TSJ Regiones - Decisión

EXP. N° 50.159/MA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
RESUELVE:

Recibida de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Coordinación Civil de esta Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la anterior demanda que por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, fue presentada por el abogado en ejercicio AQUILES ALBERTO MORAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 194.118, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte actora, ciudadano NIXON ALBERTO TREJO RAMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-18.986.507, contra la ciudadana ADRIANA PAOLA RIOS BARRETO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-23.864.617, en tal sentido, este Juzgado le da entrada, forma expediente y numera.
Así pues, encontrándose este órgano jurisdiccional en la oportunidad procesal correspondiente para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente demanda, procede esta operadora de justicia a hacerlo en los siguientes términos:
De una revisión realizada al escrito libelar y sus anexos, observa quien suscribe que el apoderado judicial de la parte accionante alegó que su representado contrajo matrimonio con la ciudadana ADRIANA PAOLA RIOS BARRETO, plenamente identificada, en fecha 16-08-2018, y que posterior a ello, por mutuo acuerdo, los mismo decidieron disolver el vínculo matrimonial, según sentencia No. 217 de fecha 27 de febrero de 2023 emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Así las cosas, continuó refiriendo que una vez disuelto el vinculo conyugal de los prenombrados, cesó la sociedad de gananciales que les vinculaba, pero que sin embargo, para la fecha de la decisión ut-supra mencionada, no fue solicitada la Liquidación y Partición de la Comunidad Conyugal, por cuanto dicha disolución del vinculo matrimonial fue un acuerdo amistoso; razón por la cual alude que la parte actora se vio en la necesidad de acceder a este Órgano Justicia a fin de que se pronuncie con respecto a la pretensión de partición.
Ahora bien, dicha representación judicial también señaló que las partes durante su relación sentimental procrearon dos (2) hijos, quienes en la actualidad son menores de edad, tal y como –a su decir- se evidencia de las actas de nacimiento emitidas por el Registro Civil de la parroquia Santa Lucia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, signadas con los Nos. 323 y 324 respectivamente, motivo por el cual, este órgano jurisdiccional considera necesario realizar los siguientes planteamientos en relación a su competencia para conocer de la presente demanda:
En efecto, la competencia por la materia se caracteriza por ser de orden público, y por esto y según el contenido del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia al respecto se puede declarar aún de oficio y en cualquier estado e instancia del proceso. En sentencia Nº 292 de fecha 10 de agosto de 2000 proferida por la Sala de Casación Civil, en expediente Nº 99-892, se sentó jurisprudencia pacífica y constante al respecto expresándose:

“(…) ya que la incompetencia por la materia resulta inderogable, por tratarse de normas de orden público eminente y por lo tanto, el pronunciamiento de la jurisdicción ha de ser de declinatoria de la competencia por carecer de potestad de juzgamiento, por resultar incompetente para decidir los asuntos donde se encuentre controvertido el derecho material laboral y por consiguiente para pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto.”
(...Omissis...)

Así se tiene que, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil preceptúa: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.” A tenor del contenido de esta norma, la competencia por la materia se determinará por la naturaleza de la cuestión discutida y por las disposiciones legales que la regulan, y para hacer dicha determinación en cada caso concreto habrá que acudirse al análisis del asunto controvertido y así concretizar tal naturaleza y, por consiguiente la competencia asignada.
En tal sentido, como se mencionó anteriormente, se observa que en el caso sub examine el ciudadano NIXON ALBERTO TREJO RAMOS, demanda a la ciudadana ADRIANA PAOLA RIOS BARRETO por liquidación y partición de la comunidad conyugal; sin embargo, la representación judicial de la parte accionante alude que durante el vinculo de los prenombrados, los mismos procrearon dos (2) hijos actualmente menores de edad, lo cual impone la aplicación del fuero especial en protección de los menores de edad involucrados.
Por tanto, en sintonía con el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, la disposición legal que regula la competencia por la materia frente a una demanda que se proponga para el caso particular de liquidación y partición de la comunidad conyugal, cuando hayan hijos niños o adolescentes, se encuentra prevista en el texto normativo especial, señalando la competencia sobre el asunto para un tribunal especial de acuerdo a la naturaleza jurídica de la causa. En efecto el artículo 177, parágrafo primero, literal “l” de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, dispone que:
“El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:
Parágrafo Primero: Asuntos de familia de naturaleza contenciosa:
(...Omissis...)
l.- Liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes.”
(...Omissis...) (Subrayado, negrilla y cursiva de este Tribunal)

Así pues de acuerdo con la citada normativa, la pretensión expuesta en el libelo de demanda se trata de una situación que se subsume dentro de la esfera de la competencia objetiva atribuida a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por mandato del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente; en derivación de lo cual esta Juzgadora concluye que no le corresponde a este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el conocimiento de la presente demanda de Liquidación y Partición de la Comunidad Conyugal, siendo por consiguiente competente para conocer de la misma en razón de la materia, los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en la precitada norma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. ASÍ SE ESTABLECE.
Por tal motivo, vistas las anteriores apreciaciones y por disposición de las previsiones normativas referenciadas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, se declara INCOMPETENTE en razón de la materia para el conocimiento de la presente demanda de Liquidación y Partición de la Comunidad Conyugal, debiendo declinar la competencia por ante los Tribunales de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: INCOMPETENTE en razón de la materia este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para conocer de la presente demanda de LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, incoada por el ciudadano NIXON ALBERTO TREJO RAMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.986.507, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, contra la ciudadana ADRIANA PAOLA RIOS BARRETO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-23.864.617,;
SEGUNDO: SE DECLINA LA COMPETENCIA a los TRIBUNALES DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para que conozcan la presente demanda y procedan a pronunciarse sobre su admisibilidad, por lo cual SE ORDENA la remisión del presente expediente a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de los referidos órganos jurisdiccionales, por ser éstos los competentes por razón de la materia para el conocimiento del mismo, una vez discurra el lapso contemplado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
No hay pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia certificada de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025. Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
LA JUEZA

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
EL SECRETARIO

Abg. HUMBERTO PEREIRA GONZÁLEZ

En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó el fallo que antecede, bajo el No.147-2025, en el expediente signado con el No. 50.159 de la nomenclatura interna de este Tribunal.
EL SECRETARIO

Abg. HUMBERTO PEREIRA GONZÁLEZ