TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente Nº 15.233

I
INTRODUCCIÓN
Conoce este Juzgado Superior de la presente causa, en virtud de la distribución signada bajo el Nº TSM-117-2025, efectuada en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (sede Torre Mara), con ocasión al RECURSO DE HECHO interpuesto por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Lujan, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.241, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1.989), bajo el Nº 76, Tomo 64-A-2do, contra el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con ocasión al juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la prenombrada compañía anónima, contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA), inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el trece (13) de diciembre de mis novecientos noventa y cuatro (1.994), bajo el Nº 14, Tomo 22-A-4to.
II
ANTECEDENTES
Consta en actas que, en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2.025), el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Lujan, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., presentó RECURSO DE HECHO por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (sede Torre Mara); correspondiendo el conocimiento del mismo, a este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en virtud de la distribución signada con el Nº TSM-117-2025, efectuada en la aludida fecha por el Órgano Distribuidor.
Posteriormente, en fecha veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2.025), esta Superioridad dictó auto a través del cual le dio entrada al presente asunto, indicando que, se procedería a resolver lo conducente dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la publicación del aludido auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2.025), ésta Instancia Superior profirió auto por medio del cual se ordenó oficiar al Tribunal de la causa, a los fines de que remitiera a esta Alzada, dentro del plazo de tres (3) días de despacho, contados a partir de la constancia en actas de la recepción del presente oficio, cómputo por secretaría de los días de despacho transcurridos desde el día diez (10) de julio hasta el día diecisiete (17) de julio del dos mil veinticinco (2.025), siendo librado en la misma fecha.
El día veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2.025), el apoderado judicial de la parte demandante, suscribió diligencia por medio de la cual consignó copias certificadas de las actuaciones que dieron origen al presente recurso, siendo agregadas a las actas procesales en la misma fecha.
En la misma fecha, el Alguacil Natural de este Juzgado Superior, realizó exposición mediante la cual, procedió a consignar acuse de recibo del oficio signado con el No. S1-114-2025, dirigido al Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; el cual fue agregado a las actas procesales que conforman el presente expediente, mediante auto de esta misma fecha.
De seguidas, en la misma fecha, se recibió oficio librado bajo el N° 178-2025, por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; el cual fue agregado a las actas procesales que conforman el presente expediente, mediante auto de esta misma fecha.
Finalmente, estando en la oportunidad procesal correspondiente para dictar sentencia, procede esta Juzgadora a realizar las consideraciones que estima pertinentes respecto al asunto sometido a su conocimiento.
III
ALEGATOS DE LA RECURRENTE DE HECHO
Consta en actas que, el abogado en ejercicio Francisco Javier Romero Luján, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente de hecho, Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., arguyó lo siguiente:
Dentro del marco legislativo transcrito, en tiempo oportuno vengo a recurrir de Hecho, contra el auto de fecha 10 de Julio de 2025, dictado en la causa contenida en el expediente Nº6965-25, por el Tribunal Primero de Municipios Ordinario y Ejecutor de medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco del estado Zulia, que admitió en un solo efecto, la apelación que se ejerció oportunamente contra la admisión incidental a través de la cual dicho Tribunal negó la solicitud o petición, cuyo conteni8do y fundamento reiteramos con este acto, que instamos en derecho con él (Sic) único fin de que se implementara el uso del saneamiento procesal en atención a la facultad de director del proceso, y la evidencia argumentada y constatada de actas, que con el efecto repositorio ordenado por el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo, de esta misma Circunscripción Judicial, dónde (Sic) ordenó reponer al estado de admitir nuevamente la demanda por un procedimiento no adecuado a la estructuración de la demanda inicial presentada por mi representada, situación ésta sobrevenida que la coloca sin lugar a dudas en una desventaja procesal jurídica, que viola su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que, habiéndose admitido la causa nuevamente bajo ese nuevo procedimiento, sin haber tomado en cuenta los pormenores