REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCON

Maracaibo, martes catorce (14) de Mayo de 2013
203° y 154°

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo (2°) del artículo 243 de la norma adjetiva, aplicable ésta, por remisión expresa del artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pasa este tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:

PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil AGROPECUARIA “LAS PALMERAS, COMPAÑÍA ANONIMA” (AGROLAPA), domiciliada en San Francisco del Pino, Municipio Sucre del Estado Zulia, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha diecisiete (17) de febrero de 1.994, bajo el Nº 23, tomo 1-A, reformada en varias oportunidades, la ultima celebrada en fecha diecinueve (19) de marzo de 2010, e insertada por ante el registre mencionado el día veintitrés (23) de septiembre de 2010, bajo el Nº 16, tomo 86-A; debidamente representada por su Presidente ciudadano LUIS FELIPE AMESTY BOSCAN, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad Nº 1.061.153; domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADAS JUDICIALES: YTALO ANTONIO TORRES MORILLO, LESBIA MESA CARRIZO y MARINELLY NERI BRACHO, titulares de las cedulas de identidad Nros. 9.520.158, 4.553.710 y 7.964.337, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 46.308, 16.432 y 46.554, en su orden, todos domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

PARTE RECURRIDA: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado por su Presidente ciudadano JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, sociólogo, titular de la cedula de identidad Nº 7.138.349, domiciliado en el Área Metropolitana de Caracas-Distrito Capital.

APODERADO JUDICIAL: VIGGY INELLY MORENO ORTEGA y JORGE JOSE NARVAEZ MANEIRO, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, titulares de las cedulas de identidad Nros 11.281.283, 5.190.109 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 65.045 y 79.233, respectivamente; domiciliados la primera en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia y el segundo en la ciudad de Mérida Estado Mérida.

MOTIVO: RECURSO CONTENCIONSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS.

EXPEDIENTE: 000913. (SENTENCIA DEFINITIVA)

II
BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

De la revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente causa, se evidencia que el día once (11) de julio de 2011, el ciudadano LUIS FELIPE AMESTY BOSCAN, en su carácter de presidente de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA LAS PALMERAS (AGROLAPA), debidamente asistido por los abogados en ejercicio YTALO TORRES MORILLO y MARINELLY NERI BRACHO, acude ante este Juzgado Superior Agrario, con el objeto de interponer un RECURSO CONTENCIONSO DE NULIDAD CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS, contra el acto administrativo agrario dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 141-11, de fecha veintiocho (28) de abril de 2011, en deliberación sobre el punto de cuenta número 02, mediante la cual acordó “INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE TIERRA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE INTERÉS SOCIAL O UTILIDAD PÚBLICA Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO”, sobre un lote de terreno en el fundo “LAS PALMERAS”, ubicado en el sector San Francisco del Pino, parroquia Monseñor Arturo Celestino Álvarez, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una superficie de SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS CON TRES MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (656 ha con 3754 mts2) cuyos linderos son los siguientes Norte: Lago de Maracaibo; Sur: Carretera vía a San Francisco del Pino y terreno ocupados profundo El Cedro, Este: terrenos ocupados por fundo Puerto Estrella y fundo Monte Negro y Oeste: terrenos ocupados por el fundo EL Cedro y fundo Santa Rosa. Alegando lo siguiente en el escrito libelar:

