TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARITIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Expediente No. 47.065
Motivo: SOLICITUD DE MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO.

Visto el escrito judicial consignado ante la Secretaría de este Juzgado en fecha siete (7) de octubre de 2025, suscrito por el abogado en ejercicio CARLOS RAFAEL ACOSTA RIVERA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 33.732 domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando en su condición apoderado judicial de la ciudadana LEIDYS NATHALIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad No. 15.560.689, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, todo con ocasión al juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN), sigue en contra del ciudadano CARLOS ODILIO BENITEZ MATERAN, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad No. 22.057.568, de este mismo domicilio; este Juzgado le da entrada y ordena formar cuaderno de medida con la misma nomenclatura del expediente principal.
Ahora bien, estando en la oportunidad procesal de pronunciarse respecto a la procedibilidad de las cautelas solicitadas, este Juzgado para resolver hace las siguientes consideraciones:
Solicitó la parte actora a este Tribunal, que de conformidad con los artículos 585 y 646 del Código de Procedimiento Civil, decrete MEDIDA PROVISIONAL DE EMBARGO, sobre “… BIENES MUEBLES DE LA PARTE DEMANDA (sic) (…) hasta cubrir el doble de las sumas demandadas, todo lo cual asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL SESISCIENTOS (sic) DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. $24.610,00) y/o equivalente en moneda nacional, esto a los solos efectos de la cuantificación en moneda nacional del monto de la medida solicitada y a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 130 de la Ley del Banco Central de Venezuela, cantidad de dinero en moneda extranjera que para la fecha de la solicitud de la medida de embargo objeto de este escrito, por ante este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (BS. 4.608.960,80). …”.
En ese sentido, y a fin de pronunciarse sobre la procedibilidad de la cautela solicitada, es menester observar lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas..” (Énfasis del Tribunal).
Así pues, en los términos expresados por la norma antes transcrita, en aquellos casos donde la pretensión de la demanda principal del actor esté fundamentada en alguno de los instrumentos descritos expresamente por ésta (instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, y cualesquiera otros documentos negociables,) es obligatorio para los operadores de justicia, si la parte demandante así lo solicita, decretar las medidas preventivas que éste considere. Lo anterior, por cuanto el artículo antes detallado no expresa que en dichos casos el Juez “puede” o “podrá”, de manera que no es facultativo para éste el dictamen de las medidas, sino que es ordenado por el legislador en términos imperativos: “…el juez, a solicitud del demandante, decretará…”.
De ese modo, en los referidos casos tampoco es posible para el Órgano Jurisdiccional detenerse a revisar si la solicitud cautelar cumple o no con los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 ejusdem, referidos al fumus boni iuris y periculum in mora, siendo que lo único que deberá verificar es si el caso en concreto se subsume en el supuesto de hecho establecido por la norma adjetiva (que la demanda principal se trate de un procedimiento intimatorio).
Concatenado a lo anterior, el autor José. J. Toro S. en su trabajo titulado: “IMPERATIVIDAD DEL DECRETO DE LA MEDIDA DE EMBARGO PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR INTIMACIÓN”, de febrero de 2005, planteó que:
“Este procedimiento permite al demandante obtener coercitivamente el cumplimiento de las obligaciones liquidas y exigibles o la entrega de cantidad cierta o de cosa fungible de una cosa mueble determinado. En el evento que se contempla, por exigencia de la ley para la viabilidad de la pretensión, el demandante debe acompañar el instrumento donde se refleja la obligación escogida por el proceso de ejecución instantánea, esto es, los documentos que constituyen plena prueba contra el intimado.”

