SE CONFIRMA la decisión N° 1E-520-2012, de fecha 17-10-2012, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual declaró sin lugar la solicitud de prescripción de la pena realizada por la defensa, en el asunto seguido en contra del ciudadano CARLOS CONTRERAS GONZÁLEZ, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 de Código Penal y LESIONES CULPOSAS GENÉRICAS, previsto y sancionado en el artículo 420 numeral 1, en concordancia con el artículo 413 Ejusdem, en perjuicio de la niña quien en vida respondiera al nombre de HELY JOHANA HERRERA URDANETA y de la ciudadana CARMEN ROSA HERRERA URDANETA. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal

SE CONFIRMA la Decisión No. 566-12, dictada en fecha 10.08.2012, emitida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual niega por improcedente la medida alternativa al cumplimiento de pena de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, tal como se verifica en actas, al mencionado penado, en la causa seguida por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PISCOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, en grado de CÓMPLICE NO NECESARIO, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por los abogados en ejercicio SOBEIDY SANGRONIS OJEDA y WILLIAM SIMANCAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 103.097 y 51.986, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos JHON JAIRO CHACON OLMOS, DAVID JULIO BARROSO SOTO y ALEXANDER ARAUJO OSPINO, ejercido contra la decisión No. 1076-12, de fecha 31-10-2012, emitida por el Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; de conformidad con el numeral 2 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 264, en concordancia con lo dispuesto en el literal "c" del artículo 437 ejusdem. Todo ello de acuerdo al artículo 450 del Código Adjetivo Penal. ASÍ SE DECIDE.

II DECISIÓN Esta Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLINA LA COMPETENCIA del recurso de apelación de auto, interpuesto por la abogada MARÍA ALEXANDRA GONZÁLEZ, Defensora Pública Vigésima Octava de Indígenas y Penal Ordinario para la Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando con el carácter de defensora del ciudadano IGNACIO ENRIQUE GARCÍA, portador de la cédula de identidad No. 9.738.350, contra la decisión No. 560-12, dictada en fecha 17.10.2012, emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual declaró sin lugar la solicitud de la defensa pública, en cuanto a la prescripción de la pena, en la causa seguida en contra del mencionado penado, por la comisión de los delitos de PORTE ILÍCITO DE ARMA.....

Esta Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLINA LA COMPETENCIA del recurso de apelación de auto, interpuesto por la abogada MARÍA ALEXANDRA GONZÁLEZ, Defensora Pública Vigésima Octava de Indígenas y Penal Ordinario para la Fase de Ejecución, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando con el carácter de defensora del ciudadano IGNACIO ENRIQUE GARCÍA, portador de la cédula de identidad No. 9.738.350, contra la decisión No. 560-12, dictada en fecha 17.10.2012, emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual declaró sin lugar la solicitud de la defensa pública, en cuanto a la prescripción de la pena, en la causa seguida en contra del mencionado penado, por la comisión de los delitos de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y AMEN.....