…OMISSIS…el día 08 de octubre de 2010, el Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional Zona Sur del Lago de Maracaibo, procede a notificarme en mi condición de representante legal del lote denominado Las Palmeras y el Marullo…
Ahora bien, con esta notificación del cierre de Procedimiento Administrativo de Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas, mi representada y nuestro entorno familiar retorno a sus labores rutinarias dentro del fundo hasta que en fecha 12 de mayo de 2011, funcionarios Oficina Regional Zona Sur del Lago de Maracaibo del Instituto Nacional de Tierras se presentaron con la finalidad de aplicar la MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DEL LOTE DE TERRENO en el fundo ya identificado, indicándonos que el Directorio de ese organismo, en sesión 141-11 de fecha 28-04-11 en deliberación sobre el punto de cuenta Número 2, acordó INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCATE DE TIERRAS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE INTERES SOCIAL O UTILIDAD PÚBLICA y acordó MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE TIERRA y notifican el acto administrativo agrario ya identificado. Este acto señala que la superficie de tierras a rescatar en el Fundo Las Palmeras, es de CIENTO SETENTA Y DOS HECTAREAS CON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTAL Y SIETE METROS CUADRADOS (172 has con 1287 m2). No obstante, la Oficina Regional Sur del Lago señala que son CIENTO VEINTE HECTAREAS (120 HAS), sin ningún tipo de justificación…OMISSIS…

En relación a los vicios y violaciones contenidos en el acto administrativo objeto del presente recurso, el recurrente argumento:

