Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA INHIBICION planteada por la Abg. Mariluz Castejon, en su condición de Juez de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 02 de este Circuito Judicial Penal, fundamentada en la causal establecida en el articulo 87 y el ordinal 7° del artículo 86 Código Orgánico Procesal Penal.

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara DESISTIDO el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 22 de Enero de 2008 por el Abg. Manuel Coromoto Brito Sánchez en contra de la decisión dictada en fecha 08 de Enero de 2008 por el Tribunal de Ejecución N° 02 mediante la cual Negó por improcedente la Solicitud de Decreto de Medida Preventiva de Embargo sobre los bienes muebles de CORP BANCA y la celebración de la Audiencia Oral requerida por la Defensa. SEGUNDO: Se ordena notificar a las partes de la presente decisión.

Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA INHIBICION planteada por el Abg. Trino Abelardo La Rosa Vanderdys, en su condición de Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 08 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fundamentada en los ordinales 4º y 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal y 87 ejusdem, en la Causa Principal N° KP01-P-2007-009247. Remítanse las presentes actuaciones al Juez que conoce del Asunto Principal, a los fines de que sea agregado al mismo e igualmente líbrese oficio al Juez inhibido.

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la Abg. Enma Suárez, en su condición de Defensora Pública Penal de la ciudadana Melitza Josefina Luque Barradas y en consecuencia, se acuerda rebajar la pena impuesta a la referida ciudadana, quien deberá cumplir OCHO (08) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de Distribución Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 470 en concordancia con la parte in fine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma manera deberá cumplir con las penas acces.....

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la Recusación interpuesta por la Abogada ANA GRACIELA PARRA, actuando en su condición de Defensora Privada del ciudadano Jesús Alfredo Olmos Gutiérrez, contra la ciudadana Jueza de Primera Instancia en funciones de JUICIO N° 04 de este Circuito Judicial Penal, Abg. MARISOL LOPEZ, en el Asunto Principal signado bajo el N° KP01-P-2007-003205, por no darse los supuestos legales contenidos en los numerales 6°, 7° y 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

Con base a las razones que se dejan expresadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida al ciudadano JOSUE CALEB CASTILLO TORREALBA, titular de la cedula de identidad Nº 15.777.495 por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Intencionales Graves, previstos y sancionados en los artículos 408 ord. 1º y 417 ambos del Código Penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos, por cuanto se encuentra evidentemente extinguida la acción penal a consecuencia de su muerte, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 48 ordinal 1° ejusdem.