejar desamparado a ninguno de los sujetos que intervienen en la relación jurídica procesal. Tal posibilidad se infiere del numeral 5° del artículo 6 de dicha Ley especial, la cual establece: “…5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”   De manera pues que ha de destacarse que, en cuanto a su trámite, por constituir el amparo sobrevenido una modalidad del amparo constitucional, el primero se tramita por las mismas reglas que ha establecido la Ley especial con observancia de lo regulado por la jurisprudencia patria en la materia. Y en ese sentido, los requisitos de admisibilidad del amparo sobrevenido, son los mismos establecidos para el amparo constitucional autónomo, aunado a los adoptados por la jurisprudencia en virtud de sus características especiales. Ahora bien, en el caso de autos, una vez revisado y analizado el escrito contentivo de los fundamentos del amparo sobrevenido interpuesto, advierte esta operadora de justicia que si bien en el mismo la parte querellante señala que “la amenaza de violación“ se produce en el marco del procedimiento aun activo de la incidencia de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales y por hechos que provienen de la parte demandada presunta agraviante al denunciar fraude procesal incidental, resulta insoslayable para el Tribunal que se constituye en sede constitucional analizar e identificar el acto lesivo del cual emana la presunta situación jurídica infringida que pretende restituirse. En el marco de tal análisis, se observa que  la parte denunciante, en la sección segunda de su escrito, denominado “de las actuaciones flagrantemente violatorias de derechos y garantías constitucionales” señala que “el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo del estado Zulia, sorprendido en su buena fe, ha convalidado la actuación lesiva e inconstitucional del agraviante, inter alia, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el principio de seguridad jurídica, confianza legítima y expectativa plausible, todos de rango constitucional al haber subvertido los procedimientos legalmente establecidos, siendo que lo que la contraparte pretende como fraude, precisamente, es objeto de la actividad probatoria en la incidencia de honorarios y, paradójicamente, es la propia parte solicitante de la incidencia quien ha actuado fraudulentamente al solicitarla“ Así mismo, la denunciante esgrime alegatos en relación a que el Juzgado de la causa no le dio oportunidad para ejercer la oposición o derecho a la defensa sobre las pruebas promovidas por su contraparte una vez que se dictó el auto de admisión de los referidos medios probaticos. En igual sentido, se señalan directamente los efectos de las decisiones dictadas por este Tribunal como hechos que generan el agravio constitucional, conclusión que deviene de la pretensión cautelar plasmada en el escrito de denuncia, pues se refiere directa e indiscutiblemente a los efectos de los autos de admisión y apertura a pruebas de la incidencia de fraude procesal, solicitando la suspensión de efectos y la paralización de cualquier trámite de ejecución producto de las actuaciones lesivas de derechos y garantías constitucionales hasta que se resuelva el fondo del asunto principal, sin que pueda dejar de observarse que en la sección denominada “petitorio”, se solicita con indefectible claridad la nulidad absoluta de todas las actuaciones acaecidas en el procedimiento de fraude procesal. De lo anterior, llama poderosamente la atención a este Órgano Jurisdiccional que al efectuarse la lectura del referido escrito, se deduce con palmaria claridad que lo que pretende con la acción constitucional intentada es enervar los efectos tanto del auto de admisión o de apertura de la articulación incidental, como del auto de admisión de pruebas dictado en la incidencia  de honorarios profesionales por este Tribunal, es en virtud de ello que este Órgano Jurisdiccional esta conminado a analizar los presupuestos de admisibilidad de la querella de amparo constitucional sobrevenido presentada, haciendo especial referencia a su naturaleza, tal como en efecto se efectúa en el presente fallo. Siguiendo el orden de ideas, comporta este Tribunal señalar la referencial decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha  20 de enero del año 2000, caso: Emery Mata Millán, que sostuvo lo siguiente: “...el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo  de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado.  