Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ¿ PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de DIVORCIO ORDINARIO, intentado por el ciudadano SEGUNDO ANTONIO SILVA, en contra de la ciudadana CARMEN ROSA ALBARRAN, plenamente identificados en actas. ASÍ SE DECIDE.- ¿ NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.-

POR LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 699 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NO HABIENDO PRUEBA FEHACIENTE DE LA OCURRENCIA DEL DESPOJO DECLARA IMPROCEDENTE DECRETAR LA PROTECCION POSESORIA RECLAMADA POR LA CIUDADANA ANGELA AURORA RUBIO DE NUÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 1.665.578 y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos JOSE TRINIDAD RAMÍREZ PORTILLO y ABDIAS JOSE ALCANTARA LEAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 11.298.570 y 10.448.066, respectivamente de igual domicilio que la querellante. ASÍ SE DECLARA.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL administrando justicia, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente solicitud de rectificación de Acta de Matrimonio No. 38, de los ciudadanos NESTOR JOSE BALLESTEROS GRISALES y CRISTINA MARGARITA BRICEÑO, asentada en fecha 14 de Febrero de 1987, en los libros de Actas de Matrimonios que lleva la Parroquia Libertad del Municipio Machiques de Perija del Estado Zulia, y que por duplicado lleva la Oficina del Registro Principal del Estado Zulia. Así se decide.

POR LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 700 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NO HABIENDO PRUEBA FEHACIENTE DE LA OCURRENCIA DE LA PERTURBACION, DECLARA IMPROCEDENTE DECRETAR LA PROTECCION POSESORIA RECLAMADA POR LA CIUDADANA MARIA YOLANDA MORA DE GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 1.642.199 y domiciliada en Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra el ciudadano GILBERTO DE JESUS MATOS GUILLEN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 100.922, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. ASÍ SE DECLARA.

De la revisión efectuada a las actas procesales, se observa que la Sociedad Mercantil INVERSIONES LAS TERMAS DE UREÑA C.A., antes identificada, representada por la abogada OMAIRA DEL CARMEN VIELMA, en su carácter de Gerente General de la misma, demanda la resolución del contrato de arrendamiento celebrado con el ciudadano NERIO MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ, representante de la Sociedad Mercantil INVERSIONES HIPICA MARABINA C.A., igualmente identificado, ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo, en fecha 15 de junio de 1999, anotada bajo el N° 55, Tomo 48, admitiéndose la referida demanda en fecha 13 de Octubre de 2003, tramitándose el proceso hasta la sentencia definitiva, dictada en fecha 14 de agosto de 2006, declarando CON LUGAR LA DEMANDA Y EL PAGO DE OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA BOLIVARES CON OCHO CENTIMOS (BS. 8.847.290,08), observándose que en dicho estadio procesal las partes realizan la transacción antes especificadas, bajo las condicio.....

En observancia a la norma antes trascrita, y del estudio realizado en actas, se aprecia que de la intimación de la demandada quedó constancia en actas, el día 5 de abril de 2006, por lo que el lapso para la oposición o pago, quedo comprendido entre los días despachados 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 de abril y 2 y 3 de mayo del 2006, antes del cual transcurrió el término de distancia, por lo que, siendo que hasta la presente fecha el demandado no han formulado oposición, ni pagado la cantidad de dinero demandada, y transcurrido la oportunidad legal correspondiente, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declara firme el Decreto Intimatorio de fecha Nueve (9) de Febrero de 2006, en consecuencia, este procede como en Sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada. Así se Decide.

POR LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 700 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NO HABIENDO PRUEBA FEHACIENTE DE LA OCURRENCIA DE LA PERTURBACION, DECLARA IMPROCEDENTE DECRETAR LA PROTECCION POSESORIA RECLAMADA POR EL CIUDADANO ANGEL LUZARDO, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad No. V-7.9798.307, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. ASÍ SE DECLARA