Exp: 06852
República Bolivariana de Venezuela
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio- Juez Unipersonal Nº 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos solicitud de DIVORCIO 185-A, incoada por los ciudadanos ANGEL ADELSO MONTIEL BOHORQUEZ y ZORENA GREGORIA PAZ URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° 12.619.784 y N°11.391.717, respectivamente, ambos domiciliados en este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistidos por el Abogado en ejercicio ALEJANDRO ANDRADE, inscrito en el inpreabogado bajo el No.46.437, alegando que de la unión matrimonial procrearon a la niña y/o adolescente AINEE SABINA MONTIEL PAZ.
A esta solicitud se le dio entrada el día 22 de Junio de 2005, se formó expediente y se numeró, asimismo, se admitió la referida demanda, se ordenó librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 08 de agosto de 2005 se dio por notificada la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, siendo agregada a las actas del presente expediente la referida Boleta en la misma fecha.
En fecha 12 de agosto de 2005, la Abogado MAGDA COLINA BORRERO, actuando en su condición de Fiscal Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, manifestó no hacer oposición a la presente solicitud de divorcio 185-A, de igual forma solicito al Tribunal que en la Sentencia que diera fin al proceso determinara quien ejercerá la guarda de la niña hija de esta pareja, así como la reglamentación de las visitas, y el monto de la obligación alimentaria.
En fecha 29 de septiembre de 2005, el Tribunal insto a las partes involucradas en la presente causa a aclarar lo referente a la pensión alimentaria de la niña de autos.
En fecha 26 de enero de 2006, mediante diligencia la ciudadana ZORENA PAZ, asistida por el abogado en ejercicio WILMER RAFAEL SABALLE, solicito al Tribunal fijar una conciliación entre las partes a fin de aclarar lo referente a la pensión alimentaria.
En fecha 27 de enero de 2006, el Tribunal ordeno la comparecencia ante la sala de actos de este Juzgado de los ciudadanos ZORENA PAZ y ANGEL MONTIEL, a fin de sostener una entrevista con el Juez, para aclarar lo referente a la pensión alimentaria de la niña de autos.
A tal efecto en la misma fecha se libraron boletas de notificación, dándose por notificado el ciudadano ANGEL MONTIEL en fecha 09 de febrero de 2006, y la ciudadana ZORENA PAZ en fecha 14 de febrero de 2006.
En fecha 16 de Febrero de 2006, el Tribunal levanto una cata donde dejo constancia que los ciudadanos antes mencionados no llegaron acuerdo alguno.
A partir del 16 de febrero de 2006, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de las parte solicitantes, ciudadanos ANGEL ADELSO MONTIEL BOHORQUEZ y ZORENA GREGORIA PAZ URDANETA, por lo que operó la perención de la instancia.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 16 de febrero de 2006; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
II
Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.
Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”
Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la demanda de DIVORCIO 185-A, incoada por los ciudadanos ANGEL ADELSO MONTIEL BOHORQUEZ y ZORENA GREGORIA PAZ URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° 12.619.784 y N°11.391.717, respectivamente, ambos domiciliados en este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, alegando que de la unión matrimonial procrearon a la niña y/o adolescente AINEE SABINA MONTIEL PAZ.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil nueve. 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
El Juez Titular Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria.
Mgs. Angélica María Barrios
En horas de despacho, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. ________. La Secretaria
HRPQ/463.-
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