Con esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de mantener esta importante manifestación del amparo constitucional debido a la ventaja de ser dictada dentro del mismo proceso en el cual se produce la lesión o amenaza de lesión de derechos constitucionales, manteniéndose así el principio de la unidad del proceso, al no tener que abrirse causas procesales distintas –con los retardos naturales que se producirían- para verificar si efectivamente se ha producido la violación denunciada. Igualmente, se lograría la inmediación del juez con la causa que se le somete a conocimiento, la cual no sólo incidiría positivamente en la decisión del amparo interpuesto, sino que también pudiera aportar elementos de juicio necesarios para tomar medidas,  bien sean cautelares o definitivas, en la causa principal y en el propio amparo.” La parcialmente reproducida decisión, ampliamente citada por diversos Tribunales actuando en sede constitucional, se refiere  a la  problemática del Amparo sobrevenido señalando y delimitando la admisibilidad y parámetros de sustanciación del mismo, refiriendo en forma suficientemente comprensible para el justiciable, que cuando las violaciones a derechos constitucionales o las violaciones a garantías de Rango constitucional surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia y también de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo y este lo sustanciará mediante cuaderno separado, debiendo hacerse énfasis en que sean funcionarios distintos a los jueces. De esta forma, se afirma en este fallo que este Tribunal comparte y hace suyo tal criterio del Máximo Tribunal de Justicia, el cual también tiene fundamento en ideas adoptadas por la doctrina patria, pues el autor Chavero Gazdik, R. J. (2001). El nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela. Editorial Sherwood, P.525, expresa que: "esta clara posición de la Sala Constitucional debe eliminar cualquier intento de tramitar una acción de Amparo constitucional contra una decisión judicial, así sea un interlocutoria o un simple acto de mera sustanciación a través del amparo sobrevenido en el propio tribunal que dictó el fallo cuestionado" Se distingue entonces que, tal institución prevista en el ordinal 5 del artículo 6 de la norma ejusdem, se dirige a casos en los que el acto lesivo derive de actuaciones de sujetos en los cuales se encuentra excluido el juez, coligiendo este Juzgado que resulta diáfanamente consistente la postura de evitar que la modalidad de amparo sobrevenido sea utilizado como un medio de impugnación de fallos interlocutorios ante el propio tribunal que viene conociendo de la acción principal. La anterior interpretación jurisprudencial se ve reforzada por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de más reciente data, dictada específicamente en fecha dieciocho (18) de febrero de 2025, bajo el No. 164, Exp. 24-1040, con ponencia de la Magistrada MICHEL ADRIANA VELÁZQUEZ GRILLET, en la que, respecto al amparo sobrevenido, pronunció judicialmente lo siguiente: “Visto lo anterior, resulta necesario para esta Sala determinar la naturaleza del amparo incoado, por cuanto el accionante ejerció un amparo “sobrevenido”, debiendo establecerse la diferencia que existe entre la acción de amparo sobrevenido y la acción de amparo contra una decisión judicial, estipulada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual procede cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional, debiendo interponerse la acción en cuestión ante el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, en atención a la norma antes referida. La acción de amparo sobrevenido es una vía muy especial creada para permitir que se ventile en el mismo juicio una denuncia d lesión constitucional acaecida durante su curso, en forma tal que la decisión de la controversia original y de la sobrevenida, cuenten con los mismos elementos de juicio que permitan un criterio analítico de todos los supuestos comunes, por lo que tal figura tiene carácter netamente cautelar siendo su objetivo evitar, mientras se decide el fondo del asunto, la materialización o continuidad de los efectos lesivos de un acto, surgidos en el transcurso del proceso principal, por lo que la misma debe interponerse necesariamente dentro de dicho proceso y dejará de existir una vez que éste finalice. De manera que, debe destacarse que constituye característica propia de la acción de amparo sobrevenido -entre otras-, el carácter meramente cautelar de éste, debiendo interponerse dentro del mismo juicio en el que durante su desarrollo, haya acaecido presuntamente la violación o amenaza de violación constitucional. Así pues, respecto a las características primordiales del amparo sobrevenido, se encuentran las siguientes: 1.   La lesión debe ser sobrevenida a un proceso en curso, esto es, posterior a la instauración de la litis. 2.   Debe provenir la amenaza de cualquiera de los sujetos que de una forma u otra participan en el juicio, como los integrantes del Tribunal, las partes, los terceros de cualquier naturaleza, los jueces comisionados, los auxiliares de justicia, etc. 3.   Debe materializarse en un acto o en una actuación o conjunto de ellas que lesionen el derecho del solicitante, por cuanto el objeto del amparo sobrevenido es obtener la suspensión de una decisión durante el curso del proceso. 4.   Debe tratarse de una amenaza o lesión de un derecho constitucional.