…OMISSIS…De manera contraria a los postulados legales, doctrinales y jurisprudenciales, los procedimientos iniciados por el INTI, solo se reducen al mero tramite de requerir y consignar documentos, para satisfacer requisitos formales de esos procedimientos, pero que en modo alguno, el administrado goza de una certeza de obtener un pronunciamiento sobre sus derechos cuando son vulnerados como el caso de marras, el acto administrativo que por esta vía se impugna, viola flagrante y groseramente los artículos constitucionales, al desconocer intencionadamente, que el lote de terrenos inspeccionado el día 06 de septiembre de 2010 con ocasión al Procedimiento Administrativo de Declaratoria De Tierras Ociosas o Incultas…se corresponde con la adjudicación a titulo oneroso que el Instituto Agrario Nacional (IAN) en Directorio 06-88 de fecha 10/02/1988, documento que en principio fue reconocido por ante la Notaria Pública Duodécima de Caracas, en fecha 21 de marzo de 1988, anotado bajo el Nº 725, Tomo 7 de reconocimientos llevada por ante esa notaria y posteriormente debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Distrito Sucre (hoy municipio Sucre), Bobures, del estado Zulia, en fecha 25 de marzo de 1988, y que proviene de un desprendimiento validamente otorgado por la Nación, de un lote de mayor extensión propiedad del IAN según documento protocolizado en la oficina Subalterna de registro del Distrito Sucre del Estado Zulia, bajo el Nº 23, folios 38 al 40, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1974
Al esgrimir como alegato una violación al derecho al debido proceso sobre este particular, los pronunciamientos que se obtienen lamentablemente para el deterioro de ese principio de legalidad, es que efectivamente el ente público apertura el procedimiento con todas sus fases, pero que lamentablemente repito se considera una simple falla del mismo al no pronunciarse sobre el punto neurálgico que reviste la violación al derecho de propiedad.
Por otro lado, también el acto administrativo impugnado en esta vía jurisdiccional, viola flagrantemente el articulo 82 letra a de la Ley de Tierras y Desarrollo Social…
(…)
Como puede observar ciudadano Juez, el Instituto Nacional de Tierras no evidencia en los Procedimiento Administrativos de Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas ni en este de Rescate de Tierra por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento, un análisis documental de los títulos suficientes que me fueron requeridos y que atribuye el derecho de propiedad sobre el lote de tierras objeto del rescate, por cuanto se trata de una adjudicación a titulo oneroso que el Instituto Agrario Nacional (IAN) en Directorio 06-88 de fecha 10/02/1988 que deja claramente evidenciado el desprendimiento validamente otorgado por la Nación venezolana y demuestran perfectamente la secuencia y el encadenamiento de la titularidad del dominio y demás derechos desde la adjudicación validamente otorgada mediante ese directorio hasta la protocolización del documento que me otorga la propiedad sobre el fundo. Si hiciere el reconocimiento, entonces, el procedimiento de rescate no sería posible ni siquiera con la vía del decreto de emergencia.
Ahora bien, considero que aun cuando estos procedimientos previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Social sobre declaratoria de tierras ociosidad o inculta y el de rescate tienen como objetivo la productividad y que apertura fases para su discurrimiento, no es menos cierto que dejan de lado en la mayoría de ellos, el planteamiento central de la titularidad, de la cual he hecho suficiente referencia y que doy aquí por reproducidos íntegramente, tanto por ante el ente administrativo y ahora ante esta instancia judicial. Dejarla de lado en esta instancia jurisdiccional ciudadano Juez, implicaría vulneración mucho mas grave a mis derechos constitucionales y legales sobre todo el derecho de propiedad y a la doble instancia de las partes.
(…)
Argumentando lo anterior, solicito a este honorable tribunal, se pronuncie sobre el falso supuesto de hecho y derecho en el cual incurre el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras…por cuanto en violación a la disposición constitucional (115-116) y legal (82 letra a), ordena rescatar un lote de 172 ha con 1.287 m2, que forman parte de uno de mayor extensión de mi propiedad.
(…)
Por otro lado, pero guardando relación directa y estrecha con la violación flagrante a las disposiciones constitucionales y legales denunciadas por los vicios de falso supuesto de hecho y de derecho, el acto administrativo que hoy impugno, incurre en vicios de desviación del procedimiento, se sustenta en el decreto 7876 publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 39.567 del lunes 6 de diciembre de 2010, emanado del Presidente de la Republica, argumentando en el titulo II correspondiente del Derecho…
(…)
Ahora bien, se observa que el decreto en comento concede mandato expreso al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia para que tome las medidas espacialísimas por vía de excepción, entre las que se encuentra la ocupación de lotes de terrenos; no obstante el ciudadano JUAN CARLOS LOYO, Presidente (E) del Instituto Nacional de Tierras según decreto Nº 7.509 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, argumenta y sustenta de manera escrita en el acto administrativo ya identificado, que tal mandato le fue confiado al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Como se sabe, el Instituto Nacional de Tierras conforme a la Ley tiene amplias competencias para redistribuir las tierras y regularizar la posesión de las mismas, teniendo la facultad y la obligación para adoptar medidas pertinentes entre ellas; otorgar, renovar y revocar los certificados de finca productiva, finca mejorable o fincas ociosas; conocer, decidir y revocar la procedencia de la adjudicación provisional de las tierras, otorgar los títulos de adjudicación permanente; iniciar y decidir los procesos de rescate de la tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas irregularmente y ordenar la apertura del procedimiento de expropiación y solicitar la expropiación forzosa ante el respectivo tribunal.
