Por estos razonamientos expuestos, sumado a que desde el momento de la admisión de la demanda se determinó la practica de diligencias tendientes a la avaluación del inmueble de la causa para el establecimiento de la garantía, considera este Tribunal que este desgaste jurisdiccional no puede ser en vano; por lo que estando en uso de la facultad que le otorga la indicada norma del articulo 699 del Código de Procedimiento Civil NIEGA DECRETAR MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE JUICIO, y mantiene su criterio en cuanto que la parte querellante constituya la garantía judicial fijada en la resolución de fecha 21 de febrero de 2007. Así se Establece.-

Así la cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia decreta MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un inmueble constituido en un Fundo Agropecuario denominado "LA TRINIDAD", constante de treinta y ocho hectáreas, con cinco centiáreas (38,5 Ha), sembradas en su mayor extensión de pastos artificiales de diferentes clases; teniendo además dos (02) casa de habitación, con techo de zinc, paredes de bloques y piso de cemento, una (01) vaquera con estructura de hierro y techos de láminas de acerolit, forradas con varetas, varios corrales con apartaderos, becerra y dos (02) comedores-bebedores, ocho (08) pozos artesanos, servicios de energía eléctrica todo comprendido dentro de los siguientes lindero.....

Por lo antes expuesto, este Tribunal de conformidad con la norma aducida del articulo 699 del Código de Procedimiento Civil, y analizados ab initio los medios probatorios que el solicitante ha producido con su solicitud, considera que una vez examinados los recaudos acompañados y lo alegado por el querellante este Tribunal en cumplimiento a las normas invocadas acuerda y cumplidos los extremos exigidos en la referida norma, así como la suficiencia y eficacia de la garantía constituida, DECRETA LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE ESTE JUICIO, constituido por un Apartamento- vivienda, distinguido con el No. 1A, ubicado en la planta baja del Edificio denominado "Residencias Villa Alegre", situado en la calle 79B, signado con el No. 74B-75, Sector La Macandona, ubicado en jurisdicción de la parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, El Edificio se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: con fechada norte del Edificiom patio y área de entrada.....

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos MARCO ANTONIO DURAN SOLARTE y NELLY MARGARITA LANDAETA MARTINEZ, el día trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1.982), ante el Prefecto y Secretario respectivamente, del Municipio Los Guayos, Distrito Valencia del Estado Carabobo, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 34.

Así las cosas, observa este Juzgador que en el decreto intimatorio proferido en fecha 29 de julio de 2005, se intimó a la parte demandada a cancelar la cantidad de QUINCE MILLONES SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 15.060.000,oo), que comprendía la cantidad de Doce Millones de Bolívares (Bs. 12.000.000,oo), por concepto de capital, la cantidad de Quinientos cincuenta mil Bolívares con 00/100 (Bs. 550.000,oo) por concepto de intereses de mora, y al cantidad de Dos Millones quinientos diez mil Bolívares (Bs. 2.510.000,oo) por concepto de honorarios profesionales calculado al 20% sobre el valor de la demandada. Dichos conceptos fueron ratificados conforme a la sentencia definitiva dictada en la presente causa, en fecha 3 de noviembre de 2006, por lo que, siendo que los costos derivados de los honorarios profesionales, se encuentran incluidos en la cantidad de QUINCE MILLONES SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 15.060.000,oo), condenados a pagar a la parte demandada, este Tribunal NIEGA el pedimento real.....

Efectivamente en la fecha arriba señalada, según escrito suscrito por la ciudadana ELSA JOSEFINA BASTIDAS SANZ, identificado con anterioridad y con la asistencia dicha, desiste del procedimiento, de conformidad con el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL seguido contra el ciudadano EDGAR DE JESUS ROSALES FUENMAYOR, igualmente identificado, por lo que el Tribunal de la revisión efectuada a las actas procesales observa que la causa en estudio se encontraba en la etapa procesal de citación, por lo que no es necesario el consentimiento de la contraparte para realizar el mismo, así visto que el desistimiento realizado, no es contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, encuentra conforme el mismo y por disposición del Articulo 265 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el acto, lo homologa y le da carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.