(…Omissis…) De todo lo anterior, se evidencia claramente las diferencias entre la acción de amparo contra decisiones judiciales y el amparo sobrevenido, entre ellas, que el primero permite anular o suspender el acto impugnado, mientras que el segundo sólo permite la suspensión provisional de dicho acto; además, este debe intentarse ante el mismo Tribunal donde cursa el proceso en que se originó la lesión, mientras que aquel se interpone ante el Tribunal Superior del que causó la lesión; asimismo en el amparo sobrevenido el agraviante puede ser cualquier persona que intervenga en la relación jurídica procesal, incluso los terceros, mientras que en el amparo contra sentencias o decisiones judiciales sólo puede ser el Juez a través de una decisión. Aunado a lo anterior, y como corolario de las diferencias entre ambas modalidades del amparo constitucional, está el hecho de que el amparo sobrevenido procede cuando un acto surgido durante el transcurso de un proceso le lesiona a la parte que lo solicita un derecho constitucional; mientras que en el amparo contra sentencia o decisión judicial no basta que el acto judicial impugnado le lesione al solicitante derechos o garantías constitucionales, sino que es necesario que tales violaciones se deban a que el juez al dictar el referido fallo haya actuado fuera de su competencia, en el sentido antes esbozado. Al respecto esta Sala Constitucional en sentencia N.° 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, sostuvo lo siguiente: (…Omissis…) En el caso de autos, el acto presuntamente lesivo no provino de las partes procesales, los terceros o los auxiliares de justicia, sino del mismo juzgador que conocía de la causa y que dictó un auto el  31 de julio de 2024, mediante el cual declaró definitivamente firme - sin contemplar el término de la distancia y la debida notificación- , la decisión proferida por el citado Tribunal el 25 de julio de 2024, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el hoy accionante contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Constitucional, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Aeronáutico del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por tanto, mal podría calificarse la tutela constitucional invocada como un amparo “sobrevenido”, toda vez que, en atención al criterio sustentado por la Sala supra, se trata de un amparo contra decisión judicial, el cual debe tramitarse de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disposición esta que atribuye la competencia al tribunal superior al que emitió el pronunciamiento cuestionado; en razón de lo anterior, es forzoso concluir que el presente caso se circunscribe a una acción de amparo contra decisión judicial, en los términos del artículo 4 eiusdem”. De la cita jurisprudencial extraída en líneas pretéritas se evidencia que constituye criterio pacífico, reiterado e inveterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que la figura del amparo constitucional sobrevenido no constituye un mecanismo idóneo para impugnar, revisar o enervar actuaciones jurisdiccionales emanadas del mismo juez que conoce de la causa principal. De la revisión jurisprudencial se videncia que la modalidad de amparo constitucional in comento posee naturaleza estrictamente cautelar y está concebida únicamente para enfrentar lesiones constitucionales incidentales surgidas dentro del proceso por actuaciones distintas al ejercicio decisorio jurisdiccional propiamente dicho. En consecuencia, cuando el presunto agravio deriva directamente de autos, providencias o decisiones dictadas por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, la pretensión escapa del ámbito del amparo sobrevenido y se subsume, en caso de procedencia, dentro de la acción de amparo contra decisiones judiciales prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE CONSIDERA.- La anterior afirmación halla su fundamento teleológico en el aforismo latino nemo ese iudex in sua caus potest, el cual recoge que nadie puede ser Juez en su propia causa, máxima del derecho que el legislador patrio acoge indirectamente en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuando proscribe que todo Jurisdicente revoque, reforme y, por efecto de interpretación consecuencial, suspenda la efectividad de los actos decisorios dictados en ejercicio de la Jurisdicción conferida a su autoridad. Ahora bien, descendiendo al análisis de la querella de amparo constitucional sobrevenido ejercido por el profesional del derecho CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN, estima esta Operadora de Justicia necesario determinar la verdadera naturaleza jurídica de la pretensión constitucional deducida, ello en aplicación del principio iura novit curia, conforme al cual corresponde al órgano jurisdiccional efectuar la correcta calificación jurídica de las pretensiones sometidas a su conocimiento, atendiendo a su contenido material y a los efectos jurídicos realmente perseguidos por el accionante, con independencia de la denominación formal atribuida por éste. Sobre dicho principio vale traer a colación la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como se recoge en sentencia de la Sala de Casación Civil del dos (02) de junio de 2023, con ponencia de la Magistrada Carmen Eneida Alves, Exp. 23—079, en la que decidió que: “En relación al principio iura novit curia con respecto a la calificación jurídica, esta Sala en sentencia N 458, de fecha 21 de julio de 