Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.

Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.

Esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONFIRMA LA DECISIÓN CONSULTADA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 de este Circuito Judicial Penal actuando como Tribunal Constitucional de fecha 04 de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual declara inadmisible la acción de amparo constitucional (Habeas Corpus) interpuesto por los abogados accionantes por haber cesado el derecho constitucional que se denuncia violado, como lo es la libertad personal, todo de conformidad con el artículo 6 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales.