PRIMERO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por los profesionales del derecho GISELA CHIQUINQUIRA VERA PIÑA Y FRANCISCO DAVID SANABRIA CARRILLO, en su carácter de defensores del ciudadano JESUS ANGEL MADUEÑO, plenamente identificado en autos; en atención a lo previsto en el artículo 6 numeral 1 del de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Regístrese la presente decisión en el libro respectivo, diarícese, publíquese, déjese copia certificada en archivo de este Tribunal Colegiado y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente al Archivo Judicial a los fines legales consiguientes.

PRIMERO: SIN LUGAR recurso de revisión de sentencia, interpuesto por el penado JOSÉ ALBERTO CASTELLANO NUÑE, titular de la cédula de identidad No. V-16.08.324, contra la sentencia No. 025-12, de fecha 09.04.2012, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se condenó al precitado ciudadano a cumplir la pena de veintinueve (29) años de prisión, más las accesorias de ley, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 3, literal A del Código Penal, en concordancia con el Parágrafo Único del artículo 65 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana que en vida respondiera al nombre de CRISTINA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ.

PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de auto interpuesto por el profesional del derecho ROBERTO DE JESUS DELGADO GARCIA, en su carácter de defensor del ciudadano JORGE EDUARDO MARTINEZ, portadora de la cédula de identidad N° E-82.062.490, en contra de la decisión N° 016-2018 de fecha 21 de Febrero del 2018, dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de cinco (05) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.