2008, (caso Cecilia Morales Molero Vs. Construcciones e Inversiones Hernández, C.A., (COINHERCA), estableció: Por otra parte, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil, en aplicación del cual el juez está sujeto a lo alegado y probado por las partes, esto es, a las afirmaciones de hecho en que fue sustentada la pretensión, mas no respecto de la calificación jurídica que de ellos hizo la parte, pues conforme al principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, por lo que en su interpretación y aplicación no está atado a la calificación dada por las partes a la controversia. De lo anterior se deduce que, si el demandante alega unos hechos y los califica incorrectamente, puede el sentenciador, en virtud del principio iura novit curia, corregir la calificación realizada por la parte; y tal calificación hecha por el juez puede ser atacada por medio de una denuncia por infracción de ley o denuncia de fondo. Sin embargo, la calificación de los hechos realizada por el juez, no puede modificar el título de la pretensión o la causa, porque ésta comprende tanto aspectos de hecho, como apreciaciones de derecho, y, como se señaló ut supra, el juez está sujeto a lo alegado y probado por las partes, es decir, se encuentra limitado por las afirmaciones de hecho en que fue sustentada la pretensión. De manera que, si la parte apoya su pretensión en una determinada causa de pedir causa petendi-, y alega unos hechos que de ser demostrados acarrearían la aplicación de las reglas legales que sustentan lo pedido, no puede el Juez modificar el título para acordar o negar la demanda, pues no sólo estaría aplicando el derecho, sino que no se atendría a los hechos alegados por la parte como fundamento de su pretensión, incurriendo así en el vicio de incongruencia, dado que el juez estaría agregando hechos nuevos a los hechos alegados por las partes, los cuales no forman parten del thema decidendum. Por cuanto al juez le está dado por ley analizar los hechos y aplicar el derecho, bajo el principio iura novit curia, pero no le esta permitido adicionar o agregar hechos nuevos a las pretensiones de las partes, por que con esta conducta estaría violando lo estatuido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que informa que los jueces deben tener por norte de sus actos la verdad, y atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados . (Destacados de la sentencia). En tal sentido, el ad quem quién conoce el derecho debió corregir la calificación jurídica realizada por la parte actora, dado que la partición no corresponden a los bienes de la comunidad conyugal, ya que, el bien inmueble supra descrito propiedad de los ciudadanos Jesús Gabriel Sandia García (demandante) y Lannys Karelys Gil Malave (demandada) fue adquirido antes de la celebración del matrimonio. En consecuencia, debió el jurisdicente aplicar las reglas establecidas en el Código Civil que regulan la materia para dividir la comunidad ordinaria, y no declarar sin lugar la demanda de partición, dado que el bien inmueble no pertenece a la comunidad de gananciales, por ser adquirido antes de la celebración del matrimonio, pero existe la comunidad ordinaria entre estos ciudadanos que debe ser partida.” (DESTACADO PROPIO). De ahí que, resulte propio en derecho que ante la narración de los hechos gestada por el querellante de autos, proceda esta Juzgadora, en ejercicio del previamente invocado principio iura novit curia, a calificar jurídicamente su pretensión ventilada en amparo constitucional, sin prejuzgar respecto a su procedencia jurídica o certeza probatoria, en invocación del conocimiento del derecho. En tal sentido, observa esta Juzgadora que la parte accionante calificó su pretensión como una acción de amparo constitucional “sobrevenido”; sin embargo, del examen integral del libelo y de los hechos expuestos en él, se evidencia que los presuntos agravios constitucionales denunciados no derivan realmente de actuaciones desplegadas por la contraparte procesal, ni de terceros intervinientes dentro de la relación jurídica procesal, sino que se encuadran de forma directa y mayoritaria de actuaciones jurisdiccionales emanadas de este mismo Órgano Judicial en el curso de la incidencia de fraude procesal, téngase el auto de admisión a la denuncia de fraude procesal y el auto que apertura la articulación probatoria en el mismo. Sobre el particular, la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya citada ut supra, ha establecido de manera uniforme las diferencias sustanciales existentes entre el amparo constitucional sobrevenido y el amparo ejercido contra decisiones judiciales previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así, se ha sostenido que el amparo sobrevenido constituye una modalidad excepcional y eminentemente cautelar de tutela constitucional, tal y como ya se ha establecido anteriormente en este fallo, siendo concebida dicha modalidad para ventilar dentro del mismo proceso una denuncia de lesión constitucional surgida durante el decurso de éste, teniendo como finalidad impedir provisionalmente la materialización o continuidad de los efectos lesivos mientras se resuelve el fondo de la controversia principal. De allí que, una de características esenciales del amparo sobrevenido es que el agravio pueda provenir de cualquiera de los sujetos que participan en la relación procesal, pudiendo ser las partes, terceros, auxiliares de justicia e incluso jueces comisionados, siempre que la lesión se produzca incidentalmente dentro del iter procesal y no mediante una decisión jurisdiccional dictada por el juez de la causa en ejercicio de su potestad decisoria. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en estricto cumplimiento de la doctrina vinculante establecida en la sentencia N° 7 del 1 de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), ratifica que el amparo constitucional contra decisiones judiciales constituye un mecanismo procesal de impugnación con características únicas y diferenciadas de las demás vías de amparo, que a su vez en el caso sub índice, puede distinguirte de la acción sobrevenida de esta naturaleza.    En este sentido, al pretenderse atacar un acto jurisdiccional bajo la figura de un amparo 'sobrevenido', requiriendo su tramitación dentro del mismo expediente del juicio principal,  o en este caso de una incidencia,  debe a juicio de este Tribunal, observarse la admisibilidad de tales pretensiones, guardando el deber de distinguir que entre tales modalidades de amparo, se diferencia esencialmente que el amparo contra sentencias tiene un carácter autónomo,  regido por presupuestos especiales; y el amparo sobrevenido ostenta en sus características una inevitable naturaleza accesoria y cautelar, lo cual conlleva a concluir que en el caso de marras,  la pretensión y el fin último de la acción constitucional ejercida no podría satisfacerse a través de una mera declinatoria de competencia en observación a la función competencial.  En el primero de los casos,  se ha determinado  que  debe interponerse de manera autónoma, ante el tribunal superior al que dictó la resolución presuntamente lesiva, cumpliendo con las cargas procesales específicas (como la consignación del documento fundamental o copia certificada del fallo) que garantizan el ejercicio eficaz de la tutela judicial y el debido proceso; por ello  mal podría, dada la preeminencia  e importancia de la materia en cuestión, permitirse la desnaturalización de la acción de amparo mediante la alegación  de pretensiones en un proceso en curso que, contravengan el carácter autónomo y los presupuestos de procedencia establecidos por el alto Tribunal  para proteger el orden público procesal y la seguridad jurídica, obligando al accionante a acudir a la vía autónoma idónea para la efectiva reparación de las garantías constitucionales vulneradas. Por el contrario, cuando el acto presuntamente lesivo emana directamente del órgano jurisdiccional mediante autos, providencias, decisiones o actuaciones judiciales dictadas dentro del proceso, la pretensión deja de encuadrarse dentro de la figura del amparo sobrevenido y pasa a subsumirse dentro del supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, relativo al amparo contra decisiones judiciales, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Superior competente. En efecto, aun cuando la parte accionante procure formalmente señalar a su contraparte como sujeto agraviante, aprecia este Tribunal que el verdadero objeto de la pretensión está orientado a cuestionar actuaciones y determinaciones jurisdiccionales emanadas de esta Autoridad Jurisdiccional, como lo son el auto de admisión a la denuncia de fraude procesal formulada y el auto que apertura la articulación probatoria en el mismo, siendo precisamente tales actuaciones las que el accionante considera lesivas de derechos y garantías constitucionales, derivado del hecho de que de ellas solicita en instancia cautelar, la suspensión de sus efectos. Por consecuencia, atendiendo a la sustancia de lo alegado y no a la mera denominación utilizada por la parte accionante, resulte forzoso concluir que la tutela intentada no reviste la naturaleza de un amparo constitucional sobrevenido, toda vez que el presunto agravio denunciado no dimana materialmente de actuaciones atribuibles a la contraparte, sino del ejercicio de la función jurisdiccional desplegada por este Tribunal dentro de la pieza de fraude procesal denunciado, en virtud que lo solicitado cautelarmente es la suspensión de los efectos del auto de admisión del fraude procesal y la apertura de la articulación probatoria, y en la definitiva la nulidad absoluta de todas las actuaciones acaecidas en el procedimiento de fraude procesal efectuado por la representación de la sociedad mercantil J&J SHIELD ARMONING C.A., y por consiguiente, solicita se declare la inadmisibilidad de la solicitud de fraude procesal. ASÍ SE OBSERVA.- En definitiva, pretender tramitar esta querella de amparo como un amparo sobrevenido implicaría admitir indebidamente una revisión constitucional intra litem respecto de actuaciones emanadas del mismo órgano jurisdiccional, en abierta contradicción con la doctrina vinculante establecida por la Sala Constitucional y con el diseño previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por tales razones, este Tribunal se ve forzado a declarar, como en efecto declarará en la dispositiva de este fallo, que la querella de amparo constitucional sobrevenida incoada resulta manifiestamente inadmisible. ASÍ SE DECIDE.