cambiantes en perjuicio de la demandante, que le imponen a la misma, circunstancias que rotundamente no comparte, producto de la sentencia repositoria y por ende, mucho menos convalida sus efectos, por lo que evidentemente se hace necesario un control procesal por parte del juez, para evitar continúar (Sic) agravando los desaciertos procesales que violan los derechos constitucionales de mi representada, por tales fundamentos que presentamos en la solicitud que fue negada por el tribunal de la causa, y que reiteramos con este recurso, venimos a Recurrir de Hecho con el interés manifiesto de mi mandante, para que el Tribunal Superior que corresponda en distribución, tenga bien declararlo con lugar, ordene escuchar la apelación en ambos efectos, para que en definitiva, ponga orden en el proceso restituyendo las garantías necesarias a la demandante (…)
IV
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente este Juzgado Superior, determinar la competencia para conocer del presente asunto, y a tal efecto, observa:
Conforme a la disposición normativa contenida en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son atribuciones y deberes de los Juzgados Superiores, en razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
B. EN MATERIA CIVIL:
1°) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo civil, así como también en los casos de consultas ordenados por la ley y de los recursos de hecho;
2°) Conocer de las solicitudes sobre legitimación de hijos, en conformidad con el Código Civil;
3°) Ejercer las funciones que en materia civil les señalen las leyes. (Destacado de esta Alzada).
En derivación de lo anterior, colige este Operador de Justicia que, los Juzgados Superiores Civiles, son competentes por la materia para conocer de todas aquellas pretensiones recursivas ejercidas por los sujetos que integran la relación jurídico-procesal, destinas a enervar los efectos jurídicos emergentes de las decisiones, autos y demás providencias dictadas por los Tribunales Civiles de Primera Instancia, por ser éstos los Órganos Jurisdiccionales de mayor jerarquía en la escala organizativa del Poder Judicial, respecto de los Tribunales de Primer Grado de Cognición. ASÍ SE DETERMINA.-
Así las cosas, y en concordancia con lo establecido, en concordancia con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, tomando en consideración que la presente causa, se circunscribe al RECURSO DE HECHO ejercido por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Luján, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el cual oyó en el sólo efecto devolutivo el recurso de apelación ejercido por la aludida representación judicial, en fecha primero (1°) de julio de dos mil veinticinco (2.025), es por lo que este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, resulta ser el Órgano Jurisdiccional COMPETENTE, en sentido jerárquico vertical, para conocer y decidir el presente asunto. ASÍ SE DECLARA.-
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Encontrándose la presente causa en la etapa procesal correspondiente para dictar sentencia, procede esta Superioridad a realizar las consideraciones que estima pertinentes respecto al caso sub examine.
El presente asunto se circunscribe al RECURSO DE HECHO planteado por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Luján, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el cual oyó en el sólo efecto devolutivo el recurso de apelación ejercido por la aludida representación judicial, en fecha primero (1°) de julio de dos mil veinticinco (2.025), todo ello con ocasión al juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la prenombrada compañía anónima, contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA).
Establecido lo anterior, resulta menester para esta Operadora de Justicia, proceder a analizar lo referente al Recurso de Hecho y, en tal sentido, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, estipula lo siguiente:
Artículo 305.- Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos y acompañará copias de las actas del expediente que crea conducentes y de las que indique el Juez si éste lo dispone así. También se acompañará copia de los documentos o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella misma. El auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso de hecho.
En este orden de ideas, el tratadista venezolano Emilio Calvo Baca, en su obra titulada “Código de Procedimiento Civil de Venezuela Comentado y Concordado”, Ediciones Libra, C.A., Caracas-Venezuela, 2015, página 296, consagra:
Es el medio para reparar el agravio que pretende el interesado con motivo de haber ejercido los recursos de apelación o casación; en este último caso, contra la negativa del sentenciador de admitir el recurso de casación anunciado. Este recurso está destinado exclusivamente al examen de la legalidad o ilegalidad de la providencia del Tribunal que niega el recurso de apelación o que ha oído éste, en un solo efecto y no en ambos como ordena la ley. (Destacado de esta Alzada).
