Noticia Detallada - TSJ Regiones

Así como del compromiso de la responsabilidad social, previsto en el artículo 135 constitucional, obligante para el Estado y los particulares, en aras del bienestar colectivo; y articulados a la Política Social del Estado Venezolano, en sus diversos programas como lo son las misiones; Barrio Adentro, identidad, Árbol, Vuelvan Caras, Negra Hipólita, Mercal, Vivienda Venezuela, entre otras; el Circuito Judicial Penal del estado Zulia, proyecta el direccionamiento estratégico de su gestión.

Al respecto, se asume a la responsabilidad social como parte de un modelo humanista de las relaciones sociales productivas en el contexto organizacional, considerando las expectativas del colectivo asociado tanto en su interior (trabajadores, usuarios) como al exterior (comunidades, proveedores), en forma consciente, responsable y ética; significando en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento y cooperación con el Estado, para el abordaje de la problemática social derivada de la pobreza, marginalidad, exclusión y miseria de sus pueblos acumulada por décadas.

En este sentido, un nuevo paradigma de justicia social guía el rumbo de la institucionalidad, avanzando y profundizando en acciones que permitan dar respuesta a las exigencias del presente, forjando así un futuro que haga resplandecer la justicia como un derecho humano y valor universal, al que no se debe ni se puede renunciar nunca jamás.

Bajo esta perspectiva, se propone inducir procesos de cogestión sustentable y socialmente responsable, ofreciendo a sus trabajadores, usuarios y comunidades, alternativas de acción que contribuyan con el Estado Venezolano, a elevar su calidad de vida y agreguen valor al servicio de la justicia; en virtud de los principios constitucionales de solidaridad y responsabilidad social.

De esta manera, se ha dispuesto dentro de su estructura organizacional un área de servicio para el desarrollo de la responsabilidad social, con el propósito de trabajar en el diseño y coordinación de la ejecución de proyectos comunitarios, que permitan fortalecer el potencial social vinculado a las áreas: penal ordinario, de responsabilidad penal de adolescentes, violencia de género, alguacilazgo, equipo multidisplinario y archivo judicial, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a través de la DAR Zulia y Consejos Comunales.

Para lo cual, se ha estimado la construcción de indicadores de gestión, a objeto de medir su impacto; y el diseño de campañas comunicacionales, orientadas a la socialización de la información, para mayor transparencia, confianza y credibilidad.

Así, la metodología de intervención social aplicada se basará esencialmente en el abordaje organizacional desde la perspectiva de la gerencia social, donde los protagonistas serán los actores concernidos; basados en el supuesto epistémico que considera a la realidad como un proceso social susceptible de construcción.

De éste modo, se contemplan cubrir las fases de intervención social: planeación, organización, coordinación, ejecución, monitoreo, evaluación y divulgación; en ciclos sucesivos y simultáneos con una duración seis meses cada uno, iniciándose el primer ciclo desde junio hasta diciembre 2011.

Para finalizar, construir nuevas realidades trascendiendo a las prácticas filantrópicas del siglo XIX y el exiguo Estado de Bienestar de mediados del siglo XX, para reconocer a los conciudadanos como sujetos de derechos, propio del Estado Social de Derecho y de Justicia que en este siglo XXI se quiere cristalizar, pasa por entender que la Responsabilidad Social es un eje transversal, en el cual está implicado un cambio de actitud organizacional de conjunto; por lo cual, la invitación es a sumar el mayor número de voluntades posibles a esta nueva visión.