- Considerando lo anterior, debe este Órgano jurisdiccional señalar que, en el amparo Constitucional, no se evade del cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad, en el marco en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, pues la acción sólo es legítima si se efectúa a través de un acto con forma de ley, dentro del marco de la Constitución, y que su tramitación y procedimiento obedecen a disposiciones normativas que se exponen en el presente fallo.           Al respecto, y a los fines de afirmar la postura antes expuesta, resulta pertinente señalar que la acción de amparo no está concebida para funcionar como una instancia adicional o como recurso ordinario, en virtud de lo cual, la Sala Constitucional en sentencia N° 2581 del 11 de diciembre de 2001 (caso: Robinson Martínez Guillén), señaló que: “...si bien toda persona tiene derecho al ejercicio de la acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, en no pocas ocasiones se ha distorsionado la finalidad de este medio de tutela contra decisiones judiciales, pretendiendo, tendenciosa y subrepticiamente, que sirva de correctivo ilimitado frente a situaciones procesales desventajosas, obviando que el restablecimiento de los derechos infringidos comienza por la utilización de los remedios procesales ordinarios y extraordinarios (la apelación, el recurso de hecho, la oposición en el proceso cautelar y su articulación probatoria, e incluso, los recursos de casación e invalidación)”. En virtud de ello, advierte esta sentenciadora que uno de los requisitos adoptados por la jurisprudencia en virtud de las características especiales de la acción de amparo sobrevenido, es que la lesión o amenaza, debe ser sobrevenida a un juicio en curso, esto es, durante la sustanciación del procedimiento, después de su inicio o de la interposición de un recurso ordinario, siendo además menester referir que en relación a las características del amparo sobrevenido, la Sala de Casación Civil, actuando en sede constitucional, ha señalado que tal figura “es provisional o temporal porque dejará de existir en el momento de la emisión del fallo que decida acerca de la procedencia del medio procesal ordinario” (SCC sentencia N° 187 de fecha 08 de junio del 2000).  Con fundamento en los criterios normativos, doctrinarios y jurisprudenciales antes expuestos, y singularizados como han sido los elementos que conducen a este Tribunal a concluir, que la acción constitucional  ejercida, cuyos efectos pretenden hacerse valer sobre decisiones judiciales emanadas de este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, téngase auto de admisión de fraude procesal denunciado y apertura a la articulación probatoria, no podrían calificarse por el accionante como actuaciones que motivan una acción de amparo constitucional sobrevenido, toda vez que en atención al criterio sustentado en el presente fallo, resulta forzoso concluir que al accionante atribuir efectos lesivos derivados de decisiones de este Tribunal, se trata de un amparo contra decisiones judiciales que deben tramitarse conforme lo establecido en el artículo 4 de la LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. ASI SE DETERMINA.- En virtud de las consideraciones expuestas, y de la naturaleza de lo decidido, este Tribunal prescinde de emitir pronunciamiento en relación a la medida cautelar solicitada por la parte querellante. ASI SE DETERMINA.-   DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL SOBREVENIDO intentada por el abogado en ejercicio CARLOS DAVID ATENCIO BLACKMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.310.612 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 184.906, conforme al criterio Vinculante de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha  20 de enero del año 2000, caso: Emery Mata Millán. SEGUNDO: Se prescinde emitir pronunciamiento en relación a la medida cautelar solicitada por la parte querellante, en virtud de la Inadmisibilidad. TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud de la naturaleza del fallo.- PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia  www.tsi.gob.ve . Déjese copia de la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho de este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los seis (06) días del mes de Mayo del año Dos mil Veintiséis (2026). Año 215º de la Independencia y 167 ° de la Federación. LA JUEZ.-   M.Sc. NORIBETH H. SILVA P.- EL SECRETARIO.-                                                                               M.Sc. XAVIER URDANETA G. En la misma fecha, siendo las Tres y Veinticinco (3:25pm) minutos de la tarde se dictó y publicó el fallo que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. 13 en el libro correspondiente.  EL SECRETARIO.- M.Sc. XAVIER URDANETA G.    EXP. N° 008-2025. Pieza de Amparo Sobrevenido.