Asimismo, el autor Humberto E. T. Bello Tabares, en su libro “Tratado de Recursos Judiciales” Estudio Garantista de los Medios Recursivos en el Sistema Procesal Venezolano, Ediciones Paredes, Caracas-Venezuela, 2012, página 907, establece lo siguiente:
Cuando es ejercitado el recurso ordinario de apelación contra una sentencia definitiva o interlocutoria y el tribunal niega la admisión del mismo, o cuando lo admite pero sin concederle el efecto “suspensivo” causando un perjuicio o agravio por tal circunstancia, lo primero por producir la firmeza de la sentencia que ahora hace tránsito a la cosa juzgada y lo segundo –sin efecto suspensivo- por conducir a la ejecución inmediata de la decisión que puede causar un perjuicio irreparable en el patrimonio de la parte perjudicada, el ordenamiento jurídico procesal regula un carril o andarivel recursivo especial para la impugnación de este decisorio y que como indicamos precisamente es el denominado “recurso de hecho”.
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 0033, Exp. No. 20-0099, de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), con ponencia de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, estableció respecto al Recurso de Hecho, lo siguiente:
(…) Entiende la Sala, que el recurso de hecho es un medio de impugnación de carácter subsidiario cuyo propósito es hacer admisible la alzada o la casación denegada, toda vez que es el medio que la ley acuerda a las partes para garantizar el derecho a la revisión de la sentencia, bien por la apelación, o mediante la censura de casación por este Tribunal Supremo de Justicia, siendo su objeto siempre la revisión de la resolución denegatoria del recurso principal.

(…Omissis…)
Por lo tanto, el recurso hecho está destinado al examen de la providencia que niega el recurso de apelación, todo en el marco de lo previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (…). (Negrillas y subrayado de esta Superioridad).
Conforme a la disposición normativa ut supra transcrita, así como de los criterios doctrinales invocados, conjuntamente con el extracto de la sentencia establecido, colige este Sentenciador que, el Recurso de Hecho, representa una garantía del derecho constitucional al doble grado de jurisdicción, que opera cuando se ha producido la inadmisión de la apelación, o bien, cuando ha sido concedida en un solo efecto, por lo que, en el primero de los casos, su finalidad consiste en asegurar el acceso a la segunda instancia, a través de la admisión del Recurso Ordinario de Apelación contra la decisión judicial que resulte ser lesiva a los derechos e intereses de las partes, mientas que, en el segundo de los casos, su finalidad consiste en revisar la denegación del efecto suspensivo de la apelación, en aras de salvaguardar el acceso a los recursos con los efectos que correspondan.
Ahora bien, el ejercicio del Recurso de Hecho se encuentra supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos que le son propios, siendo éstos: la legitimación del recurrente ante la existencia de un perjuicio o agravio que determine su interés para recurrir, la tempestividad con la cual se interponga el mismo y la recurribilidad del auto, resolución o sentencia que se trate; requisitos éstos que resultan ser indispensables para la admisibilidad del referido Recurso.
Así las cosas, a los fines de determinar la procedencia en Derecho del presente Recurso de Hecho, resulta menester para esta Operadora de Justicia, verificar el cumplimiento efectivo de los requisitos de procedibilidad previamente señalados.
En lo que respecta a la legitimación para recurrir de hecho, tenemos que, ésta corresponderá a las partes principales y, de ser el caso, a los sujetos que se incorporen en el devenir del proceso, cuya denegación del recurso de apelación, o del efecto suspensivo, les haya ocasionado un perjuicio o agravio. En tal sentido, toda vez que el recurrente de hecho en esta oportunidad, es la parte demandante en el juicio principal que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA), es por lo que, la misma, tiene interés jurídico actual y legitimación para recurrir de hecho, contra el auto dictado en fecha en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), dictado por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que oyó en el sólo efecto devolutivo el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la aludida parte. ASÍ SE ESTABLECE.-
Ahora bien, en lo concerniente a la oportunidad legalmente establecida para el ejercicio del Recurso de Hecho, debemos precisar que, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, consagra: “Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de alzada (…)” , en razón de ello, considera de vital importancia esta Jurisdicente, señalar que, los cinco (5) días establecidos por el legislador patrio para recurrir de hecho de una decisión, deberán ser computados por días de despacho, en tanto que el término de la distancia deberá ser calculado por días calendarios consecutivos, conforme al criterio jurisprudencial asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 319, Exp. No. 00-1435, de fecha nueve (09) de marzo de dos mil uno (2001), con ponencia del Magistrado Antonio García García.
En derivación de lo anterior, y a los fines de determinar la tempestividad con la cual fue interpuesto el presente Recurso de Hecho, esta Superioridad, mediante auto de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025), ordenó librar oficio dirigido al Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que remitiera cómputo por secretaría de los días de despacho transcurridos desde la fecha en que se dictó y publicó el auto que oyó en el sólo efecto devolutivo el Recurso de Apelación ejercido, hasta la fecha en la cual se interpuso el presente Recurso de Hecho por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (sede Torre Mara); cómputo que fue remitido por el Juzgado A-quo, en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Ahora bien, constata este Juzgador del cómputo de los días de despacho transcurridos por ante el Juzgado A-quo que, desde la fecha en que se dictó y publicó el auto que negó el Recurso de Apelación ejercido, esto es, desde el día diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), hasta la fecha en que fue presentado el presente Recurso de Hecho por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (sede Torre Mara), es decir, el día diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2.025), transcurrieron cinco (5) días de despacho, razón por la cual, colige quien hoy decide que, el mismo, fue presentado tempestivamente por la parte interesada, a tenor de lo establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECLARA. -
Por último, en lo que respecta a la recurribilidad del auto, providencia o decisión que se trate, debemos señalar que, la regla general en materia de apelabilidad de las sentencias interlocutorias, se encuentra contenida en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil; artículo que consagra textualmente, lo siguiente: “De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable”, por lo que, cada vez que se dicte una sentencia interlocutoria, la cuestión que deberá plantearse el juez para admitir la apelación, es determinar si, la misma, causa o podría causar algún gravamen irreparable a las partes.
Establecido lo anterior, resulta menester para este Operador de Justicia, realizar un análisis sobre los denominados autos de mero trámite o de mera sustanciación, así como de los llamados autos decisorios, es decir, aquellos que son susceptibles de ser apelados, a los fines de determinar si, en efecto, el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, resulta ser una providencia recurrible o no.
En este orden de ideas, el procesalista patrio Arístides Rengel-Romberg, en su obra titulada: “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, Ediciones Paredes, Caracas-Venezuela, página 140, define a los autos de mero trámite de la siguiente manera:
Lo que caracteriza a los autos de sustanciación, es que pertenecen al impulso procesal, no contienen decisión de ningún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables. Pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez.
En concordancia con lo anterior, el autor Emilio Calvo Baca, en su libro “Código de Procedimiento Civil Comentado y Concordado”, Ediciones Libra, C.A., Caracas-Venezuela, 2015, página 298, consagra:
(…) Estos denominados auto de sustanciación, son aquellas providencias que impulsan y ordenan el proceso y por ello no causan lesión ni gravamen de carácter material o jurídico a las partes, al no decidir puntos de controversia. En contrapartida a este razonamiento, toda decisión que escape de los inofensivos límites del auto de sustanciación y que produzca por tanto gravamen a las partes, es apelable (…)
De conformidad con los criterios doctrinales ut supra transcritos, concluye este Operador de Justicia que, los autos de mero trámite o de mera sustanciación, son aquellos cuyo contenido no comporta una decisión que sea susceptible de generar algún gravamen irreparable a las partes, toda vez que éstos tienen como finalidad la ordenación y continuación del proceso, motivo por el cual, resultan ser inapelables. No obstante, conforme a la disposición normativa consagrada en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser modificados o revocados, bien a solicitud de parte, o de oficio por el Tribunal que los dictó.
En contraposición a los autos de mero trámite o de mera sustanciación, se encuentran los autos decisorios, entendiendo por éstos a aquellos cuyo contenido causa o podría causar algún gravamen irreparable a las partes y, en razón de ello, son susceptibles de ser recurridos por la parte interesada. Sobre este particular, el comentarista venezolano Emilio Calvo Baca, en su obra “Vocabulario de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Ediciones Libra, C.A., Caracas-Venezuela, 2012, página 92, define a los autos apelables como: “Dícese del auto impugnable por aquel que se considere perjudicado por el mismo”.
En este mismo orden de ideas, el prenombrado autor (Ob. Cit.), página 478, define el gravamen irreparable como aquel: “imposible de reparar en el curso de la instancia en que se ha producido”, por lo que, la praxis en nuestro proceso civil, a tenor de lo establecido en el artículo 289 de la Ley Adjetiva, admite el Recurso Ordinario de Apelación contra todo auto, resolución y sentencia interlocutoria que cause algún perjuicio o agravio de carácter material o jurídico a las partes y, en cuyo caso, dicho recurso solo se oirá en el solo efecto devolutivo, conforme a lo previsto en el artículo 291 eiusdem.
Establecido lo anterior, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que, en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025) el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó auto mediante el cual negó el pedimento efectuado por la representación judicial de la parte actora, relativo a ordenar un despacho saneador en la causa que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA).
En tal sentido, habiendo sido revisado por esta Superioridad el auto dictado el día diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual fue objeto de apelación por la parte recurrente, y en el cual el Juzgador A-quo, oyó en el sólo efecto devolutivo, por considerarlo carente de asidero jurídico en disposición legal alguna, a criterio de este Juzgador, resulta ser de un auto de naturaleza decisoria, en atención a su contenido y a las consecuencias que producirá en el proceso, por lo que, es susceptible de ser apelado por la parte interesada, a tenor de lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, debiendo ser oído en el sólo efecto devolutivo, ello en razón de lo estatuido en el artículo 291 ejusdem. ASÍ SE DETERMINA. -
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior se ve en el deber de declarar, tal y como en efecto lo hará en la parte dispositiva del presente fallo: SIN LUGAR el RECURSO DE HECHO interpuesto por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Luján, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en consecuencia, se deberá CONFIRMAR el referido auto, en el sentido de que el Juzgado A-quo deberá oír el Recurso de Apelación ejercido por el prenombrado profesional del Derecho, contra el auto dictado por el referido Juzgado, el día veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2.025), en el solo efecto devolutivo, a tenor de lo preceptuado en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, todo ello con ocasión al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la prenombrada Compañía Anónima, contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA). ASÍ SE DECIDE. -
VI
DISPOSITIVA
Por los fundamentos ut supra expuestos, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR el RECURSO DE HECHO interpuesto por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Luján, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto dictado en fecha diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2.025), por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el sentido de que el Juzgado A-quo deberá oír el Recurso de Apelación ejercido por el profesional del Derecho Francisco Javier Romero Luján, contra el auto dictado por el TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el día veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2.025), en el solo efecto devolutivo, a tenor de lo preceptuado en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, todo ello con ocasión al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA FORMICONI, C.A., contra la Sociedad Mercantil IMPRESORA TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (ITEVECA).
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Remítase el expediente en la oportunidad correspondiente.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho de este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. En Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR,

MSc. YOFFER JAVIER CHACÓN RAMÍREZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. ANA DE LOS ÁNGELES LINARES
En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado en el copiador de sentencias de este Juzgado Superior bajo el No.82.-
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. ANA DE LOS ÁNGELES LINARES

Exp. 15.233
YJCR.-