De igual forma, es importante traer a colación la decisión emanada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 532 de fecha 12 de julio de 2007, en la cual quedó sentado lo siguiente:
“…El recurrente alega que la recurrida incurrió en error de interpretación del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto considera que el Juez de Alzada debió analizar la conveniencia de decretar la medida tomando en cuenta los nuevos alegatos presentados por la demandada.
Señala el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (…omissis…)
Visto el contenido de la norma antes trascrita, se puede observar que el Juez Superior no hace una interpretación errada del artículo 646 del Código Adjetivo, ya que claramente como lo expresó en su decisión, al ser presentada la demanda acompañada con alguno de los documentos señalados en la citada norma, en este caso las nueve (9) letras de cambio, es deber del Juez decretar inmediatamente la medida preventiva, sin detenerse a analizar algo distinto a la naturaleza propia del título valor (letra de cambio), y mucho menos analizar la oposición del demandado, ya que la sola oposición al decreto de intimación no es razón suficiente para suspender sin más la medida preventiva, por estar la misma basada en el título fundamental y no en el decreto intimatorio…”.

A su vez, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en expediente No. 2012-000232, con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, de fecha treinta (30) de octubre de 2012, estableció que:
“Las normas procesales antes transcritas, disponen los requisitos necesarios que se deben cumplir para tramitar el procedimiento monitorio, proceso especial que puede ser utilizado facultativamente por el acreedor de una obligación liquidada y exigible de dinero, así en el articulo 646 del Código de Procedimiento Civil, antes copiado, se verifica que el presupuesto fundamental de concesión de las medidas cautelares de embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados, en el procedimiento de intimación, es la presencia de un documento particularmente calificado por la Ley, por lo que si el demandante presenta el instrumento a que se refiere el articulo, el Juez estará en el deber legal de decretar la medida.”

Del mismo modo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente No. 2012-000590, con ponencia de la Magistrado YRIS ARMENIA PEÑA ESPÍNOZA, en fecha trece (13) de febrero de 2013, estableció que:
“… el decreto de medidas cautelares en este tipo de procedimiento no es potestativo para el Juez (sic), y por eso no expresa esta norma que el Juez “puede” o “podrá” dictar las medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos: “…el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional…” lo cual significa que el Juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de las medidas sino que, efectuado el análisis respecto de los recaudos acompañados a la demanda, según los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil, y verificado que los mismo cumplen los requisitos legales, el Juez debe decretar la medida solicitada.”

En el caso sub examine, de un estudio de las actas procesales la parte actora, solicitó el decreto de la medida cautelar de embargo sobre bienes muebles de la parte demandada., argumentando que “….….. La finalidad del decreto de esta medida, seria evitar la malicia por un acto posterior a esta solicitud, satisfacer la urgencia necesidad de hacer cesar un perjuicio económico y por su puesto proteger las resultas del peligro consecuente al inevitable retardo procesal en la administración de justicia, lo cual hace evidente, manifiesto y demostrado el periculum in mora……..”. Para analizar el pedimento antes mencionado, se debe tomar en cuenta que este Juzgado dictó decreto intimatorio en fecha dos (2) de octubre de 2025, en virtud que la parte accionante proporcionó junto al libelo de la demanda el siguiente documento fundante:
• LETRA DE CAMBIO: fecha de emisión cuatro (4) de octubre de 2024, con fecha de vencimiento de la obligación cuatro (4) de noviembre 2024, debidamente suscrito por la ciudadana LEIDYS NATHALIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y el ciudadano CARLOS ODILIO BENITEZ MATERAN, por un monto de ONCE MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD.11.500,00), lo cual hace un total, en moneda venezolana, la cantidad DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES DIGITALES (2.084.950,00 Bs).
Ahora bien, la parte actora ha demostrado a través de la letra de cambio antes detallada, presuntamente reconocida por la parte demandada, la cual reposa en copia certificada en el folio cinco (5) de la pieza principal, que al ser analizada por la Jueza dan cierta verosimilitud sobre la pretensión del demandante. Así se aprecia.-
En derivación de lo antes expuesto, siendo que la parte actora cumplió con los requisitos exigidos por la Ley, subsumiéndose en el supuesto de ley establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que, este Órgano Jurisdiccional DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles de la parte demandada, que cubran el doble del decreto intimatorio que constituye la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (USD.31.773,22), cuyo cambio a moneda nacional corresponde el monto de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES DIGITALES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.141.445,69Bs), más las costas procesales estimadas en un diez por ciento (10%) de lo demandado que constituye la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (USD.1.588,66), cuyo cambio a moneda nacional corresponde a un monto de TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y DOS BOLÍVARES DIGITALES CON NUEVE CÉNTIMOS ( 307.072,09BS), haciendo una suma que asciende a la cantidad total de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (USD. 33.361,88), cuyo cambio a moneda nacional corresponde al monto de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES DIGITALES CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.448.517,78Bs), y en caso de recaer dicho embargo sobre cantidades de dinero, se practicará hasta cubrir el monto de la cantidad establecida en el decreto intimatorio dictado por este Juzgado, en fecha dos (2) de octubre de 2025, en la cual se determinó un monto por QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (USD. 15.886,61), equivalente en moneda venezolana DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (2.880.242,39Bs), tomando como tasa de cambio referencial la prevista por el Banco Central de Venezuela, correspondiendo a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA CÉNTIMOS (181.30Bs), por cada dólar, para el momento en el cual se dictó el decreto intimatorio, y así se establecerá de forma precisa en el dispositivo del presente fallo.
En consecuencia de la anterior decisión, se acuerda comisionar a cualquier Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de esta circunscripción judicial, para que previa distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), el Juez que corresponda conocer de la comisión se sirva de ejecutar la medida aquí decretada. Y así se acuerda.-

DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, ciudadano CARLOS ODILIO BENITEZ MATERAN, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad No. 22.057.568, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, el cual deberá indicar el ejecutante ante el Tribunal Ejecutor respectivo, la cual deberá practicarse hasta cubrir el doble del monto especificado en el decreto intimatorio proferido por este Juzgado, lo cual constituye la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (USD.31.773,22), cuyo cambio a moneda nacional corresponde el monto de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES DIGITALES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.141.445,69Bs), mas las costas procesales estimadas en un diez por ciento (10%) de lo demandado que constituye la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (USD.1.588,66), cuyo cambio a moneda nacional corresponde a un monto de TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y DOS BOLÍVARES DIGITALES CON NUEVE CÉNTIMOS ( 307.072,09BS), haciendo una suma que asciende a la cantidad total de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (USD. 33.361,88), cuyo cambio a moneda nacional corresponde al monto de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES DIGITALES CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.448.517,78Bs), y en caso de recaer dicho embargo sobre cantidades de dinero, se practicará hasta cubrir el monto de la cantidad establecida en el decreto intimatorio dictado por este Juzgado, en fecha dos (2) de octubre de 2025, en la cual se determinó un monto por QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (USD. 15.886,61), equivalente en moneda venezolana DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (2.880.242,39Bs), tomando como tasa de cambio referencial la prevista por el Banco Central de Venezuela, correspondiendo a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN BOLÍVARES DIGITALES CON TREINTA CÉNTIMOS (181.30Bs), por cada dólar, para el momento en el cual se dictó el decreto intimatorio, todo con ocasión al juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) que sigue en su contra la ciudadana LEIDYS NATHALIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad No. 15.560.689, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
SEGUNDO: se ORDENA librar despacho de comisión mediante oficio a cualquier Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que, previa distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), el Juez que corresponda conocer de la comisión se sirva de ejecutar la medida aquí decretada. LÍBRESE DESPACHO CON OFICIO.-
Publíquese y regístrese, incluso en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve, déjese copia de la presente decisión por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, en el trece (13) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
FDO.
ABG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO DELGADO.

LA SECRETARIA TEMPORAL,
FDO.
ABG. CAROLINA BRACHO URDANETA.
En la misma fecha, previas las formalidades de Ley, y siendo las once de la mañana (11:00a.m.), se dictó y publicó la sentencia interlocutoria que antecede en el expediente No. 47.065, quedando anotada bajo el No. 130-2025. De igual forma se libró despacho de comisión y oficio signado bajo el No. 286-2025.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
FDO
ABG. CAROLINA BRACHO URDANETA.
ZG/CB/eg