Así las cosas, siendo que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dio paso a la ejecución forzosa en la presente causa, y dado el valor de la copia simple acompañada, este Tribunal en aras de garantizar el debido proceso, así como la tutela judicial efectiva, mediante la ejecución de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, provee de conformidad, en consecuencia ORDENA oficiar al Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a fin de participarle que se abstenga de ejecutar la comisión librada por este Juzgado, en virtud de la medida cautelar dictada por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ofíciese.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos MAYLE COROMOTO FINOL FUENMAYOR y EUDO ANGEL VERA LOPEZ, el día seis (06) de diciembre del año mil novecientos ochenta (1.980), por ante el Prefecto y Secretario del Municipio Jesús Enrique Lossada del Distrito Maracaibo, hoy Municipio Autónomo Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 256.

Aplicando la norma ut supra citada al caso bajo estudio y en observancia que el proceso se encuentra paralizado por las partes luego de la constancia en actas de la intimación de los demandados, y por cuanto en el documento autenticado por la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del Estado Zulia, de fecha 16 de octubre de 2006, anotado bajo el No. 14, Tomo 74, se establece: "Por lo que Banesco Banco Universal C.A., desistirá del proceso judicial, y la parte demandada conviene en el mencionado desistimiento,..." este Juzgador considerando que las partes están conforme con el referido desistimiento, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando conforme el mismo; en consecuencia se da por consumado el acto, se homologa y se le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

En relación al Periculum In Damni, el mismo debe ser un temor de daño inminente, que debe ser serio, posible y fundamentalmente que tenga vinculación con la materia debatida en el juicio, ahora bien, siendo que la demandada no demuestra argumentos de hecho, ni acompaña documentos probatorios en los cuales demuestre el peligro inminente que atente con su permanencia en el inmueble antes identificado; al no cumplir con el extremo del peligro in damni o fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, y siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida innominada de permanencia solicitada.- Así se decide. En lo referido a la medida solicitada sobre la cesta ticket, por cuanto el mismo consiste en una ayuda alimentaría directa del trabajador, este Tribunal NIEGA la medida sobre dicho concepto.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ARELIS DEL CARMEN BRACHO y ARGENIS RAMON MARIN, el día cuatro (04) de mayo del año mil novecientos ochenta y cinco (1.985), por ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del antiguo Municipio Coquivacoa, hoy Parroquia Coquivacoa, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 441.

Ahora bien, siendo el acto de autocomposición procesal bajo análisis celebrado en forma válida y legítimamente efectuado por quienes tienen interés y facultad para verificarla, a la par que con ella no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni por ley especifica alguna; este Sentenciador verificados todos los extremos de ley fijados para estos casos, le imparte la aprobación que se ha requerido por los interesados y en consecuencia homologa dicha transacción en los términos establecidos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos de terceros. Así se resuelve.

Asimismo, se debe acotar que los requisitos exigidos en el artículo 585 ejudem, deben ser cumplido a través de elementos contundentes, palmario y ostensible, y no pueden derivar de solo de afirmaciones que realicen las partes, ahora bien, siendo que de la revisión de las actas procesales, no se observa ningún medio probatorio ni sustento material alguno, para demostrar el peligro en la mora o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, vale decir, que la parte demandada este realizando actos tendientes a burlar la efectividad de la eventual sentencia favorable para el actor, en consecuencia, siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, y revisado la solicitud de anotación de la litis, la cual se entiende es en ocasión a una medida innominada; este Juzgado observa que no existen argumentos de hecho ni medios probatorios suficientes para presumir el peligro en la mora o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, así como los demás requisitos exigidos en la norma para su decreto, y siendo este requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, este Sustanciador NIEGA la medida preventiva solicitada.- Así se decide.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la Constitución y de la ley declara: 1. INADMISIBLE la presente Acción de Amparo interpuesta por el ciudadano SELEUCIO IVÁN MALDONADO OVIEDO, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad No. 1.930.650, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS, MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 2. No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por no considerarse temeraria la presente solicitud.

En consecuencia, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos LISMANUEL FUENMAYOR FUENMAYOR y KEILY MAR URDANETA PULGAR, el día quince (15) de agosto del año dos mil tres (2.003), por ante el Intendente y Secretaria respectivamente, de la Parroquia José Ramón Yépez, Municipio Autónomo Jesús Enrique Lossada del Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 022.