Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Juan Carlos Atencio, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano Ramón Eduardo Aldrey Alfonso, ambos plenamente identificados con anterioridad en esta sentencia, contra decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 15 de mayo de 2006. SEGUNDO: CONFIRMA la Decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 15 de mayo. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte apelante por haber sido vencida totalment.....

PRIMERO: SIN LUGAR la Apelación interpuesta con fecha 07 de mayo de 2007, por el abogado en ejercicio JULIO CESAR MOLINA, plenamente identificado, en su cualidad de Apoderado Judicial de la parte actora en este proceso. SEGUNDO: CONFIRMA la Sentencia dictada, por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTILD E LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con fecha 27 de abril de 2007. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte perdidosa en esta Incidencia, por haber sido vencida totalmente.-

Con fundamento en los razonamientos y argumentaciones supra señalados, considera este sentenciador que en la Sede Cautelar en estudio, se encuentra evidenciado que no se cumplieron los dos extremos exigidos por el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para el decreto de toda medida preventiva, como lo son la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), lo que hace necesario que se niegue la solicitud de decreto de medida realizada por el abogado EUGENIO ENRIQUE LOPEZ SIMANCAS, actuando como apoderado judicial de la parte actora. ASI SE DECIDE.