En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ISBELY FERNÁNDEZ, Defensora Pública Décima Segunda Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de Defensora del ciudadano JHON ALFREDO GUTIÉRREZ. SEGUNDO: NULIDAD ABSOLUTA de la decisión N° 069-17, de fecha 14.02.2017, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual decretó las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de la libertad en contra del ciudadano JHON ALFREDO GUTIÉRREZ, identificado en actas, por la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 452.....

PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA APROBADO Y HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO suscrito por las partes intervinientes, pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la LOPNNA.

DECLARA: "PRIMERO: ADMISIBLE la presente solicitud de acción de amparo constitucional intentada por las abogadas PILAR OBERTO BLANCO y MARIA MERCEDES GONZÁLEZ, portadores de las cédulas de identidad Nos. 9.355.556 y 14.697.390, e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 56.679 y 108.571 respectivamente, en sus caracteres de Apoderadas Judiciales de la sociedad mercantil AGROPECUARIA CARENERO, C.A.,, por no encontrarse incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y se acuerda la prosecución del proceso, en consecuencia se ordena notificar de la presente resolución al Instituto Nacional de Salud Integral en la persona de la ciudadana Yolanda Esther Pérez Páez, al Gerente de la Aduana Principal de Maracaibo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanero y Tributario (SENIAT), al Procurador General de la Republica y al Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de la Circuns.....

Así pues, por cuanto este Tribunal evidencia que la parte interesada no cumplió con la efectiva firma de la presente solicitud por ante la secretaría de este Tribunal, a fin de imprimirle autoría y, en consecuencia validez, tal y como lo establece la norma ut supra mencionada, es por lo que resulta forzoso para esta jurisdicente declarar su INADMISIBILIDAD, toda vez que la misma carece de un requisito fundamental para su correcta procedencia, y así quedará establecido en el dispositivo del presente fallo.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en la presente DEMANDA POR INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, presentado por los abogados JOSÉ DEL CARMEN CONTRERAS y ANA ARAUJO VILLASMIL, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 14.699 y 16.503, respectivamente, en contra de la Empresa BARRIO HIDALGO CONSTRUCCIONES, S.A.

IV DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 03 de octubre de 2014 por el abogado HEBERTO LEAL VILLASMIL, apoderado judicial de la parte actora, en el juicio de NULIDAD DE DOCUMENTO Y SIMULACIÓN, seguido por la ciudadana LIGIA RAMONA AMAYA DE SUAREZ, en contra de los ciudadanos TABATHA DEL CARMEN SUÁREZ PAZ y ROBERTO JOSÉ DEVIS SÁNCHEZ. SEGUNDO: se CONFIRMA la decisión dictada por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en fecha 30 de septiembre de 2014, en el sentido que: • Se NIEGA el decreto de la MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por abogado por el ciudadano JESÚS ANTONIO CRESPO HEBERTO LEAL.....

Con Lugar la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos Edixon Enrique Vera Rojas y Marianny Chiquinquirá Moreno González, titulares de las cédulas de identidad No. V- 16.151.032 y V- 19.341.807, respectivamente.

Con Lugar la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos Mayela del Carmen Sánchez Sarcos y Fran Alberto Zabala Rondon, titulares de las cédulas de identidad No. V- 9.785.282 y V- 10.401.135, respectivamente.

Con Lugar la solicitud de Divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, interpuesta por los ciudadanos Hugo José Fernández Padilla y Enoe Dinorah Fernández de Fernández, titulares de las cédulas de identidad No. Nº V-6.747.780 y V-11.394.233, respectivamente.

Con Lugar la solicitud de Divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, interpuesta por los ciudadanos Francisco Javier Contreras Meléndez y Gina Carolina Pérez Morillo, titulares de las cédulas de identidad No. Nº V-12.869.502 y V-13.764.216, respectivamente.