DECLARA: INADMISIBLE la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, incoada por el ciudadano JESÚS SALVADOR URDANETA DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.753.401, en contra de la ciudadana ELITA MARÍA NAVA ACOSTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.600.554, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

ACUERDA CONCEDER el BENEFICIO DE DESTACAMENTO DE TRABAJO al penado ANDRY JOSÉ CUADRADO, titular de la cédula de identidad N° 17.279.116, antes identificado, por cumplir con todos los requerimientos previstos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal vigente y artículos 67 y 68 de la Ley de Régimen Penitenciario. Asimismo se ordena oficiar al Director de la Cárcel Nacional de Maracaibo, y a la Unidad Técnica de apoyo al sistema Penitenciario. Notifíquese a la Fiscal N° 27 del Ministerio Público, Defensa a los fines de notificarles de la presente decisión.

SE DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO con relación a la causa seguida al adolescente IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, por la presunta comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES DE CARÁTER MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Vigente, por los fundamentos antes expuestos

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la inhibición propuesta por el Juez del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Dr. EDISON VILLALOBOS ACOSTA, suscrita en fecha 03 de julio de 2007, en el juicio que por Nulidad de Venta sigue la ciudadana NINOSKA DEL VALLE PIÑA VILCHEZ, en contra de los ciudadanos MARIA DIANET RODRÌGUEZ DE VILARO y ROBERTO CARLOS VILARIO RODRÌGUEZ SEGUNDO: Se dispone, en consecuencia, que el mencionado Juez debe seguir conociendo de dicho asunto, por no existir causa legal que se lo impida. TERCERO: Remítase, con oficio las presentes actuaciones al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Trànsito de la Circunscripción Judicial del Estado.....

Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la presunta comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 6 ordinales 1º, 2º y 3º de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, cometido en perjuicio de WILLIANS RAFAEL NAVARRO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.-

Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES, cometido en perjuicio de CRISTIAN RAMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal.-

Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 6 Ordinales 1º, 2º y 3º de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, cometido en perjuicio de CARLOS JAVIER MORAN BLANCO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.-

Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la presunta comisión del delito de HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 1 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, cometido en perjuicio de LUIS ERNESTO YRAGORRI GUERRA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.-

Por los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra PERSONAS POR IDENTIFICAR, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 455 Ordinal 3º del Código Penal, cometido en perjuicio de MARCO ANDRE FERRER NAVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el hecho objeto del proceso no puede ser comprobado jurídicamente.

DECISION Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA INHIBICIÓN suscrita por el Abogado JULIO ARÉVALO MÁRQUEZ, actualmente desempeñando el cargo de Juez Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de encontrarse incurso en la causal de inhibición prevista en el numeral 7, del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 87 ejusdem, a fin de evitar dudas sobre la imparcialidad a la que pueda estar sujeta como administrador de Justicia que es, en el presente proceso.