Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia, interpuesto por la profesional del derecho ANA HILDA ACEVEDO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el No. 97.768, actuando con el carácter de defensora privada de la ciudadana MARÍA VIRGINIA REYES FLORES, portadora de la cédula de identidad No. 22.243.256. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia No. 217-16, de fecha treinta y uno (31) de Octubre de 2016, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Santa Bárbara del Zulia, la cual condenó a la precitada ciudadana, a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, contempladas en el artículo 16 numeral.....

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada FRANCIS VCTORIA VILLALOBOS GUZMAN, en su carácter de Fiscal Octava del Ministerio Publico del estado Zulia, SEGUNDO: Se REVOCA la decisión Nº 2105-2016, de fecha 09 de Diciembre del 2016, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. TERCERO: Se ORDENA a la Jueza Séptima de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se pronuncie con respecto al levantamiento de las medidas cautelares impuestas a los imputados de auto.

CON LUGAR la inhibición propuesta en base a lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 89 en concordancia con el artículo 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por la abogada MARIBEL MORAN, en su carácter de Jueza Tercera de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el asunto signado bajo el Nº 3C-11080-17, seguido en contra del ciudadano EMERSON ABRAHAN PÉREZ GARCÍA, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 468, 320 y 322 en concordancia con el artículo 321 todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de SOL MARÍA STHORMES BOLÍVAR y EL ESTADO VENEZOLANO.

LA NULIDAD DE OFICIO del fallo No. 179-17, de fecha 16.02.2017, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; por franca violación al debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 26 del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Norma Penal Adjetiva, ORDENANDO LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado que se celebre nuevamente la AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL PRESENTE CASO por ante otro órgano sujetivo, con prescindencia de los motivos que dieron lugar a la presente nulidad, MANTENIENDO LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL, a la que se encuentra sujeto el acusado JOSÉ ALEXANDER RODRIGUEZ ANDRADES.

IMPROPONIBLE EN DERECHO la remisión de esta causa a la Alzada, por cuanto en este asunto no se planteó una inhibición por parte de la Jueza de Control, ni tampoco una recusación por parte del abogado en ejercicio FRANKLIN ANTONIO VARGAS VARGAS, lo que se evidencia es una solicitud que le fue interpuesta a la Instancia.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho MARIESTHER FUENTES HERNÁNDEZ, Defensora Pública Décima Tercera penal ordinario adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de defensora del ciudadano JHON CARLOS PARRA MACHADO, portador de la cédula de identidad No. 27.266.336. . SEGUNDO: CONFIRMA la decisión No. 0331-17, dictada en fecha 10.03.2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual se decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del mencionado imputado, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano quien en vida respondiera al nombre de MIGUEL ALEJANDRO PRADO PIRONA.