Acuerda: Expedir Orden escrita de ALLANAMIENTO, con una duración de Siete (07) días continuos para que el Fiscal del Ministerio Público y funcionarios adscritos al Destacamento 33 de la Guardia Nacional, acantonados en esta ciudad de Cabimas, Estado Zulia, para que obrando en forma conjunta o separadamente ingresen a dicho inmueble y procedan al registro del mismo., ubicado en: La carretera "L", con Avenida 31, Barrio Libertador, casa No. 56 en la Parroquia JORGE HERNANDEZ, en Jurisdicción de esta ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia. donde reside el ciudadano: JOSE ANTONIO MONTENEGRO, lo cual constituye una actuación necesaria a fin de esclarecer los hechos que investiga la Fiscalía 43°, por la presunta comisión del Delito Contra las Personas (HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACION), todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 210 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se ADMITEN las pruebas promovidas por el Ministerio Público, todo ello por considerarlas legales, lícitas, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, de conformidad con lo dispuesto en ordinal 8° del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando renuncie a ellas por cuanto le Defensa Pública se acogió al Principio de la Comunidad de la Prueba. TERCERO: Se ORDENA la apertura del juicio oral y público.

Se acuerda la tramitación y Sustanciación del presente asunto por el procedimiento Ordinario. SEGUNDO: Se decreta la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en el Ordinal 3° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal penal, del Ciudadano JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ DELGADO, venezolano, natural de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Titular de la Cedula de Identidad N° V-14.181.388, estado civil soltero, edad 28 años de edad, fecha de nacimiento: 28-04-1977, profesión u oficio Obrero, manifestó saber leer y escribir, hijo de los ciudadanos Aura Marina Delgado y José Alejandro Rodríguez, domiciliado en la Carretera "L", Callejón 3, Casa No. 11-A, al lado de "Antonela Club", Ciudad Ojeda, Estado Zulia, con presentación periódica cada Treinta (30)días por ante este Tribunal

Se acuerda la tramitación y Sustanciación del presente asunto por el procedimiento Ordinario. SEGUNDO: Se decreta la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en el Ordinal 3° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal penal, del Ciudadano JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ DELGADO, venezolano, natural de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Titular de la Cedula de Identidad N° V-14.181.388, estado civil soltero, edad 28 años de edad, fecha de nacimiento: 28-04-1977, profesión u oficio Obrero, manifestó saber leer y escribir, hijo de los ciudadanos Aura Marina Delgado y José Alejandro Rodríguez, domiciliado en la Carretera "L", Callejón 3, Casa No. 11-A, al lado de "Antonela Club", Ciudad Ojeda, Estado Zulia, con presentación periódica cada Treinta (30)días por ante este Tribunal

ACUERDA.- En beneficio del acusado de autos JOSE LUIS GUZMAN SANCHEZ, la presentación cada Cuarenta y cinco (45) días ante este Juzgado Primero CONTROL, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas. ASI SE DECIDE.

ACUERDA, la entrega material en calidad de DEPOSITO, al ciudadano: JORGE ELIECER RAMIREZ MORALES portador de la Cedula de Identidad No.4.220.435, suficientemente identificado en Actas. En este mismo acto se ordena Oficiar al Administrador del Estacionamiento COSTA ORIENTAL, ubicado Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, a los fines de darle cumplimiento a lo Resuelto.

DECRETA LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, solicitada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal Estado Zulia, por existir un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, como lo es la Acusación privada de la víctima, de conformidad a lo establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia la presente decisión no podrá ser modificada mientras que el obstáculo legal se mantenga, por lo que se ordena la devolución de las actuaciones a la Fiscalía antes mencionada del Ministerio Público en la oportunidad legal correspondiente.