CON LUGAR la acción de DIVORCIO 185-A intentada por los ciudadanos: LUIS ALBERTO FERRER RUBIO y OLGA DEL CARMEN MORALES MORALES venezolanos, mayores de edad, portadores de las cedulas de identidad Nº V.-11.867.994 y V.-12.442.992 domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en consecuencia se declara disuelto el vinculo matrimonial de conformidad con lo establecido en el articulo 185-A del Código Civil Venezolano Vigente.------------------------------

CON LUGAR la acción de DIVORCIO 185-A intentada por los ciudadanos: LUIS ALBERTO FERRER RUBIO y OLGA DEL CARMEN MORALES MORALES venezolanos, mayores de edad, portadores de las cedulas de identidad Nº V.-11.867.994 y V.-12.442.992 domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en consecuencia se declara disuelto el vinculo matrimonial de conformidad con lo establecido en el articulo 185-A del Código Civil Venezolano Vigente.------------------------------

a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos QUIANT SEE MADELAINE GONZALEZ QUINTERO Y GERMAN ANTONIO QUINTERO QUINTERO, ya identificados. b) DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que contrajeron ante la Jefatura Civil de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha diez (10) de Julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 154, expedida por la misma. No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.-

Por los fundamentos antes expuestos; éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: A) Perimida la Instancia en el juicio de NULIDAD DE VENTAS seguido por la sociedad mercantil INMOBILIARIA EL PODER C.A. (INELPOCA), en contra de las sociedades mercantiles SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS O.H., C.A.; POSADA COSTA DEL LAGO SUITE, C.A. y los ciudadanos NOHELIA SALAZAR y JOSÉ JESÚS SALAZAR LÓPEZ, todos identificados en la parte narrativa de éste fallo.-

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Niega la Inspección Judicial solicitada por el Profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO SIERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.870.190, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula número 76.980, domiciliado en el Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia. SEGUNDO: No hay condenatorias en costas en virtud de la naturaleza de la decisión. TERCERO: Se ordena devolver los originales a la parte interesada previa certificación de las mismas.

declara: a) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de OFRECIMIENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA, intentada por el ciudadano WILLMIR OLIVERA BRACHO, en beneficio de la niña (se omiten los nombres de los niños y adolescentes por razones de confidencialidad), la cual procreó con la ciudadana DAMARIS BASTIDAS. Ahora bien para establecer el monto de la pensión alimentaria esta Juez Unipersonal No. 4, tomando en consideración la capacidad económica de las partes, fija como pensión alimentaria mensual la cantidad equivalente a VEINTITRÉS TREINTA Y DOS AVOS (23/32) de salario mínimo, es decir, la cantidad a cancelar por el progenitor es de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES con 59/100 (Bs. 368.233,59) mensuales, en base a la fijación que del mismo haga el Gobierno Nacional y que actualmente asciende a la cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 512.325,00) mensuales. Para el momento en que se incremente el salario mínimo para los trabajado.....

declara: a) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de OFRECIMIENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA, intentada por el ciudadano WILLMIR OLIVERA BRACHO, en beneficio de la niña (se omiten los nombres de los niños y adolescentes por razones de confidencialidad), la cual procreó con la ciudadana DAMARIS BASTIDAS. Ahora bien para establecer el monto de la pensión alimentaria esta Juez Unipersonal No. 4, tomando en consideración la capacidad económica de las partes, fija como pensión alimentaria mensual la cantidad equivalente a VEINTITRÉS TREINTA Y DOS AVOS (23/32) de salario mínimo, es decir, la cantidad a cancelar por el progenitor es de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES con 59/100 (Bs. 368.233,59) mensuales, en base a la fijación que del mismo haga el Gobierno Nacional y que actualmente asciende a la cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 512.325,00) mensuales. Para el momento en que se incremente el salario mínimo para los trabajado.....

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano RAFAEL RAMON BOLIVAR AZUAJE, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal Derogado, cometido en perjuicio de la ciudadana JUDY MARINA LEÓN DE RUBIO, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN MODALIDAD DE MANO ARMADA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano HECTOR RAFAEL BRAVO ZAMBRANO, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.