Ahora bien, como quiera que en el presente Juicio se ha suscitado una incidencia devenida del planteamiento que hiciere la ciudadana MARIELA COROMOTO ARAUJO MORALES, con respecto a su reconciliación con su cónyuge OSCAR GARCIA QUEVEDO, lo que permitió a este Juzgador relajar los actos procesales en resguardo de las garantías y derechos ut supra señalados, abriendo en consecuencia una articulación probatoria, vencida la cual nada probaron las partes en relación a lo alegado, y vista la solicitud hecha por el referido ciudadano, este Tribunal ordena notificar nuevamente de ello a la ciudadana MARIELA COROMOTO ARAUJO MORALES, a fin de comparezca por ante este Juzgado en el tercer (3°) día de despacho siguiente de su constancia en actas, a exponer lo que a bien tenga sobre su solicitud de Conversión en Divorcio de esta Separación de Cuerpos y Bienes por mutuo consentimiento. ASE SE DECIDE.

Ahora bien, siendo que en actas, se evidencia que en fecha 13 de agosto del año en curso, este Sentenciador dictó sentencia definitiva en la causa, lo que determina el agotamiento del poder cautelar preventivo del Juez, y con ello la imposibilidad de proceder al decreto de medidas cautelares preventivas, por lo que este Tribunal, NIEGA LA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la representación judicial de la parte actora. Así se Decide.-

Así las cosas, siendo que en la presente causa el desistimiento realizado por la ciudadana Tibisay Salazar fue homologado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quién le otorgó el carácter de cosa juzgada, hace improcedente declarar en estado de ejecución una resolución que se encuentra definitivamente firme, en consecuencia este Tribunal NIEGA el pedimento realizado por la parte demandada. Así se decide.-

Ahora bien, siendo que conforme a la corrección monetaria ordenada, se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 75.302.750,oo) en consecuencia, este Tribunal a fin de proceder a la ejecución forzosa, decreta MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgador Ejecutor, hasta cubrir la cantidad de CIENTO TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 130.000.000,oo), suma prudencialmente calculada por este Tribunal. Que en caso de que la ejecución de la medida recaiga sobre cantidades de dinero versará hasta la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 75.302.750,oo), suma condenada a pagar en el presente juicio. Líbrese Mandamiento de Ejecución al cualquier Juez Ejecutor donde se encuentren bienes muebles e inmuebles del deudor. Líbrese Mandamiento.

En consecuencia, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos IVAN JOSE PARRA ATENCIO y SARAY MARIA RODRIGUEZ BRACHO, el día veintiocho (28) de mayo del año dos mil cuatro (2.004), por ante el Presidente y Secretario respectivamente, del Consejo Municipal del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada signada con el No. 54.

En consecuencia, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL, administrando Justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL que contrajeron los ciudadanos EDUARDO JOSE MARTINEZ GEORGE y JENNY JELUE RIOS LARA, el día trece (13) de marzo de dos mil cuatro (2.004), ante el Jefe Civil y Secretaria respectivamente, de la Parroquia San Francisco, Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, acompañada a las actas en copia certificada, signada con el No. 52.

En este sentido, y por cuando el ciudadano JUAN GABRIEL SICILIANO PEÑA, plantea a través de dicho escrito varios tipos de tercerías las cuales a todas luces poseen en su trámite distintos tipos de procedimientos, este Tribunal en atención al derecho a la defensa que debe imperar en todo proceso, principio constitucional que no solo le asiste a la parte demandada sino también a la parte actora, declara como no opuesto el escrito de fecha 23 de julio de 2007, e insta al ciudadano JUAN GABRIEL SICILIANO PEÑA, a que exponga mediante nuevo escrito, de forma clara y precisa sus pretensiones ateniendo a lo antes expuesto. Así se establece.-