Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el procedimiento y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de los trabajadores, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Asimismo, no se ordena el archivo del expediente hasta que conste en autos el cumplimiento total de la deuda.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la pretensión intentada, condenándose a la parte demandada al pago de los conceptos y montos reclamados por la demandante, los cuales son discriminados de la siguiente manera: Ciudadana DESIREE DEL VALLE LUNAR a) Antigüedad Art. 108 L.O.T. Bs. 200.583,33 b) Vacaciones y Bono Vacacional Fraccionadas Art. 225 L.O.T. Bs. 91.666,67 c) Utilidades Fraccionadas Art. 174 Bs. 62.500,00 d) Intereses Sobre Prestaciones Artículo 108 L.O.T. Bs. 1.090,60 e) Horas Extras Pendientes. Bs. 78.125,00 f) Salarios retenidos Bs. 900.000,00 g) Indemnización Artículo 125 L.O.T. Bs. 180.388,89 h) Preaviso Artículo 125 L.O.T. Bs. 270.583,33 lo que totaliza un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 82/100 CTS (Bs. 1.784.937,82) Se condena en costas a la parte dema.....

PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoara por ante este Tribunal la ciudadana MARIA DEL VALLE SILVA LEÓN SEGUNDO: Resuelto el contrato de arrendamiento suscrito por la ciudadana MARIA DEL VALLE SILVA LEÓN, como arrendataria, y, por la sociedad mercantil VISOR C.A..-

este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERA: CON LUGAR la acción de Divorcio interpuesta por el ciudadano ALCIDES RAFAEL VELASQUEZ MONTERO contra la ciudadana MAIRUBY DEL CARMEN ZAMORA, anteriormente identificada, de conformidad con la causal 2° del artículo 185 del Código Civil.- SEGUNDA: Se condena en costas a la parte demandada, por haber sido vencida en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-

NIEGA la solicitud de la defensa de que se le sustituya al adolescente IDENTIDAD OITIDA, plenamente identificado en autos, la medida de detención impuesta en fecha 25-09-2005 por una menos gravosa, y así se decide.

DECLARA SIN LUGAR la solicitud de la defensa de que se decrete el archivo de las actuaciones y el cese de las medidas cautelares impuestas a su representado, en virtud de que el Ministerio Público presentó la acusación dentro del lapso que le establece el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide.

Por los razonamientos anteriores, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Este Juzgado se declara incompetente para dictar en segunda instancia el fallo correspondiente en la causa judicial instaurada por el ciudadano JESÚS MANUEL GONZÁLEZ REYES y Otros contra el Instituto Autónomo FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. Segundo: Se ordena la remisión del expediente en su forma original distinguido con el N° 05562/02 (numeración propia de este Tribunal) al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con sede en la Ciudad de Barcelona, Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Tercero: Notifíquese a las partes la presente esta decisión de incompetencia por la materia. Publíquese, Regístrese, Diarícese y Déjese copia. Remítase el expediente al Tribunal mencionado .....

PRIMERO: Con lugar la solicitud de divorcio formulada por los ciudadanos YDALMYS SALAZAR FERNÁNDEZ y EDWARD JAIRO PRATO FIGUERA, ya identificados. SEGUNDO: DISUELTO, el vínculo matrimonial que los unía contraído por ellos por ante la Prefectura del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en fecha 27 de Septiembre de 1.997, según consta del acta anotada bajo el N°. 28, en un todo conforme con lo previsto en el artículo 185"A" del Código Civil. TERCERO: No se le atribuye lo estipulado en el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por cuanto se desprende que manifestaron no haber procreado hijos durante el tiempo que duró el vínculo matrimonial.

PRIMERO: Con lugar la solicitud de divorcio 185-"A" formulada por los ciudadanos OLIVIA ESPINOZA BAPTISTA y JESUS ALBERTO OLIVO MONTEVERDE, ya identificados. SEGUNDO: DISUELTO, el vinculo matrimonial que los unía contraído por ellos en fecha 07-02-94 por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Foráneo El Cafetal del Estado Miranda, el cual quedó asentada en el libro de registro civil de matrimonio bajo el N° 27, Tomo I, en un todo conforme con lo previsto en el artículo 185"A" del Código Civil. TERCERO: No se le atribuye lo estipulado en el artículo 192 del Código Civil por cuanto del libelo de la demanda se desprende que durante la unión matrimonial no adquirieron bienes. CUARTO: Por cuanto del escrito libelar no se evidencia el haber procreado hijos durante esa unión no se le atribuye lo estipulado en el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del adolescente.-

ESTE TRIBUNAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL, SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, ADMINISTRANDO JUSTICIA hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: En cuanto a la calificación del Procedimiento, este Tribunal vista la solicitud realizada por el Ministerio Público, acuerda decretar el presente PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en virtud de lo cual la representante del Ministerio Público deberá continuar con las investigaciones hasta tanto presente el acto conclusivo que corresponda conforme el articulo 551 al 561 de la Ley que rige la materia. SEGUNDO: En cuanto a la precalificación fiscal dada al delito de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD, previsto en el artículo 218 del Código Penal, este Tribunal comparte el criterio Fiscal, toda vez que efectivamente de las actas consignadas por la Fiscal del Ministerio Público. TERCERO: En cuanto a las Medidas Cautelares solicitadas por el Ministerio Público, observa éste Tribunal que se evidencia de las actas que no.....