Entonces, si dispone de esas amplias facultades conferidas, al punto que lo hace indispensable, vale decir, como parte necesaria, y como Ente Agrario tiene una variabilidad de competencias conferidas por la Ley, en el ejercicio de sus potestades en una situación de Supremacía y además de Discrecionalidad Administrativa, puede a plenitud instaurar un Procedimiento Administrativo a los fines de garantizar el cumplimiento de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Lo que representa que puede a su juicio darle curso al Procedimiento que estime mas pertinente o adecuado a la situación fáctica, ¿Por qué tiene que simular o adulterar el Decreto Presidencial Nº 7876 publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 39.567 de fecha 6 de diciembre de 2010, en los términos que lo hizo?
Este proceder del ente agrario a través del acto administrativo violenta el Principio de Legalidad al falsear la letra del Decreto Presidencial, eliminando a los ciudadanos dedicados a esta actividad agropecuaria el derecho a la seguridad jurídica y potenciando la arbitrariedad. El mismo NO ES CASUAL, es claramente intencional con el propósito de evadir lo que ordena el artículo 82 en su segundo aparte…
(…)
Como puede Usted apreciar ciudadano Juez, el señalamiento que ningún particular ha consignado títulos demostrativos del tracto documental y que se trata de terrenos baldíos, son completamente falsos, porque tales apreciaciones de hechos que el INTI dice haber constatado, los mismos en verdad no ocurrieron, y al no ser verificados su ocurrencia o no, yerra en su calificación y considera baldíos los lotes de terreno objeto de la controversia hoy planteada, lo que conlleva a la errada calificación y aplicación de la norma jurídica. Con estas situaciones en las cuales el ente agrario incurrió, la manifestación de voluntad del INTI no se ha configurado adecuadamente porque, ha partido de un falso supuesto de hecho y de un falso supuesto de derecho.
(…)
Al quedar evidenciado que he probado ante el ente agrario la condición jurídica de las tierras, este acto administrativo identificado con la letra B el cual impugno, se sustenta en falso supuesto de hecho y de derecho, e incurre además en EL VICIO DE NULIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 NUMERAL 4 DE LA LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, en dos vertientes: la primera, el ente agrario no efectuó los tramites procedimentales que para el caso de autos se requiere como lo es, el análisis de la documentación que desde 2007, 2010 y 2011 le han sido consignados, lo que evidencia la carencia total y absoluta de los tramites procedimentales legalmente establecidos por el Articulo 82 segundo aparte; la segunda: consecuencia de lo anterior, se aplico un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente, ello ocurrió porque el Instituto Nacional de Tierras al considerar el lote de tierras como baldías (falso supuesto/suposición falsa) y por una errónea calificación previa del procedimiento a seguir (falso supuesto de derecho), se desvió la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente (desviación de procedimiento).
Efectivamente ciudadano Juez, no me encuentro en el Fundo las Palmeras bajo la ocupación ilegal o ilícita ni mucho menos se trata de tierras baldías, elementos estos condicionantes conforme a la Ley de Tierras y Desarrollo Social (encabezamiento del articulo 82), para que procede el rescate; y si decidió el INTI iniciarlo sobre tierras de condición jurídica privadas, es porque debió haber efectuado un análisis documental de los referidos títulos, que debió arrojar algún dictamen, que estos no lograron demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de la titularidad del dominio y demás derechos alegados desde el desprendimiento validamente otorgado por la nación venezolana hasta el titulo debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien alegue la propiedad, situación que no sucedió en mi caso.
Como se desprende de los hechos acaecidos en los procedimientos iniciados por el ente agrario, esto no ha sucedido, lo que constituyen vicios de ilegalidad denunciados porque el ente agrario dice haber constatado unos hechos que en verdad no ocurrieron, o habiéndose verificado estos yerran en su calificación, o habiéndose constatado los hechos realmente ocurridos y calificándolos correctamente, se equivocan en la aplicación de la norma jurídica. Ante estas situaciones, la manifestación de voluntad del ente agrario plasmada en la decisión que hoy impugno, no se ha configurado adecuadamente porque ha partido de un falso supuesto de hecho y de un falso supuesto de derecho, que tienen relevancia y provocan una lesión grave a mi derecho de defensa y derecho de propiedad.
El acto administrativo del ente agrario, genera una serie de atropellos a la legalidad, evidenciados en primer término, el forjamiento de la letra del decreto presidencial 7876 que le da competencia expresa al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia y no al Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra, para que por vía de excepción tome medidas espacialísimas; en segundo término, el informe técnico sobre la productividad del fundo las Palmeras y por lo cual decidió cerrar el procedimiento de tierras ociosas e incultas, entonces se ampara en el decreto de emergencia de evitar infringir el articulo 84 de la Ley de Tierras y Desarrollo Social…
(…)
Como se puede colegir estamos en presencia del VICIO DE DESVIACION DE PROCEDIMIENTO, consagrado en el ARTICULO 19 NUMERAL 4 DE LA LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS, al obviar el procedimiento ordenado por el articulo 82 en su segundo aparte, el ente agrario por una errónea calificación previa del procedimiento a seguir, se desvió de la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente, como lo es el de efectuar el análisis de los documentos y emitir pronunciamiento, y salvaguardando mi derecho a la defensa y debido proceso en cuanto a la doble instancia: Parte in fine Articulo 82…OMISSIS…

Adicionalmente, la parte recurrente, solicitó a este Juzgado Superior Agrario, decretara de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO; exponiendo lo siguiente:

…OMISSIS…En consecuencia, la medida de aseguramiento dictada por el ente agrario en el procedimiento de rescate y materializada en acta del 12 de mayo de 2011, esta generando una serie de perturbaciones en serie a la función productiva del Fundo, como lo es el corte de las cercas de alambres por parte de los ciudadanos que dicen pertenecer a la Cooperativa Mi Futuro; ingreso constante de personas uniformadas sin portar autorización de ningún tipo por parte de ningún organismo de orden público, ingresos indebidos de personas extrañas a las que ahí laboran y ante el fundado temor de inseguridad que acobija la zona productora Sur del Lago por la cantidad de secuestros que se producen, sumado a ello la propia actitud del Estado venezolano cuando es señalado de abandonar los cultivos de las fincas expropiadas o en poder total o parcial del Ejecutivo Nacional. Situación que anexo marcado con la letra “L”, articulo del Nacional que reseña tan lamentable situación y por la cual no deseamos pasar, pero que dejaría daños irreparables a nuestra propiedad. SOLICITO de conformidad con el articulo 167 de la ley de Tierras y Desarrollo Social, SUSPENDA LOS EFECTOS del acto administrativo impugnado, especialmente lo atinente a la MEDIDA DE ASEGURAMIENTO que ADJUDICA a la Cooperativa Mi Futuro, RIF Nº J-29886311-0, quienes en la actualidad ocupan una vaquera de mi propiedad, tal y como se evidencia de las reseñas fotográficas signadas con los números 37 y 38, que dejara constancia el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en inspección judicial solicitada para tales efectos y practicada en fecha 17 de Junio de 2011, el cual anexo marcado con la letra “M”. La ejecución de esa medida ocasiona graves daños y perjuicio no solamente a mi derecho de propiedad que serán de difícil reparación en la definitiva, ya que el acto administrativo emitido por el ente agrario tantas veces identificado, NO RECONOCE LA EXISTENCIA DE LAS BIENHECHURIAS DE MI PROPIEDAD, sino que adicional a que el lote de terreno adjudicado y objeto de la medida ilegal de aseguramiento, LE OCASIONARA GRAVE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, PUES ESTOS LOTES SE ENCUENTRAN EN UNA ZONA AFECTANA POR PROBLEMAS PERMANENTES Y/O ESTACIONALES DE MAL DRENAJE E INUNDACIONES.
Así lo señaló el Ministerio del Ambiente en oficio Nº 0147 del 25 de enero de 2002 que EL FUNDO LAS PALMERAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESPECIALMENTE AFECTADA PARA EL PROYECTO DE OBRAS DEL CONTROL DE INUNDACIONES Y DRENAJE EN ZONA SUR DEL LAGO DE MARACAIBO (COTA 2msnm), según Decreto Nº 827 de fecha 30-10-80, la cual por sus funciones es equivalente a una zona protectora, por lo que se puede considerar como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), en concordancia con lo establecido en el articulo 15.numeral 2 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. La situación aquí señalada es desconocida por el Instituto Nacional de Tierras, así lo vemos plasmado en el acto administrativo impugnado por esta vía, presenta en el informe que sirvió para determinar la productividad del Fundo las Palmeras…
(…)
…informe que demuestra la productividad del fundo las Palmeras, existe reconocimiento expreso del área de reserva, y es precisamente de esta zona de la cual, el ente agrario mediante el irrito acto administrativo, pretende rescatar y que bajo la medida de aseguramiento, la cual es ilegal por tratarse de tierras de condición jurídica privadas, resalta lo siguiente: “se encuentran bajo régimen de inundación constante debido a que se encuentra al margen del Lago de Maracaibo, la cual para incorporar estas tierras al sistema de explotación agrícola se sugiere adoptar medidas de saneamiento, con canales, estaciones de bombeo, terraplén y muros de contención”.
Todo lo señalado por el INTI en el párrafo anterior, ya lo he desarrollado mediante la solicitud de permisos de canales por el Ministerio del Ambiente e incluso las solicitudes se han acompañado con fotografías tomadas en épocas lluviosa, correspondiente a la Zona que se considera como Área bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y que se encuentra afectada por problemas y/o estaciónales de mal drenaje e inundaciones, según fue notificado en correspondencia emitida por el Ministerio del Ambiente en fecha 25/01/2002, donde permitió la construcción de 2600 metros de canales con muro para poder desarrollar el área destinada para la unidad de producción.
(…)
De tal manera ciudadano Juez, de mantenerse los efectos del acto administrativo y la adjudicación que esta otorga, los daños que se ocasionan son irreparables al no poder intervenir en ese lote de terreno de nuestra propiedad para mantener las condiciones exigidas por el organismo competente como lo es el Ministerio del Ambiente. Por tanto, solicito acuerde la media cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, el cual viola mis derechos a la defensa (49) y a la propiedad (115) ambos constitucionales…OMISSIS…

