Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA del presente asunto por COBRO DE BOLIVARES POR HONORARIOS PROFESIONALES, interpuesta por los Abogados en ejercicio YADIRA ANDRADE POLENTINO y NIXON ANTONIO SANCHEZ, en contra del ciudadano ANGELO LO CHIATTO MOSCARITOLA, plenamente identificados en actas, para su conocimiento, sustanciación y decisión, en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a quien acuerda remitir las presentes actuaciones. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.

este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA el SOBRESEIMIENTO de la Causa contenida en las actuaciones que anteceden, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 318 Ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Ordinal 8° del Artículo 48 del Ejusdem, acogiendo así la solicitud Fiscal.

este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA el SOBRESEIMIENTO de la Causa contenida en las actuaciones que anteceden, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 318 Ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Ordinal 8° del Artículo 48 del Ejusdem, acogiendo así la solicitud Fiscal.

este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA el SOBRESEIMIENTO de la Causa contenida en las actuaciones que anteceden, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 318 Ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Ordinal 8° del Artículo 48 del Ejusdem, acogiendo así la solicitud Fiscal.

SE DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por la FISCALÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL MINSITERIO PÚBLICO, y en consecuencia SE DECRETA el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa seguida a la joven IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, por la comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal Venezolano Vigente, en perjuicio de la ciudadana DUMARY DEL VALLE CALDERA FERNÁNDEZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318, ordinal 1, primer supuesto, del Código Orgánico Procesal Penal, extinguiéndose por ende, la acción penal correspondiente.

: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por la FISCALÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL MINSITERIO PÚBLICO, y en consecuencia SE DECRETA el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa seguida al joven imputado IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, sin datos de identificación, por la comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES, previsto en el artículo 413 del Código Penal Venezolano Vigente, en perjuicio del ciudadano IDENTIFICACIÓN SE OMITE EN RESGUARDO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318, ordinal 1, primer supuesto, del Código Orgánico Procesal Penal, extinguiéndose por ende, la acción penal correspondiente

DECIDE: a) OFICIAR a PDVSA PETROLEO S.A., a fin de que la ciudadana FRANCIA VIOLETA CASTILLO FREILES, retire en cheque de gerencia a Nombre de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, las cantidades de dinero que le correspondan a la adolescente LINORA LUZ VILLALOBOS CASTILLO como heredera del difunto LINO ALFONSO VILLALOBOS LARREAL. b) No hay costas por la naturaleza del presente procedimiento.

a) AUTORIZA SUFICIENTEMENTE a las ciudadanas JENNY LOREDANA DELGADO y MARIA DE JESUS CHACIN DE RODRIGUEZ, titulares de las cedulas de identidad Nos. 13.725.165 y 5.045.496, para que retire en cheque de gerencia a Nombre de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por ante la división correspondiente de PDVSA GAS, las cantidades de dinero que le puedan corresponder a las niñas y la adolescente MARIA DANIELA Y LAURA CAROLINA VILLALOBOS DELGADO Y MARY ALEJANDRA VILLALOBOS RODRIGUEZ.- b) No hay costas por la naturaleza del presente procedimiento.

a) AUTORIZA SUFICIENTEMENTE a la ciudadana ELVIA ROSA FERNANDEZ RIOS, titular de la cedula de identidad Nº 25.481.737, para que retire en cheque de gerencia a Nombre de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por ante Banesco Seguros C.A. las cantidades de dinero que le puedan corresponder a la adolescente MARILIN GREGORIA MORENO FERNANDEZ como beneficiaria y heredera del ciudadano FRANKLIN RAFAEL MORENO FERNANDEZ.- b) No hay costas por la naturaleza del presente procedimiento.

Por los fundamentos expuestos, en la Acción de Amparo Tributario interpuesta por el ciudadano EDIXO ANTONIO BARRIOS ANCIANI, portador de la cédula de identidad No. 4.703.617, en su carácter de Director de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA FERRETERA, C.A. (DIFERCA), en contra de omisiones supuestamente lesivas incurridas por el ciudadano Ramón Segundo Valbuena Rodríguez, en su carácter de Administrador de Rentas de la Alcaldía del Municipio Miranda del Estado Zulia, al negarle la expedición de solvencia municipal y al negarse a aceptar el pago de los tributos que le adeuda, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE para el conocimiento del presente Amparo Tributario; y ordena la remisión del expediente en original a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se decida el conflicto de competencia planteado.