Por los fundamentos expuestos, en nombre de la RÉPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1) VICIADO DE NULIDAD ABSOLUTA el procedimiento seguido en esta causa para lograr la notificación (citación) de la Procuradora General de la República. 2) NULA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 13 de febrero de 2007, en la presente causa seguida por el ciudadano LEONCIO OCANDO PADILLA frente a LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Salud y Desarrollo Social (Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo). 3) SE REPONE la causa al estado de que el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente, dicte nuevo auto de admisión de la demanda en el cual se ordene la notificació.....

1) HOMOLOGA, por lo cual atribuye el carácter de cosa juzgada al desistimiento, manifestado por la representación judicial de la empresa demandada, BAKER HUGHES SRL, del Recurso de Casación anunciado contra la sentencia dictada por este Tribunal Superior en fecha 25 de abril de 2007. 2) Se ordena la remisión del presente expediente al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, a los efectos de que se pronuncie sobre la homologación solicitada en cuanto al acuerdo suscrito por las partes. 3) NO HAY COSTAS, en virtud de lo acordado por las partes en su acuerdo de fecha 03 de mayo de 2007.

Por las consideraciones que preceden, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, desestima el recurso de apelación deducido por el ciudadano ARSENIO ANTONIO SALAZAR ANDRADE y, consecuentemente se confirma la sentencia dictada por el Tribunal A quo que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el nombrado ciudadano en contra de la sociedad mercantil TERMINALES MARACAIBO C. A., por estar ajustada a derecho.

Por las consideraciones que preceden, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, desestima el recurso de apelación deducido por los ciudadanos MARCOS JOSÉ CHACÍN REVEROL, JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ, HÉCTOR ANTONIO QUINTERO GÓMEZ, EDUARDO ANTONIO CHIRINO, JESÚS MARÍA PÉREZ, MELKIN JOSÉ RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN VERA CHACÍN, HELDRIH VELAN DRÍA SUÁREZ, DUBAI RAMÓN FRANCO VILLEGAS, NERIO RUBÉN MACHO PÉREZ, ASDRÚBAL JOSÉ PEREIRA FLORES, ALFREDO RAMÓN CASTILLO ÁLVAREZ, ENRIQUE JOSÉ VIZCAINO COLINA, JUAN JOSÉ ACOSTA PETIT, GREGORIO RAMÓN BRICEÑO CASTRO, WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ENDER ALEXANDER ROA BLANCO, ALBERTO JOSÉ FERNÁNDEZ CÁRDENAS y EBERTO FERNÁNDEZ, y, consecuentemente se revoca la sentencia dictada por el Tribunal A quo que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por los nombrados ciudadanos en contra de la.....

1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 02 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de cobro de prestaciones sociales e indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo incoada por el ciudadano EUGENIO MORALES GONZÁLEZ frente a la Sociedad Mercantil DIVISIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C. A. (DISEINCA, C. A.). 4) SE CONFIRMA el fallo apelado con distinta motivación, por lo que se condena a la demandada a pagar al actor la cantidad de 24 millones 637 mil 500 bolívares por concepto de la indemnización previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la cantidad de 10 millones de bolívares por concepto de daño moral, más lo que resulte por la experticia complementaria del fallo para el cálculo del beneficio contemplado en la Ley de Ali.....