El presente recurso de nulidad, fue acompañado con los siguientes documentos: copia simple del original del acta constitutiva marcada con la letra A, copia simple de la copia certificada del registro Nº 15, copia simple de la copia certificada del registro Nº 16, copia simple de la copia certificada de la notificación del INTI marcado con la letra B, copia simple del original de comunicación de AGOLAPA marcado con la letra C, copia simple del original del acta de comparecencia de fecha 14/09/2010 marcado con la letra D, copia simple de la notificación del INTI de fecha 08/10/2010 marcado con la letra E, copia simple del original del acta de campo marcado con la letra F, copia simple de comunicación dirigida a la ORT Sur del Lago marcado con la letra G, copia simple del acta de comparecencia de fecha 19/05/2011 macado con al letra H, copa simple del original del acto administrativo resolución Nº 297, sesión 06-08 de fecha 10/02/1988 marcado con la letra I, copia simple de la gaceta oficial Nº 39-567 marcado con la letra J, copia simple del registro marcado con la letra K, copia simple del original de la carta de inscripción en el registro de predios, original de la inspección judicial del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia del Estado Zulia marcado con la letra M, copia simple de nota informativa del Diario La Verdad marcado con la letra L, copia simple del original de comunicación de AGOLAPA de fecha 26/11/2010 marcado con la letra N, copia simple del anexo 1 marcado con la letra O, plano topográfico en original, un ejemplar del diario EL NACIONAL de fecha 11/07/20. Asimismo los siguientes documentos fueron presentados en original a efectos videndi: acta constitutiva, notificación del INTI, comunicación de AGROLAPA, acta de comparecencia de fecha 14/09/, notificación del INTI de fecha 08/10/2010, acta de campo, comunicación dirigida a la ORT Sur del Lago, acto administrativo resolución Nº 297, sesión 06-08 de fecha 10/02/1988, copia simple de la gaceta oficial Nº 39-567 marcado con la letra J, carta de inscripción en el registro de predios, comunicación de AGOLAPA de fecha 03/09/2010, comunicado del INTI Nº 3185. Las copias certificadas de los registros Nº 15 y 16. Copia Simple Anexo permisos de canales de enero de 2002.

En fecha catorce (14) de julio de 2011, este Superior Agrario dicto auto de admisión ordenando la correspondiente sustanciación del recurso de nulidad, conforme a lo establecido en los artículos 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, el articulo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el articulo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el articulo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, respectivamente; de igual manera actuando conforme a al criterio esgrimido por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 0131, de fecha quince (15) de febrero de 2011, expediente Nro. 09-1470, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, se ordeno la suspensión de la causa por noventa (90) días continuos una vez constara en las actas la notificación de la Procuraduría General de la Republica de conformidad con el articulo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica (dicho termino venció el día jueves 10 de noviembre de 2011, por nota de secretaria de fecha 15 de noviembre de 2011, inserta al folio 33 de la pieza principal Nro. 2). En cuanto a la. Medida Cautelar solicitada por la parte recurrente; este Juzgado Superior Agrario, dictamino fijar una audiencia oral para el quinto (5to) día de despacho siguiente a las notificaciones de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para decidir lo concerniente sobre la procedencia o no de la medida solicitada, ordenando la apertura del respectivo cuaderno de medida. Ordenando notificar por oficio a la Procuraduría General de la Republica y de la Fiscalia Vigésimo Segunda del Ministerio Publico del Estado Zulia; así como la citación de la parte recurrida, y un cartel de emplazamiento a aquellas personas que tuvieran algún tipo de interés sobre el lote de terreno objeto del acto administrativo recurrido (de conformidad con el articulo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). En virtud de lo anterior, se libro la notificación de la parte actora (constando en las actas la resulta), para que procediera a consignar las copias fotostáticas concernientes.

En fecha dieciocho (18) de julio de 2011, el ciudadano LUIS FELIPE AMESTY BOSCAN, en su carácter de presidente de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA LAS PALMERAS (AGROLAPA), confirió Poder Apud Acta a los abogados en ejercicio YTALO ANTONIO TORRES MORILLO, LESBIA MESA CARRIZO y MARINELLY NERI BRACHO.

En fecha veinte (20) de julio del año 2011, se libraron los oficios y citación ordenados en el auto de admisión, constando en los autos sus resultas respectivas.

Mediante escrito presentado en fecha dieciséis (16) de septiembre de 2011, la parte recurrente, se consignaron quince (15) fotografías correspondientes al fundo LAS PALMERAS. Por auto dictado en fecha diecinueve (19) de septiembre de 2011, se agregaron a las actas.

Por auto dictado en fecha quince (15) de noviembre de 2011, se ordeno librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados de conformidad con el articulo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de que acudieran ante el Tribunal al décimo (10mo) día de despacho siguiente a que constara en actas la publicación, con la finalidad de que ejercieran su defensa.

El día siete (07) de diciembre de 2011, el apoderado judicial de la parte recurrente, consigno el ejemplar del diario Panorama, donde aparecía publicado el cartel de emplazamiento; siendo agregado a las actas a través de auto de fecha ocho (08) del mismo mes y año.

Por auto dictado en fecha nueve (09) de diciembre de 2011, este Tribunal ordeno librar boleta de notificación a la abogada PAULA ANDREINA SANCHEZ PORTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.831.255 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.160, con el carácter de DEFENSORA PUBLICA AGRARIA Nº 1 DE LA EXTENSION DE LA UNIDAD DE DEFENSA PUBLICA SANTA BARBARA DEL ESTADO ZULIA; con el objeto de que ejerciera la representación judicial, de los terceros interesados en la presente causa, constando en las actas la resulta respectiva.

El día diecinueve (19) de enero de 2012, se dejó constancia que, en fecha dieciocho (18) de enero de 2012, venció el termino de distancia otorgado al ente publico agrario.

En fecha veintitrés (23) de enero de 2012, el abogado JORGE JOSE NARVAEZ MANEIRO, actuando como apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, presento escrito de oposición y contestación al presente recurso (inserto del folio 45 al folio 51, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 2). En fecha veinticuatro (24) de enero de 2012, se agregó a las actas.

En fecha veinticinco (25) de enero de 2012, se llevo a cabo la audiencia publica y oral de la medida solicitada (acta inserta a los folios 41 al 43, ambos inclusive, de la pieza de medida Nro. 1), contando con la presencia de las partes intervinientes en la presente causa. Por consiguiente, en fecha veintiséis (26) de enero de 2012, este Juzgado Superior dicto decisión relacionada con la Medida Cautelar solicitada (inserta del folio 44 al folio 58, ambos inclusive, de la pieza de medida Nro. 1); en la cual SIN LUGAR el pedimento de la Medida Cautelar de Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo dictado sobre el fundo denominado “LAS PALMERAS”.

En fecha seis (06) de febrero de 2012, la abogada PAULA ANDREINA SANCHEZ PORTILLO, con el carácter de DEFENSORA PUBLICA AGRARIA Nº 1 DE LA EXTENSION DE LA UNIDAD DE DEFENSA PUBLICA SANTA BARBARA DEL ESTADO ZULIA, en representación de los terceros beneficiarios de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en la presente causa (Asociación Cooperativa Mi Futuro R.L.), presento escrito de oposición (folios del 59 al 73, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 2); en fecha siete (07) de febrero de 2012, fue agregado a las actas.

La representación judicial de la parte actora, presento el día siete (07) de febrero de 2012, escrito de promoción de pruebas (inserto del folio 75 al folio 86, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 2); siendo acompañado con una serie de documentos como anexos.

En fecha ocho (08) de febrero de 2012, el apoderado judicial del ente publico agrario recurrido, presento escrito de promoción de pruebas (folio 189, de la pieza principal Nro. 2), acompañándolo con anexos.

En fecha nueve (09) de febrero de 2012, la Defensora Publica Agraria presento su respectivo escrito de pruebas (folio 225, de la pieza principal Nro. 2), consignando anexos.

En fecha trece (13) de febrero de 2012, este Tribunal dicto auto en el cual agregó a las actas los escritos de pruebas presentados por las partes intervinientes en la presente causa.

En fecha dieciséis (16) de febrero de 2012, este Tribunal dicto auto, en el cual actuando de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se pronuncio sobre las pruebas promovidas por las partes intervinientes en la presente causa (inserto a los folios del 231 al 242, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 2), en el cual inadmitió por falta de apostillamiento la inspección judicial promovida por la parte actora sobre el fundo Las Palmeras, asimismo admitió las documentales presentadas por dicha parte, así como la prueba de informes a la Fiscalia Vigésima Primera del Ministerio Publico del Estado Zulia y la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Caja Seca del Estado Zulia; en lo referente a la promoción realizada por la parte recurrida y la Defensa Publica Agraria, este Despacho admitió las documentales presentadas dejando a salvo su apreciación para el momento de dictar la definitiva.

En fecha veintiocho (28) de febrero de 2012, este Tribunal libro los oficios relacionados con las pruebas de informes ordenadas en el auto de admisión antes indicado.

En fecha doce (12) de marzo de 2012, se suspendió la fijación del acto de informes hasta tanto no contaran las resultas de las pruebas de informes ordenadas.

Mediante diligencia presentada en fecha seis (06) de junio de 2012, por la representación judicial de la parte actora solicito la ratificación de los oficios ordenados en las pruebas de informes, en virtud de no haber recibido hasta esa fecha la respuesta requerida. Por auto dictado en fecha siete (07) del mismo mes y año, este Tribunal proveyó conforme a lo solicitado ordenando librar nuevamente los respectivos oficios.

En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, la representación judicial de la parte recurrente, presento escrito (inserto a los folios 10 y 11, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 3), conjuntamente con anexo, en el cual solicito una medida preventiva, en virtud de la situación irregular presentada en el fundo LAS PALMERAS. En la misma fecha fue agregado a las actas. Y en fecha dos (02) de octubre de 2012, este Tribunal, por medio de auto (inserto del folio 32 al folio 38, ambos inclusive, de la pieza principal Nro.3), declaro Improcedente la solicitud de medida presentada.

A través de diligencia presentada el día treinta y uno (31) de octubre de 2012, los apoderados judiciales de la parte actora, solicitaron se oficiara nuevamente a los organismos, a los cuales se ordeno la prueba de informes.

Por auto dictado en fecha diecinueve (19) de noviembre de 2012, este Tribunal actuando de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que dotan al Juez de amplias facultades oficiosas, ordeno fijar una Inspección Judicial, para el primer (1er) día de despacho siguiente, sobre el fundo agropecuario LAS PALMERAS.

En fecha veintiuno (21) de noviembre de 2012, se llevo a cabo la Inspección Judicial sobre el fundo agropecuario LAS PALMERAS (acta inserta del folio 41 al folio 55, ambos inclusive, de la pieza principal Nro. 3), en la cual se decreto una MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALI