Y luego de una revisión de las actas procesales, en especial del poder apud acta conferido por el ciudadano LENDER BERNABE SANCHEZ FERNANDEZ, en fecha 6 de agosto de 2007, constándose que el referido abogado no posee facultad expresa para disponer del derecho en litigio, este Órgano Jurisdiccional en atención a la norma ut supra citada, NIEGA el pedimento efectuado por el apoderado judicial de la parte actora. Así se establece.

A tenor del artículo antes trascrito, se evidencia que la solicitud de pensión de alimento peticionada por la ciudadana Elvira Rosa Peña a favor de su hija Mileidis del Carmen Villalobos, debe ser solicitada y tramitada por un procedimiento autónomo, el cual al ser especial no puede ser acumulado a la presente causa, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE dicho pedimento. Así se resuelve.-

Concentrados en el pedimento de la representación judicial de la parte demandada, y visto que su pedimento no configura en forma alguna de las excepciones antes señaladas para paralizar la ejecución de la sentencia proferida en actas, este Tribunal NIEGA la solicitud realizada por la parte demandada. Así se decide. Con respecto a la solicitud de la partea actora, en la cual solicita se ponga en estado de ejecución la sentencia dictada en actas, visto que el recurso de apelación ejercido contra la sentencia definitiva fue declarado extemporáneo por atrasado, y el intentado contra la resolución de fecha 6 de agosto de 2007, se tramita en un solo efecto, sin paralizar el curso del presente proceso, este Tribunal provee de conformidad, en consecuencia DECLARA EN ESTADO DE EJECUCIÓN la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 22 de junio de 2007, y se le concede a la parte demandada siete (07) días de despacho para el cumplimiento voluntario, de conformidad con el artículo 524 .....

Este Tribunal, visto la diligencia de fecha 19 de septiembre de 2007, suscrita por el abogado JOSE GREGORIO BRAVO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 57.133, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, donde expone que recibe de manos de la empresa demandada Sociedad Mercantil SEA TECH DE VENEZUELA, C.A. la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 29.432.818,58) correspondiente al último pago del acuerdo judicial que corre inserto en actas, cantidad con lo cual queda cubierta la totalidad de la obligación, solicitando además el archivo del presente expediente; este Juzgado visto que el referido abogado está suficientemente facultado para representar en juicio a la parte actora Sociedad Mercantil CENTRO MEDICO DOCTOR FERREBUS AMAYA, C.A., y por cuanto de actas se evidencia que en fecha 30 de junio de 2006, este Tribunal paso a homologar el acuerdo transaccional celebrado por las.....

En el caso bajo estudio, observa este Sentenciador que la causa aún se encontraba en la fase de admisión y al no haber pronunciamiento al respecto por este Tribunal, el procedimiento en si jurídicamente no se había iniciado, puesto que este es efectivo una vez este Juzgado haga pronunciamiento expreso sobre la admisión de la demanda; sin embargo, por cuanto se evidencia que la voluntad de la parte solicitante es no continuar con la tramitación del juicio en esta Instancia, este Órgano Jurisdiccional ordena la devolución de los instrumentos originales consignados, previa su certificación en actas; en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

En razón de lo señalado este Tribunal considerando que lo pactado por los intervinientes en la causa representa un convenio válido mediante la cual la parte demandada con comprobación fehaciente de la representante judicial sobre su capacidad para efectuar el acto composicional mediante el cual reconoce el pago de las sumas reclamadas las cuales paga en el mismo acto y la actora, a través de su representante judicial acepta el pago cumplido; exhibiendo ésta también poder suficiente para recibir el pago que se hace, poder éste debidamente autenticado ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo de fecha 21 de febrero de 2005, anotado bajo el No. 45, Tomo 12 de los Libros respectivos, a la par que lo convenido no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional ni ley especifica alguna, procede a impartir la aprobación que se le requiere y en consecuencia homologa dicho convenio en los términos establecidos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: A) SE DECLARA IMPROCEDENTE el reclamo realizado por la parte demandada, contra las actuaciones del Juzgado Segundo Especial Ejecutor de Medidas de los Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. B) SIN LUGAR LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO EJECUTADA EN ACTAS sobre las prestaciones sociales del demandado Jairo Argenis Barroso Alarcón, en los términos antes identificados.- C) SE MANTIENE VIGENTE LA REFERIDA MEDIDA. D) SE CONDENA EN COSTAS a la demandada de autos por haber sido vencida totalmente en esta incidencia.

Aplicando la norma ut supra citada al caso bajo estudio y en observancia que el proceso se encuentra en estadio procesal de citación, considera este Juzgador que no es necesario el consentimiento de la contraparte para efectuar el referido desistimiento, el cual de la revisión realizada no contraviene la Ley, el orden público o las buenas costumbres, encontrando conforme el mismo; en consecuencia este Tribunal da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.

Por los fundamentos expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara: - CON LUGAR, la presente demandada de COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ejecutiva) incoada por el ciudadano JUAN DIEGO LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.305.687 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en contra del ESTADO ZULIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA. - Se CONDENA a la parte demandada al pago de la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) más la cantidad que resulte de la corrección monetaria, que se haga al efecto, para lo cual se ordena oficiar al Banco Central de de Venezuela, a los fines de que calcule la Indexación monetaria, de las referidas cantidades de dinero desde la fecha de admisión de la demanda hasta.....