Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad del acto administrativo Nº DGSS/3272 de fecha 20 de mayo de 2005 intentado por el ciudadano VICTOR PINEDA, contra la GOBERNACION DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara la nulidad absoluta del acto administrativo Nº DGSS/3272 de fecha 20 de mayo de 2005, en consecuencia se ordena a la administración otorgar el mes de disponibilidad a los efectos de la reubicación del funcionario, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que no constituyen prestación efectiva del trabajo para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de deter.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad del acto administrativo Nº DGSS/3279 de fecha 20 de mayo de 2005 intentado por la ciudadana IBELIXE ROXANA ROJAS PEREZ contra GOBERNACION DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara la nulidad del acto administrativo Nº DGSS/3279 de fecha 20 de mayo de 2005, en consecuencia se ordena a la administración otorgar el mes de disponibilidad a los efectos de la reubicación del funcionario, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que no constituyen prestación efectiva del trabajo para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de deter.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad del acto administrativo Nº DGSS/3271 de fecha 20 de mayo de 2005 intentado por la ciudadana CARMEN LILIAN RODRIGUEZ contra la GOBERNACION DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara la nulidad absoluta del oficio Nº DGSS/3271 de fecha 20 de mayo de 2005, en consecuencia se ordena a la administración otorgar el mes de disponibilidad a los efectos de la reubicación del funcionario, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que no constituyen prestación efectiva del trabajo para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de determina.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad del acto administrativo cual se retiro a la funcionaria recurrente, ciudadana ESTELITA JOSEFINA FREITEZ contra la GOBERNACION DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara la nulidad absoluta del acto administrativo cual se retiro a la funcionaria recurrente, en consecuencia se ordena a la administración otorgar el mes de disponibilidad a los efectos de la reubicación del funcionario, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que no constituyen prestación efectiva del trabajo para lo cual se ordena la practica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de determ.....

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la demanda por prescripción adquisitiva interpuesta por los ciudadanos: ARSENIO DE JESÚS RODRÍGUEZ, MAURO RAFAEL RODRÍGUEZ y GERARDO RAFAEL RODRÍGUEZ en contra de los ciudadanos: RAFAEL RODRÍGUEZ R., BENEDICTA RODRÍGUEZ, DOLORES TRINIDAD RODRÍGUEZ, FLORENCIO ANTONIO RODRÍGUEZ y JUANA BAUTISTA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ.

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancias en función de Control No. 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DEVUELVE la presente causa, al Juez de Juicio No. 4 de este Circuito Judicial Penal, remitiéndole anexo la libreta de Ahorro No. 2430547, Cuenta No. 003-0070-59-0100482079, que se encuentra a nombre del Tribunal de Control No. 6, cuya firma aparece a nombre de la Dra. Carmen Bolívar, que era la Juez para el 29-07-2004.- Regístrese la presente decisión y remítase mediante oficio al Juez de Juicio No. 4 de este Circuito Judicial Penal.

este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en el Artículo 177, Parágrafo Segundo, Literal “d” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo previsto en los Artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, DEJANDO A SALVO DERECHOS A TERCEROS, aprueba la mencionada justificación y DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de la niña IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, antes identificada sobre las bienhechurias que se determinan en el presente Decreto, el cual para su registro debe acompañarse de autorización del propietario del terreno, sea público o privado, conforme al acuerdo dictado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrat.....

este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en el Artículo 177, Parágrafo Segundo, Literal “d” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo previsto en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, DEJANDO A SALVO DERECHOS A TERCEROS, aprueba la mencionada justificación y DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE; sobre las bienhechurías que se determinan en el presente Decreto, el cual para su registro debe acompañarse de autorización del propietario del terreno, sea público o privado, conforme al acuerdo dictado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa de fecha .....

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, y conforme a la competencia atribuida en el literal "a" del Parágrafo Primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo establecido en los artículos 315 y 375 eiusdem, homologa el acuerdo suscrito entre los ciudadanos JOSÉ RAFAEL MENDOZA OROZCO e IRMA PASTORA PEROZA VERA, ya identificados, teniéndose la presente como sentencia definitivamente firme entre las partes.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE la querella funcionarial de Cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano JUAN PÉREZ GUEDEZ contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PORTUGUESA, por haber operado la caducidad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional de las partes, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares.